Tribuna

El taburete, un modelo de éxito de gestión

Un taburete, de los de toda la vida, tiene tres patas, solo con dos no se mantiene. Es necesario que se cree un área de sustentación y, para ello, se precisan tres puntos de apoyo como mínimo.

Nuestro sistema político, democracias de corte occidental, es un sistema con tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Se cree en la división de poderes: unos determinan las reglas del juego, poder legislativo; otros los aplican, poder ejecutivo, y un tercero dictamina si se han aplicado correctamente o no, poder judicial. Cuanto más independientes sean los tres entre sí y menos relaciones oscuras haya entre ellos, mejor funciona el sistema. En opinión de Winston Churchill, es el sistema político menos malo de los desarrollados hasta la fecha.

Un edificio también se construye con tres jugadores: el propietario-promotor, el arquitecto y la constructora. Tradicionalmente, el propietario-promotor contrata por una parte a un arquitecto y por la otra a una constructora (contratista). El arquitecto, aportando sus conocimientos técnicos, plasma los requisitos y las necesidades de su cliente en un proyecto y, posteriormente, controla que la obra se ejecute en plazo previsto y acorde con el proyecto redactado, asume la dirección de obra. La constructora levanta el edificio. Entre el arquitecto y la constructora no debe haber ningún tipo de relación salvo el interés común en dar un buen servicio al cliente (propietario promotor) y en ejecutar correctamente el proyecto sin desviaciones en el presupuesto y sin retrasos en el calendario. De igual forma, cuando se ejecuta cualquier otro tipo de proyecto, debe haber tres actores, cada uno de ellos con su rol bien determinado: el promotor-propietario, el equipo de expertos independientes (ingenieros y consultores) y el instalador-integrador de sistemas.

Flujo económico y equilibrio de poderes. El flujo económico entre las tres partes es muy importante. El propietario promotor paga por un lado los honorarios de los profesionales independientes (arquitectos, ingenieros y consultores) y por otro, a los contratistas (constructores, instaladores, integradores). Entre estos dos últimos no debería haber flujo económico para evitar conflictos de intereses. Los profesionales nunca deberían estar en nómina de los contratistas y durante muchos años así ha sido.

Con los llamados proyectos llave en mano, esta buena práctica se pierde; en este tipo de proyectos, el contratista también se encarga de suministrar la dirección facultativa y así se rompe el natural equilibrio de poderes y desaparece una de las patas. Todo el mundo tiende a servir a quien le paga; si al arquitecto le paga el constructor, tendrá la tendencia o tentación de defender los intereses, legítimos o no, del constructor por delante de los del propietario-promotor. Observo que esta práctica se ha extendido no solo entre las empresas privadas, sino, lo que es mucho peor, en la Administración pública.

Otra praxis, no tan manifiestamente incorrecta, aunque sí incómoda y poco elegante, es la de que el contratista asuma los costes de ingeniería y consultoría pero no el servicio en sí. En esos casos se incorpora en el pliego de condiciones una cláusula que indica que la propiedad elegirá con plena libertad a los asesores que estime conveniente pero será el contratista quien asumirá y pagará los honorarios de la asesoría; para evitar malentendidos, estos deben estar establecidos por escrito. La propiedad no se ahorra dinero con esta práctica, más bien al contrario, ya que el contratista debe reservarse un margen para compensar los costes de administración, pero si consigue que la partida de asesoramiento no figure en su contabilidad, sus motivos tendrán.

En definitiva, para construir una estructura sólida hacen falta tres puntos. No caigamos en la tentación de simplificar. Hay que actuar de forma un poco sagaz, con un contrapoder, con contrapesos. Si no, se producen desequilibrios.

 Agustín Argelich es ‘Principal Consultant’ de Argelich Networks y Profesor del Máster de Liderazgo de la Universitat de Lleida.

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