Eon y RWE sufrirán los efectos del cierre de centrales
El Gobierno alemán ha ratificado el parón atómico en el aniversario de Fukushima Los grandes grupos germanos han decidido separar su negocio convencional del renovable
En términos generales, casi todas las utilities europeas sufrieron el año pasado los efectos de una fuerte caída de los precios eléctricos. Estos se situaron, en el caso de Alemania, en 20 euros MWh frente a los 60 euros MWh en que venían cotizando hasta entonces. Las españolas se salvaron gracias al récord de producción hidráulica registrado en 2015, pero en lo que va de año, el mercado se encamina hacia la depreciación del resto de Europa. Eso sí, los analistas advierten que será en 2016 cuando se advierta de verdad la crisis, ya que en el corto plazo aún regirán los precios de los contratos bilaterales de venta de electricidad firmados por las compañías hasta el próximo año.
Además de esta crisis puramente de mercado, a la que está contribuyendo la desaceleración económica en el Viejo Continente, cada compañía arrastra las consecuencias de los cambios regulatorios aprobados por sus respectivos Gobiernos. En el caso de España, las empresas tradicionales integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo) han digerido sin grandes problemas los recortes de una reforma eléctrica (benévola para ellas) del Gobierno ahora en funciones, y que fue especialmente cruenta para las pequeñas compañías de renovables.
En otros países como Reino Unido, las comercializadoras eléctricas están también a la espera de nuevas normas del regulador para introducir mayor competencia en los mercados eléctrico y del gas.
Mucho más grave resulta la situación de las grandes energéticas alemanas, como Eon o RWE, que se enfrentan desde hace varios años al decreto del Gobierno de Angela Merkel de clausurar todo el parque nuclear germano en 2022, además de su apuesta decidida por las energías verdes.
Francia también ha aprobado una ley de transición energética que pretende reducir la dependencia de la energía nuclear (75% de la electricidad consumida) y sustituirla por renvoables (con el objetivo de que en 2030 supongan el 38% de producción).
Justo, la política contraria del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha puesto todos los medios (sin lograrlo aún) para reabrir la central de Garoña y para ampliar la vida de las nucleares españolas a 60 años. Por el contrario, ha castigado a las renovables con un recorte de sus ingresos, tras atribuirles el grueso del déficit de la tarifa, cuya deuda se sitúa en algo más de 25.000 millones. Igual de errática resulta la política energética de Bélgica, que ha pasado de preparar la desnuclearización a prolongar la vida de los reactores (lo que ha provocado el malestar de los alemanes) e, incluso, a anunciar su custodia militar a partir de este año en previsión de atentados.
En Alemania, en cambio, el adiós a la nuclear no parece tener vuelta atrás. El viernes, coincidiendo con el quinto aniversario de la catástrofe nuclear de Fukushima, el Bundestag ratificó su decisión de abandonar esta tecnología, que aprobó precisamente tras la tragedia de Japón. Esta vez, “con el consenso de partidos y sociedad”, según indicó en un comunicado el vicecanciller y ministro de Economía y Energía, Sigmar Gabriel.
Alemania ratifica la clausura de sus 17 reactores atómicos aprobada hace cinco años, tras el desastre de Fukushima
El cierre progresivo de las centrales nucleares alemanas fue aprobado en 2011 por la canciller, Angela Merkel, tras haber revocado al llegar al poder el compromiso de cierre adquirido una década antes por su antecesor, el socialdemócrata Gerhard Schroeder.
Las grandes eléctricas alemanas, que tras este primer intento de cierre mantuvieron por algún tiempo la esperanza de que otro Gobierno rectificase, la perdieron por completo y se dispusieron a adaptarse, forzadas también por el abandono de los inversores que las habían considerado hasta entonces valores refugio.
Bajo la premisa de que “la energía nuclear no se puede controlar al cien por cien”, tal como declaró el jueves Gabriel, el Gobierno germano aprobó hace cinco años el cierre paulatino de los 17 reactores con los que contaba el país en aquel momento, de los cuales, ya solo funcionan ocho. El apoyo a las renovables se ha traducido en que casi uno de cada tres kilovatios consumidos procede de fuentes renovables. En España se ha llegado a alcanzar hasta el 60% de la producción con energía verde (eólica).
Los resultados de las utilities alemanas en 2015, especialmente de Eon, son elocuentes: el grupo, que el año pasado vendió su filial española (Viesgo), sufrió unas pérdidas de casi 7.000 millones de euros 121% más que en 2014. La compañía atribuye estos números rojos fundamentalmente a las depreciaciones contables de sus centrales convencionales por un valor de 8.800 millones, “y a la transformación estructural de largo alcance que experimenta nuestra industria”, aseguró la semana pasada el consejero delegado, Johannes Teyssen. Este recalcó que, más allá de las citadas devaluaciones, el grupo obtuvo el año pasado un beneficio subyacente de 1.648 millones, en línea con el obtenido en 2014.
Eon ha decidido convertirse en una eléctrica renovable, al escindir en filiales secundarias el negocio de generación (PreussenElektra, en el caso de las nucleares y Uniper, en el del resto de convencionales). Una división estructural entre renovables y convencional por la que también ha apostado su compatriota RWE. Esta compañía, que el año pasado registró también números rojos (unos 170 millones) anunció hace tres años un ajuste de plantilla de 6.750 trabajadores hasta 2016, que representa un 10% del total. Ambas están pendientes del regulador alemán del sector, que en abril decidirá qué parte del desmantelamiento de las centrales asumirá el Estado y cuál, las empresas.
La crisis también ha pasado factura en Bolsa a las grandes energéticas europeas (de las que se libran, de momento, las españolas y la italiana Enel), que han decidido ajustar o eliminar sus dividendos. EDF lo ha recortado un 12%, hasta 1,10 euros brutos por acción y los accionistas de Eon y RWE se han visto también penalizados:los de la primera con un recorte del 17%, hasta 50 céntimos brutos por título y la segunda directamente ha cancelado el pago. En el caso de Engie, antigua GDF Suez, el recorte de la retribución es del 30%.