El parón político frena el avance de la economía colaborativa

Una persona consulta el servicio para compartir coche de BlaBlaCar en su teléfono móvil. Efe

La asociación Sharing España, que integra a más de 30 compañías vinculadas a la economía colaborativa dentro de la patronal de las empresas digitales Adigital, reclama más celeridad en el ámbito regulatorio, institucional y de políticas públicas para que no se frene en España el impulso de las empresas que basan su negocio en compartir bienes y servicios, y que permiten, dicen, crecer y generar empleo. Pero alertan de que la situación política que se vive en Cataluña y en España tras las últimas elecciones autonómicas y generales está frenando su avance.

“En Cataluña, por ejemplo, estaba previsto crear un grupo público-privado de diálogo sobre modelos colaborativos (p2p), así como avanzar en la revisión de la normativa de dos verticales, el del transporte y del alojamiento [donde empresas como Cabify o Airbnb, han provocado fuertes críticas del sector del taxi y de la industria hotelera]. Ahora habrá que ver si el nuevo Gobierno de Puigdemont retoma el trabajo ya hecho en este ámbito y si tiene en consideración las conclusiones de estudio de la economía colaborativa que lideró ERC en el Parlament en 2015”, dice a CincoDías Miguel Ferrer, de Sharing España.

El PSOE quería promover una comisión en el Congreso sobre el tema, pero, de momento, está parado, según Sharing España

Desde Adigital también recuerdan que, tras las elecciones generales, ha quedado paralizado el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre para el alquiler de vehículos con conductor (licencia VTC) que desarrolla la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT). Y sobre la mesa queda igualmente por conocer los resultados de la consulta que lanzó la CNMC sobre la economía colaborativa en el ámbito del turismo y el transporte, los que han desatado mayor polémica. “En principio se espera que ocurra este mes de enero, pero tememos que la situación política lleve a retrasos”, continúa Ferrer.

Adigital y Sharing España aseguran que continúan trabajando para que no exista disparidad y restricciones arbitrarias en la normativa que en materia de alojamientos y viviendas turísticas tienen previsto aprobar este año comunidades autónomas como País Vasco o Andalucía. “El objetivo es que esta legislación, que ya está vigente en Madrid, Cataluña o Baleares, no suponga una ruptura de la unidad de mercado que obligaría a las empresas de economía colaborativa a enfrentarse a 17 regulaciones distintas”, señalan.

Las dos asociaciones admiten que en 2015 ha habido logros por destacar, como la consulta pública que lanzó la Comisión Europea sobre plataformas online, con un capítulo específico dedicado a la economía colaborativa. “Mediante esta consulta, la CE ha recabado la opinión de diferentes agentes interesados con el objetivo de adoptar medidas legislativas y de otro tipo este año”, relatan. El plazo para responder venció el pasado 30 de diciembre y entre los puntos que se abordan más destacados están los beneficios de la economía colaborativa y los obstáculos que pueden frenar su desarrollo, el rol de las plataformas, las relaciones entre los proveedores de bienes y servicios y las propias plataformas colaborativas (por ejemplo, aspectos relacionados con la laboralidad), protección a los consumidores y el tratamiento de datos que realizan las plataformas.

Queda por conocer los resultados de la consulta que lanzó la CNMC sobre la economía colaborativa

Pese a ello, Sharing España y Adigital (que han reclamado en la consulta que no se caiga en un exceso de regulación que frene la innovación) advierten que queda pendiente lo más importante y es que Europa presente para 2016 un plan de acción y una agenda para la economía colaborativa.

Figura del autónomo

“Desde otros ámbitos también seguimos trabajando en cuestiones de vital importancia como es el encaje de la figura del autónomo en aquellas plataformas de economía colaborativa de microtareas. Es uno de los aspectos cruciales que se están analizando en el foro de expertos en el que participa Sharing España y que está integrado por OCU, UPTA, CESE, Asgeco, Ouishare, inversores y académicos”.

El Comité de las Regiones también aprobó este diciembre el dictamen La dimensión regional y local de la economía colaborativa, donde pide a la Comisión Europea (que también trabaja como el Parlamento europeo en el tema) que analice y defina los diferentes tipos de sharing economy y reclama una regulación sectorial para lograr seguridad jurídica y justa competencia para los operadores, sobre todo en relación con la fiscalidad.

En España no hay datos sobre cuánto mueve la economía colaborativa, pero sí hay muestras de su pujanza. “Por ejemplo, las startups españolas han captado en 2015 algo más de 550 millones de euros y un 35% de ellas están basadas en modelos P2P".