Las defensas se agarran a que eran gastos de representación

El fiscal pide fianza para 9 imputados por las tarjetas B

Logotipo de Bankia en su salida a Bolsa
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“Las estrategias de ayer, hoy ya no valen”, se lamentaba este martes en los pasillos de la Audiencia Nacional el abogado de algunos de los exconsejeros de Caja Madrid imputados en el caso de las tarjetas black.

El letrado hacía referencia a la decisión del lunes del fiscal de eludir la petición de fianza civil para cuatro de los imputados que alegaron que los gastos efectuados con sus tarjetas eran de carácter institucional.

El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón ha optado hoy, sin embargo, por extender la petición de medidas cautelares de forma generalizada, ya que su decisión se basa más en el carácter de los gastos que en su cuantía o en el hecho de que los titulares de las tarjetas aleguen que eran de tipo institucional si estos no aparentan serlo.

Así, el lunes se libró de petición de fianza el sindicalista de CC OO Juan José Azcona, que gastó menos de 100.000 euros en conceptos aparentemente compatibles con su labor institucional y, de momento y hasta que el fiscal examine sus gastos, los del exlíder de CC OO Rodolfo Benito, el de los impositores Guillermo Marcos Guerrero, y el de UGT Gonzalo Martín Pascual.

La decisión ha hecho que la estrategia de las defensas haya dado hoy un giro en muchos casos, según fuentes presentes en la sala, optando por defender que sus gastos eran institucionales en lugar del que hasta ahora era el argumento general, que las tarjetas formaban parte del paquete retributivo de los consejeros.

Hoy, no obstante, el fiscal ha solicitado fianza por al menos la cuantía de sus gastos al representante del PP Jesús Pedroche (que gastó 132.000 euros); a su compañero de partido Alberto Recarte (139.900 euros); al del PSOE José María de la Riva (208.000 euros) o al exsecretario general del PP de Madrid (Ricardo Romero de Tejada (212.200 euros). El representante del PSOE, Antonio Romero Lázaro, no ha comparecido esta mañana pese a haber sido citado por el juez en calidad de imputado.

Luzón también ha solicitado la medida, sobre la que el juez aún no se ha pronunciado, para el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga (255.400 euros); el exrepresentante de CC OO Francisco Baquero (266.400 euros); el exconsejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella (175.400 euros); a la que fuera asesora de Esperanza Aguirre, Mercedes Rojo Izquierdo ( 119.300 euros) y también al exministro socialista Virgilio Zapatero Gómez (36.000 euros).

Aunque muchos de ellos han sostenido que sus gastos correspondían a labores de representación, los elevados gastos en restaurantes, libros o clubs de golf de Recarte; en gasolina, concesionarios, el Corte Inglés o Hipercor de Rodríguez Ponga o en este último establecimiento comercial por parte de Norniella, ha hecho optar al fiscal por la petición de fianzas.

La solicitud, apoyada por el FROB, no ha impedido que Pedroche, el primero en declarar, abandonara la Audiencia mostrando el pulgar levantado a la prensa, mientras que otros de los imputados se han mostrado más taciturnos.

El popular Romero de Tejada, por su parte, ha roto con el mensaje general dado por el grueso de los imputados que declararon el lunes al negar que el tipo de gastos aprobados para estas tarjetas cambiara con la llegada a la presidencia de Miguel Blesa (presidente de 1996 a 2009) pese a que muchos le vienen acusando de ser el impulsor de los gastos personales con este medio de pago opaco al fisco.

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