Los partidos políticos prometen dar más apoyo a los emprendedores
PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos coinciden en que las ‘startups’ son un motor de crecimiento económico, aunque difieren en las vías de su desarrollo.
La semana pasada, la Asociación Española de Startups celebró un debate electoral centrado en el emprendimiento. Una cita que reunió a miembros de los cuatro partidos políticos principales, PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, con el objetivo de conocer sus propuestas, pero para que escucharan también de los propios emprendedores los problemas a los que se enfrentan diariamente.
Todos los partidos coincidieron en que el impulso de startups es una pieza esencial en el tejido productivo español, un motor de crecimiento. De ahí que PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos ofrezcan en sus programas un mayor apoyo a este colectivo. Prometen mejorar, en concreto, el acceso a la financiación, la legislación y eliminar las trabas burocráticas. Aunque difieren en las vías de su desarrollo.
Alfonso García Vicente, representante del PP, consideró prioritario estimular en los próximos cuatros años las carreras técnicas ante la caída de la demanda de este tipo de formación. Además, promover el mercado interior para que sea más “abierto, justo y garantice la igualdad de oportunidades en materia fiscal”. Una medida que considera clave para el crecimiento y la internacionalización.
García Vicente recordó los avances en esta legislatura respecto de la normativa de Administración electrónica, los sistemas de autentificación, “más transparentes y sencillos”, y la ley de segunda oportunidad, que “salvaguarda el patrimonio del emprendedor”. Aunque opinó que es mejorable, como en el caso del certificado digital.
Propuestas
PP cree que una tarifa variable para los autónomos puede crear fraudes.
Podemos opina que el problema es el excesivo poder de las grandes empresas.
PSOE propone escuchar, primero, y crear, después, las leyes que necesita el sector.
Ciudadanos es partidario de un cambio de modelo productivo basado en el capital humano y la reforma institucional.
Su partido seguirá favoreciendo la incorporación del capital humano en las empresas y la política de incentivos a la contratación –como la anunciada hace una semana por el candidato y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de ampliar de dos a cuatro años las exenciones a la contratación indefinida- y la internacionalización.
Manuel de la Rocha, representante del PSOE, planteó el diálogo como primero medida. “Hablemos con los emprendedores para saber qué necesitan y no hagamos más leyes sin conocer sus intereses”, expresó.
Para de la Rocha, la regulación existente es excesiva y está muy lejos de las aspiraciones de los emprendedores. “La cultura emprendedora es relativamente nueva y se nota en la forma en que estamos haciendo nuestras leyes, que dan la sensación de que son parches tras parches sobre lo que ya hay”.
Esto se refleja, según dijo, en la ley de apoyo a los emprendedores del PP. “Aunque es una norma llena de buenas intenciones, tiene 300 páginas, se hizo sin consultarlos y no resuelve el problema del IVA de caja y del endeudamiento”.
De la Rocha opinó también que en España hay poca cultura emprendedora. “Nosotros nos tomamos tan en serio esto de los emprendedores que fuimos con Pedro (Sánchez) a Estados Unidos y nos reunimos con los asesores de la Casa Blanca y le preguntamos: ¿cómo replicamos Silicon Valley? Y nos dijeron: imposible, olvidaros; es una cultura de hace mucho tiempo. ¿Y qué podemos hacer? Hablar con los emprendedores y entenderlos – respondieron-”.
Así que el PSOE apuesta por una “estrategia integral” ajustada a la naturaleza de las startups. “Hay que entender que son empresas diferentes, que no tienen capital ni activos físicos reales y que no tendrá dinero hasta el cuarto o quinto año” sostuvo.
Cambio del modelo
Mientras que Antonio Roldán, de Ciudadanos, abogó por un cambio de modelo productivo basado en el capital humano y la reforma institucional. Pero que incluya a todos los sectores productivos y que no favorezca a dedo a una industria, como ha hecho el PSOE en el caso de las renovables; o que se conforme con el sistema actual, como lo ha hecho el PP, advirtió Roldán.
Ciudadanos consideró necesario la creación de una plataforma de formación online para los emprendedores sobre temas legales, tributarios, etc., y de una red de transferencias tecnológicas para conectar la universidad con la empresa. Por eso, su apuesta se enfoca en una “reforma profunda del sistema educativo”.
A diferencia del PP y Ciudadanos, Juan Mateu, de Podemos, no cree que haya un problema de formación ni de falta de titulados técnicos, sino de mentalidad y de desventaja de la pequeña empresa frente a la grande.
“Las startups son la vía para el empoderamiento de la gente. Para que sean independientes y puedan crear empleo para sí mismos y para los demás, con unas condiciones laborales más justas. La patria es la gente”, manifestó.
Según Mateu, existe una barrera de continuidad y no de entrada en el emprendimiento, por la dependencia de las pymes a las condiciones de las grandes y su menor acceso a los fondos públicos de I+D y créditos blandos.
“Quiero ser más polémico. El problema de España es que muchas veces las grandes empresas se comportan como antisistema. Es un tema empresarial. En España se saldrá de la crisis si todos trabajamos juntos. Más como una economía del 99% que del 1%”, mantuvo. La puesta de Podemos se centra en las pymes tecnológicas.
Flexibilidad regulatoria y fiscal
Complicaciones en el proceso de creación de la empresa, desconocimiento del sector, normativa compleja, requisitos legales excesivos y alta fiscalidad fueron las quejas más repetidas. Los emprendedores de Cabify, Fintonic, Chefly y Familia Fácil, presentes en el encuentro, tuvieron la oportunidad de contar sus experiencias y exponer sus peticiones a los representantes políticos presentes.
Juan Ignacio García, de Cabify, una empresa de soluciones de movilidad, pidió una mayor simplificación de la normativa, por el exceso de regulación del sector transporte y sus variaciones en cada autonomía. Además, acelerar el trámite para crear una empresa y reducir la presión fiscal de los autónomos.
Mientras que Guadalupe Iturriaga, de Fintonic, una plataforma de servicios financieros, solicitó que se tome en cuenta a la comunidad a la hora de regular al sector, donde la mayoría de las normativas de los nuevos modelos de negocio están en proceso de confección.
Los emprendedores piden una cuota de autónomos variable, en función de sus ingresos
También fomentar la coinversión con el Gobierno, grandes empresas y promocionar los casos de éxito para atraer capital; mayor acceso a concursos públicos y que se corrijan los retrasos en la devolución del IVA o las exigencias de antigüedad en los contratos con la Administraciones pública.
Paola García, de Chefly, un mercado de comida casera, demandó que la cuota de autónomos se pague en función de sus ingresos en vez de la tarifa fija actual, que se incrementa cuando tienen que pagar 60 euros adicionales a un gestor por las complicaciones de la regulación.
Además, señaló el desconocimiento del sector por parte de los funcionarios y la salida de técnicos fuera de España por la falta de oportunidades, contraria a la opinión del PP y de Ciudadanos que apuntaban a la baja formación.
Finalmente, Familia Fácil, un buscador de servicios domésticos, abogó por eliminar las políticas que favorecen a unas comunidades sobre otras y una menor fiscalidad. “Que no me cueste lo mismo que a Repsol”, reivindicó. Y pidió al Gobierno que reconozca el esfuerzo que están haciendo las familias frente a las deficiencias en la conciliación de la vida familiar, profesional y dependencia.
Pero más que una contienda entre líderes políticos, la cita propició un debate entre políticos y emprendedores. En concreto, un cara a cara con el representante del PP, Alfonso García, que rechazó una cuota variable para los autónomos, porque puede generar fraudes en el sistema.
Su posición elevó el tono del encuentro tras las réplicas de los emprendedores con ejemplos concretos y explicaciones alusivas a su naturaleza. “Es muy difícil cumplir mes tras mes con las obligaciones fiscales cuando muchas veces los ingresos no superan los 400 euros. Necesitamos otra regulación, porque es una actividad diferente”, argumentó Paola García, de Chefly.
En cambio, el PSOE y Ciudadanos coincidieron en que es posible modificar la normativa, mientras que Podemos planteó fijar el impuesto a partir del salario mínimo interprofesional (757 euros al mes).
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