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Anticorrupción coge el testigo del procedimiento

Anticorrupción acusa a Rato de cinco delitos contra Hacienda

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal ha resuelto hoy que la investigación iniciada en los juzgados de Madrid contra el exvicepresidente econonómico Rodrigo Rato sea asumida por la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba que es un asunto que le corresponde por conexidad con hechos que ya investiga respecto al exmandatario.

El decreto firmado este lunes concreta el número de delitos por los que el exviceministro económico Rodrigo Rato fue denunciado la pasada semana en un juzgado de guardia de Madrid. El texto explica que son cinco delitos contra la Hacienda Pública y además blanqueo de capitales y de alzamiento de bienes, “entre otros que puedan resultar de la investigación en curso”.

Según el decreto, Rato se encuentra ya imputado en la Audiencia Nacional por el “caso Bankia” y la pieza de las tarjetas opacas, de las que “pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentado eludir”.

Se refiere así a la fianza de 800 millones que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu impuso de manera solidaria el pasado 13 de febrero a BFA-Bankia, Rato y los exconsejeros Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella, y que el grupo terminó abonando en solitario.

De hecho, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en el que recayó inicialmente la denuncia de la Fiscalía de Madrid, acaba de inhibirse a favor del juez Andreu, que ahora deberá decidir si es de su competencia.

En la Audiencia Nacional se encuentra pendiente resolución por parte de la Sala de lo Penal de los recursos interpuestos por la defensa de Rato contra la fianza de 800 millones de euros fijada por Andreu contra él, Bankia, su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y los antiguos miembros del Consejo de Administración Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella. La entidad adelantó la totalidad de este dinero y ahora se plantea reclamar judicialmente a los cuatro exdirectivos el pago de los 133 millones de euros que le corresponden a cada uno 

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press han indicado que Anticorrupción sería competente para asumir la causa sólo si demuestra que existe una conexión con hechos que ya investiga. “Con hechos, no con personas”, han indicado estas fuentes que han apuntado que no puede ser motivo que ya impulse otras actuaciones en la Audiencia Nacional por delitos distintos.

Debate en el Congreso

La controversia en la Fiscalía podría llegar al Congreso de los Diputados, puesto que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, comparezcan juntos ante la Comisión de Justicia del Congreso para que aclaren, en una especie de 'careo' parlamentario, si el Ministerio de Hacienda “puenteó” a la Fiscalía Anticorrupción con su decisión de judicializar la investigación fiscal sobre el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a través de la Fiscalía Provincial de Madrid y no de Anticorrupción.

En concreto, según la solicitud registrada por la formación magenta, recogida por Europa Press, reclaman la presencia de Montoro y Madrigal para que expliquen “cuál fue la coordinación de los agentes de Aduanas, dependientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y las fiscalías del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción en los registros relativos a Rodrigo Rato, en caso de que haya existido dicha coordinación”.

Sea cual sea la Fiscalía que impulse las actuaciones, el caso ha sido turnado al juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, juez desde 1987 y titular de este órgano desde dos años después.

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