Los autónomos no pagarían tasas judiciales, si Hacienda lo permite

Hacienda tendría que dar el visto bueno a la propuesta del Ministerio de Justicia para que pymes y autónomos paguen menos tasas. Supondría una pérdida de ingresos para el Estado

Los autónomos no pagarían tasas judiciales, si Hacienda lo permite

El Ministerio de Justicia ha iniciado un proyecto para revisar el sistema de tasas judiciales. Esta revisión incluye un apartado específico para eliminar el pago de tasas judiciales para los trabajadores autónomos en España, así como para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Sería un importante ahorro para estos sectores del tejido emprensarial español, que contarían con más liquidez y no verían mermada su capacidad de defensa jurídica por contar o no con dinero para proceder a un acto judicial. Un ahorro que sólo llegará si Hacienda lo permite, puesto que supondría un importante recorte para las arcas del Estado.

Según explica Europa Press, el informe que se ha elaborado plantea una eliminación de las mencionadas tasas para aquellas entidades empresariales que cuenten con menos de 250 trabajadores en plantilla, y con un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros. La vía para modificar la actual ley de tasas sería a través de una enmienda transaccional a la Ley de Justicia Gratuita, siempre y cuando existiera una primera aprobación por parte del Consejos de Ministros. Ahí entraría Hacienda, que detectará la pérdida de ingresos correspondientes para las arcas públicas, en el caso de que finalmente la propuesta tuviera visos de aprobación.

Reivindicación del sector profesional de la abogacía

En 2012 se aprobó la Ley de Tasas en la Administración de Justicia, que fue modificada posteriormente para que en casos como divorcios de mútuo acuerdo o separaciones, las personas no tuvieran que abonar tasas judiciales. Pero los profesionales de la abogacía han solicitado más modificaciones en los últimos meses, puesto que consideran que existen aún tasas que deben ser cambiadas para igualar el derecho de defensa de ciertas instituciones, especialmente teniendo en cuenta la delicada situación que viven algunos autónomos y pequeñas empresas en España. Para ellas, un juicio por impago o por reclamación de deudas puede suponer el cierre, en el caso de que no pueda llevarse a cabo un proceso legal de reclamación y juicio.

Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía solicita la modificación de la cuantía fija de las tasas, que asciende a 1.200 euros, así como la aplicación variable según la capacidad económica, que puede llegar a ascender a los 2.800 euros por un recurso relacionado con el ámbito civil, o 3.200 euros en el caso de que estemos ante una casación ante el Tribunal Supremo.

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