Además de extender su investigación a otras grandes empresas

Hacienda investigará a los 86 directivos de Caja Madrid que usaron tarjetas en ‘b’

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. EFE

El escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid tiene muchas aristas. El último movimiento es el de la Agencia Tributaria, que investigará a los 86 consejeros o directivos de Caja Madrid que hicieron uso de las tarjetas B. Quiere conocer la operativa y hacer un seguimiento de los ingresos que lograron presuntamente de forma irregular.

La Agencia Tributaria, dirigida por Santiago Menéndez, extenderá además su investigación a otras grandes empresas para averiguar si el uso de estas tarjetas se ha generalizado.

El objetivo es investigar no solo las responsabilidades tributarias de Caja Madrid como entidad financiera, sino también de las personas físicas que se aprovecharon de estos ingresos. Entre ellas, figuran inspectores de Hacienda (el propio Miguel Blesa), un expresidente de la Agencia Tributaria (Estanislao Rodríguez Ponga) o incluso un exministro de Economía y Hacienda (Rodrigo Rato), a los que se presupone un buen conocimiento de la legislación tributaria.

Hacienda lanzará un plan de inspección para todas las empresas, con el objetivo de conocer si utilizan tarjetas de crédito en B, tras el escándalo surgido entre los directivos de Caja Madrid. Estos gastaron 15,2 millones de euros entre 1999 y 2012 a través de estas tarjetas ocultas al fisco. De momento, 11 de los 82 han devuelto, o han anunciado que devolverán, el importe que se gastaron.

El departamento de Cristóbal Montoro trata de averiguar si estas empresas realizan gastos a través de economía sumergida y de partidas no declaradas a Hacienda, algo que no tiene nada que ver con las tarjetas de representación que pueden manejar directivos de estas grandes empresas, pero cuyos gastos están justificados y declarados. Sobre la posibilidad de que se encuentren tarjetas similares en otras entidades, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha indicado que siempre que le dan traslado de una denuncia o tienen noticia de un hecho delictivo actúa en consecuencia. Mientras, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha dicho desconocer si se está investigando el uso de tarjetas opacas en las antiguas cajas gallegas, pero ha garantizado que, “lógicamente, si el fondo de rescate de la banca española descubriera en su caso alguna irregularidad se procedería del mismo modo” que se ha hecho con Caja Madrid, según declaraciones recogidas por Europa Press.

El número de destituciones o dimisiones por el escándalo asciende a nueve. La última destitución ha sido la de Juan Astorqui como vicepresidente de Burson-Marsteller en España. Astorqui gastó 293.000 de euros y una media de 36.000 euros anuales. Como director de comunicación y consejero ganó unos 1,37 millones al año en la caja. El vocal del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, Fernando Serrano Antón, ha dimitido tras conocerse que gastó 78.500 euros.

Las de ayer se suman a las destituciones o dimisiones del jefe de gabinete de la secretaría de Estado de Hacienda, José María Buenaventura; del secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez; del socialista Ángel Gómez del Pulgar, del miembro de CC OO Rodolfo Benito, y del que era gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte José Rodríguez. Ha dimitido además la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, que presuntamente gastó 175.200 euros, y fue destituido el ex director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, que cargó 246.700 euros.