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Evolución de las cuentas públicas

Claves para entender por qué se ha disparado la deuda pública

El déficit ha generado el 76% del alza de la deuda pública en esta legislatura. El rescate a las autonomías ha elevado en 13,7 puntos el pasivo de las administraciones.

¿Por qué ha crecido tanto la deuda pública en España?
Teresa García

La consolidación fiscal aplicada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy presenta dos caras muy diferentes. El déficit público con el que se encontró el Ejecutivo popular cuando llegó a finales de 2011 rozó el 9% del PIB en un contexto de recesión económica, con la consiguiente caída de ingresos ligada a la menor actividad y al menor consumo. A partir de esa fecha, la prioridad ha sido reducir el déficit mediante ajustes y eso ha llevado a que se hayan cumplido año a año, no sin dificultades, los objetivos pactados con Bruselas. En 2014 logró cerrarlo en el 5,8% del PIB y para este ejercicio la meta está en el 4,2%. El Ejecutivo confía en alcanzarla gracias a la consolidación de la recuperación económica.

Pero la otra cara de la estricta senda de subidas de impuestos y recortes de gasto ha sido el incremento exponencial de la deuda pública, tal y como se puede comprobar en la documentación presentada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2016. En 2011, el pasivo de las administraciones públicas cerró en el 69,7% del PIB y al cierre de esta legislatura, está previsto que cierre en el 98,7% del PIB. Un incremento de 30 puntos (300.000 millones en términos absolutos) que ha tenido dos principales responsables: el déficit público y el rescate a las autonomías.

Las administraciones, sobre todo la central, han recurrido con frecuencia durante el período citado al endeudamiento para tratar de cubrir el déficit que debía reducir al año siguiente. Los datos aportados por Hacienda revelan de que de los 30 puntos de PIB en los que ha crecido la deuda en la legislatura, el déficit es el responsable de 22,8 puntos, un 76% del total del incremento del pasivo de las administraciones entre 2012 y 2015. Solo en el primer año de la legislatura de Rajoy, el pasivo público creció en 15,3 puntos de PIB y casi la mitad (6,6 puntos o 66.000 millones de euros) se dedicó para cubrir la brusca bajada que debía sufrir el déficit, que desde el 8,97% tenía que rebajarse al 6,67% del PIB. En 2012 y 2013, el porcentaje de deuda que se dedicó para déficit bajó mínimamente hasta los 6,3 y los 5,7 puntos de PIB y solo fue a partir de 2014, coincidiendo con el fin de la crisis económica, cuando el Ejecutivo rebajó el porcentaje de deuda que destinaba a déficit que se redujo hasta 4,2 puntos.

Cerró el pasado año con un pasivo cercano el 98% del PIB, seis puntos más que la media de la zona euro

El relevo a esta partida lo tomó el rescate a las autonomías, asfixiadas por la ingente deuda a proveedores y con grandes problemas de tesorería por el desplome de los ingresos tributarios, especialmente significativo en aquellas regiones muy ligadas al sector inmobiliario. Pese a que el Gobierno estableció en la Ley de Estabilidad Presupuestaria mecanismos para intervenir a las autonomías incumplidoras de forma reiterada, nunca los ha aplicado. Es más, la difícil situación de algunas regiones, con un incremento exponencial de la deuda y un incumplimiento permanente del déficit, llevó al Ejecutivo a activar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para asistir a las autonomías con problemas de liquidez y sin acceso a los mercados financieros con créditos para devolverlos en plazos y condiciones generosos. Todo ello llevó a que se hayan dedicado 13,7 puntos de PIB (137.000 millones de euros) obtenidos a través de nuevo endeudamiento a asistir a las autonomías.

En el aumento del pasivo de las administraciones públicas en los cuatro años de Gobierno de Rajoy también han tenido un peso, aunque menor que el déficit y el rescate autonómico, otras partidas. En 2012, hubo tres especialmente importantes que tuvieron una fuerte incidencia en el incremento del pasivo. Al rescate del sector financiero se dedicó 3,7 puntos de PIB del pasivo, mientras que la aportación al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) absorbió 1,5 puntos del PIB y el pago a proveedores 0,5 puntos.

Senda descendente desde 2016

Factores que ya no van a requerir de aportaciones adicionales de dinero y que llevan al Ejecutivo a prever que la senda alcista de la deuda se acabará el próximo año y que partir de ese ejercicio el pasivo de las administraciones públicas bajará al 96,5% en 2017 y al 93,2% para 2018. De esta manera saldrá de la lista de los países más endeudados de la UE. En 2014, según los últimos datos de Eurostat, cerró en el 97,7% del PIB, por encima de la media de la zona euro (91,9% del PIB) y también de la media de la UE.

Las regiones que más se han beneficiado

Las dificultades de tesorería de las autonomías llevaron al Ejecutivo a crear en 2012 el Fondo de Liquidez Autonómica, un mecanismo para ayudar a las regiones que habían acumulado una ingente deuda con proveedores y que tenían verdaderas dificultades para pagar los servicios públicos y a los funcionarios. Dotado con 18.000 millones en 2012 y posteriormente con 23.000 millones en 2013 y 2014, las autonomías que más se han beneficiado con esas ayudas han sido Cataluña y la Comunidad Valenciana, precisamente las más endeudadas. De los 240.000 millones de deuda que las autonomías acumulaban en el primer trimestre de este año, 64.792 millones (el 27% del total) pertenece a Cataluña y 37.615 (un 17%) a la Comunidad Valenciana.

Especialmente significativo es el caso de Cataluña, con unas elecciones plebiscitarias previstas para el 27 de septiembre, en la que plantean una consulta sobre la independencia respecto a España. En lo que va de legislatura, las distintas ayudas que se han puesto en marcha han ascendido a 41.609 millones de euros, incluso por encima del coste que representó el rescate a las entidades financieras en 2012. Solo este año y el que viene, la exoneración de los intereses de los préstamos facilitados por el Ejecutivo central a Cataluña supondrá un ahorro de 1.236 y de 1.026 millones de euros, respectivamente, para el Gobierno presidido por Artur Mas.

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