La banca arrincona a Benjumea en Abengoa, y José Domínguez deja la presidencia
Las entidades rompen el contrato de asesoramiento de Benjumea y le apartan de la toma de decisiones
Las batallas en Abengoa se han saldado con dos nuevos derrotados. José Domínguez Abascal, nombrado presidente tras la solicitud de concurso del pasado 25 de noviembre, deja la presidencia de la compañía, aunque se mantiene como consejero externo sin cargos. El expresidente, Felipe Benjumea, que fue obligado por Santander y los otros bancos del G7 (Bankia, CaixaBank, Popular, Sabadell, HSBC y Crédit Agricole) a salir el pasado septiembre, será apartado de la estructura de decisiones por completo. Su contrato de asesoramiento ha sido revocado.
En Bolsa, Abengoa celebra los cambios con fuertes subidas. Las acciones B, con un derecho de voto, suben cerca de un 10%, mientras que las A, con 100 derechos políticos cada una, se anotan alrededor de un 14%.
El nuevo presidente de Abengoa será Antonio Fornieles, hasta ahora vicepresidente del grupo. Fornieles ha desarrollado su carrera en KPMG –actual asesor de los bancos en el proceso de reestructuración del grupo de ingeniería– desde 1994. Después, fue nombrado responsable de Auditoría de la firma en España y también a nivel mundial. El presidente de Abengoa entró en la compañía en enero de 2015. Joaquín Fernández de Piérola Marín, hasta ahora director general, será el consejero delegado de Abengoa.
Los acreedores, incluidos tanto bancos como bonistas, exigían la marcha de Felipe Benjumea, presidente de la compañía desde 1991 y que, pese a su dimisión en septiembre, mantenía el control de Abengoa en la sombra. Es más, pese a todos los problemas del grupo, este le mantenía como asesor externo y en la práctica controlaba todas las decisiones.
Fuentes financieras afirman que la destitución del hasta ayer presidente José Domínguez Abascal, quien ha templado los ánimos en los últimos tres meses, ha sido forzada por Felipe Benjumea, pero los bancos y los otros acreedores han exigido al mismo tiempo la desviculación de este último de la toma de decisiones.
Fuentes próximas a las negociaciones explican que Inversión Corporativa, sociedad controlada por los Benjumea y otras familias andaluzas con el 51% de los derechos de voto, aunque menos del 19% del capital, es un fuerte obstáculo para lograr un acuerdo entre los acreedores que evite el concurso. La fecha límite es el 28 de marzo.
El expresidente Benjumea, acusado de administración desleal por la Audiencia Nacional, exigía mantener un 12,5% del capital de la nueva Abengoa tras la metamorfosis de un 70% de su deuda (alrededor de 6.000 millones de euros) en acciones, y recuperar hasta el 30% en caso de que la empresa cumpliera su plan de viabilidad, que contempla un flujo de caja libre de unos 700 millones de euros anuales en 2020.
Mientras, los acreedores exigen que los actuales accionistas, especialmente Inversión Corporativa, queden con una participación simbólica tras la reestrucuración de Abengoa.
Un problema clave para avanzar en las negociaciones estaba en que la compañía seguía bajo el control del expresidente Felipe Benjumea. Además de las exigencias en cuanto a mantener ese porcentaje en la futura Abengoa, inasumibles por los acreedores, en la práctica era él quien llevaba el día a día de la empresa y el que tomaba las decisiones. Con su salida, el acuerdo para reestructurar la compañía está más cerca.
Los bonistas unidos en torno a Houlihan Lokey están dispuestos a inyectar la mayor parte de la liquidez que el grupo necesita para poner en marcha el plan de viabilidad de aquí a los próximos dos años. Las gestoras, capitaneadas por Lokey, acumulan deuda cotizada por un nominal superior a los 1.500 millones de euros, y entre ellas están BlackRock, AIG, Invesco, D.E. Shaw, Varde, Centerbridge y Elliott.
Los bonistas han ofrecido una cifra en el entorno de los 1.000 millones de euros, cuando el plan requiere 826 millones este año y 304 el próximo. Fuentes cercanas a la negociación señalan que lo previsible es que en el importe que los bonistas pongan encima de la mesa sea de unos 1.000 millones, que incluirían los 165 millones de emergencia para llegar al 28 de marzo. Por esta última cantidad, los bonistas habían solicitado un interés del 15% anual más un 10% al vencimiento, de 12 meses.
Eso sí, los deueños de la deuda cotizada exigen a cambio el 70% del capital de la compañía reestructurada y que los bancos del G7 pongan avales de unos 800 millones de euros y les cedan la mayor parte de las garantías en Atlantica Yield. La entidades del G7 tienen pignorados a su favor el 25,5% del capital de la filial.
