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El fraude asciende a 70 millones

Hacienda registra 45 empresas de desguace por ventas en B

En la imagen, un desguace que operaba ilegalmente.
En la imagen, un desguace que operaba ilegalmente. EFE

Más de 250 funcionarios de la Agencia Tributaria se han personado en 60 locales pertenecientes a 45 empresas de desguace y achatarramiento de vehículos de siete comunidades autónomas por realizar ventas en negro y ocultarlas a la Hacienda Pública.

El fraude estimado en el IVA y en el Impuesto de Sociedades asciende a 70 millones de euros anuales, según el Ministerio de Hacienda, que añade que las empresas registradas se encuentran entre las “más representativas” del sector y, en conjunto, suponen más del 15% de todos los vehículos destinados en España al achatarramiento.

La operativa oculta al fisco se centraba principalmente en las ventas de piezas de recambio a talleres y particulares y, en algunos casos, se ha llegado a ocultar hasta el 50% de las ventas totales, con lo que los márgenes en varias de estas empresas llegaron a ser negativos.

Las investigaciones, que se remontan al año 2014, también incluyen actuaciones inspectoras sobre diez personas físicas que son socios y administradores de las empresas investigadas.

La operación, denominada 'Ballesta', lleva dos días desarrollándose e implica las actuaciones inspectoras sobre estas 45 sociedades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Madrid dedicadas al comercio al por mayor de chatarra y a la venta de recambios, actividad esta última donde se concentra la actividad defraudadora.

En el transcurso de las investigaciones previas, iniciadas en 2014, la Agencia Tributaria ha podido constatar que estos centros de desguace ocultaban parte de los ingresos procedentes de las ventas de piezas o accesorios de los vehículos que adquirían para su achatarramiento, eludiendo con ello la debida tributación tanto del Impuesto de Sociedades como del IVA.

Los Centros Autorizados para el Tratamiento de vehículos al final de su vida útil, denominados CAT, reciben o recogen dichos vehículos para realizar en ellos las operaciones de descontaminación y tratamiento que regula la normativa correspondiente y, posteriormente, proceden a la venta al por mayor de estos vehículos como chatarra, o bien venden piezas y elementos de recambio tanto a particulares, como a talleres de automoción y centros de reparación.

Es en esta segunda actividad donde la Agencia Tributaria ha detectado las ventas en negro, dado que gran parte de los pagos de estas piezas suelen efectuarse en efectivo, lo que facilitaba a las empresas investigadas la posibilidad de ocultación de las operaciones.

De hecho, de las investigaciones practicadas con carácter previo a las entradas y registros de los funcionarios de estos dos días, la Agencia Tributaria ha podido determinar la existencia de unos márgenes de beneficio sobre ventas declaradas anormalmente bajos en las empresas investigadas, márgenes incluso negativos en muchos casos.

A su vez, Hacienda detectó una “asimetría muy importante” entre el perfil de actividad declarada por estas empresas y el real. Así, los desguaces inspeccionados aparentaban concentrar su actividad en la venta mayorista de chatarra cuando la principal actividad de estos centros es la venta de recambios, que puede suponer, de acuerdo con las estimaciones realizadas, el 60% de las ventas totales reales del sector.

Las actuaciones desarrolladas, coordinadas desde el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, ha contado también con la intervención de las dependencias de Inspección de siete delegaciones del organismo, así como de la Unidad Central de Auditoría Informática de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), con el apoyo de personal de Vigilancia Aduanera, Mossos d'Esquadra y Guardia Civil.

La Agencia Tributaria enmarca la operación 'Ballesta' en las directrices del Plan de Control Tributario 2015, que considera prioritario, dentro de la lucha contra la economía sumergida, la potenciación de la personación de los funcionarios en las empresas inspeccionadas, con el objeto de detectar y regularizar estas operativas defraudatorias.

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