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Banco Madrid: la intervención como protección

Así se dijo finalmente en la decisión adoptada por el consejo de administración de Banco Madrid de dimitir en bloque anoche, ya tarde, más allá del cierre de imprenta de este diario: “La dimisión se orienta a facilitar el trabajo de los interventores”. De hecho, a medianoche en su web aún continuaba el comunicado original en el que afirmaban la continuidad de ese consejo, que refrendó el Banco de España. Sea como fuere, Banco Madrid trata, en la medida de lo posible, de desmarcarse del escándalo que ha afectado a Banca Privada d’Andorra (BPA). En los episodios de crisis bancaria en España –tanto en la de los últimos años como en las de décadas anteriores la intervención de una entidad por parte del Banco de España casi siempre ha contado con dos hitos destacados: la identificación de un problema de solvencia y la remoción inmediata por parte del supervisor de los administradores. En el caso de Banco Madrid ninguna de estas circunstancias se ha producido, ya que lo que ha concurrido es una dimisión del consejo. Todo este proceso podría entenderse como una acción del Banco de España buscando la protección de las diferentes partes. A ello se ha añadido que los administradores de la entidad han decidido dejar su lugar para que los interventores del supervisor hagan su labor en un marco totalmente libre. Banco Madrid y BPA mantienen relaciones accionariales pero tenían una gestión separada. Todas las partes –intervenidos e interventores insisten en señalarlo. Aunque se compartían algunos consejeros, no se encuentran entre los involucrados.

En nuestro país, las decisiones adoptadas por el Banco de España han sido ágiles para crear un anillo de protección en torno a la actividad de Banco Madrid. Su consejo ahora saliente motu proprio ha dado muestras de solidez y ha hecho progresar a Banco Madrid en los últimos años.

De lo que se acusa a BPA en Andorra es muy grave. El blanqueo de capitales es un delito especialmente delicado en el mundo financiero por sus implicaciones sociales. A falta de detalles, las actividades que ahora salen a la luz parecieron contribuir a la canalización de fondos para operaciones ilícitas en distintos ámbitos internacionales. De la información que hasta ahora ha trascendido parece que estas acciones fueron desarrolladas solamente por algunos directivos, lo cual no es óbice para requerir responsabilidad a BPA en Andorra. De hecho, BPA debe ser la primera interesada en aclarar este asunto de forma exhaustiva por tres razones. La primera, porque su estabilidad pasa por colaborar con las autoridades andorranas y el Departamento del Tesoro estadounidense, que ha sido el que ha lanzado (de forma algo abrupta) la investigación y ha destapado el escándalo. De hecho, esta cooperación ya se está produciendo. La segunda, cabe entender que esas responsabilidades deben exigirse hasta donde sea preciso para que el núcleo de las operaciones del banco no se vea dañado. La tercera, BPA ha sido declarada como entidad “de preocupación de primer orden" en la lucha contra el blanqueo de capitales por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos y sólo una colaboración y limpieza exhaustiva podría revertir tan delicada etiqueta. La intervención responde a una cuestión criminal y no a un problema de solvencia financiera (y no prejuzgo que una cosa sea preferible a la otra). En su informe, el FinCEN señala que “su decisión no está basada en una eventual debilidad financiera de BPA ni de su grupo, sino en la necesidad de asegurar el cumplimiento por BPA de la normativa en materia de blanqueo de capitales.”

Cierto es que a Banco Madrid le conviene que todas estas cuestiones se aclaren cuanto antes. Dadas las acciones que Estados Unidos podría eventualmente adoptar contra BPA, la intervención de Banco Madrid puede ayudar a subrayar su gestión separada y mantenerla de forma efectiva. De hecho, la designación de dos interventores del Banco de España para supervisar la actividad de Banco Madrid supone, como de hecho se recogía ayer en esta decisión, que “los actos y acuerdos de cualquier órgano de la entidad que se adopten requerirán, para su validez y efectos, la aprobación expresa de los interventores designados, que realizarán su función de forma mancomunada". Si no cabía sospecha ya de por sí, las decisiones vendrán, además, avaladas.

Más allá de este caso concreto, que se aclaren las cuestiones relacionadas con el blanqueo de dinero debería ser una prioridad internacional mucho más clara. En un mundo globalizado, las opciones para mover fondos de forma ágil e impune se multiplicaron en su momento y las acciones para revertirlo han sido desiguales, como también lo han sido las voluntades políticas. Cierto es que cabe acoger positivamente el marco de colaboración abierto, por ejemplo, entre Andorra y España en materia bancaria para destapar, entre otros, algunos escándalos de fraude fiscal. De hecho, BPA ya venía colaborando en esa dirección. Pero el problema del blanqueo es mucho más grave y responde a unos equilibrios de poder más oscuros que trascienden las fronteras nacionales y se cuelan en todos los ámbitos. El propio papa Francisco quiere actuar en este sentido eliminando los privilegios del Banco Vaticano, ya de largo bajo sospecha. Y parece encontrar resistencia en el propio entorno eclesiástico.

Cortar el problema de raíz requeriría un consenso político internacional muy amplio. En Europa, ya es difícil de por sí cuando algún Estado miembro de la UE es, de facto, un paraíso fiscal. Los diferentes tratamientos fiscales son otra triste manifestación, tal vez la más tenebrosa, de la necesidad de coordinación fiscal en Europa. La sociedad está exigiendo transparencia en la acción política y en el mundo económico y empresarial, pero cuando estas acciones traspasan las fronteras, la única opción es la coordinación.

Santiago Carbó es catedrático de Bangor University, director de Estudios Financieros de FUNCAS y profesor de CUNEF

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