Hacia otro sistema fiscal y un servicio de empleo más ágil

Parados en una oficina de empleo de Madrid

El programa que tiene previsto aprobar hoy el Gobierno para estimular el crecimiento no incluirá ni una sola medida de carácter fiscal, según confirmaron ayer fuentes del Ejecutivo. Para hablar de impuestos habrá que esperar una semana o dos más a lo sumo (como muy tarde hasta el 20 de junio, tal y como recalcó recientemente el presidente Mariano Rajoy), ya que será entonces cuando el ministro de Hacienda remita al Consejo de Ministros la esperada reforma fiscal.

El Gobierno defiende que el proyecto no se limitará a reducir el número de tramos en el IRPF, que pasará de siete a un máximo de cinco; ni a recortar el tipo nominal del impuesto de sociedades, que bajará del 30% al 25%. “El objetivo es hacer una profunda revisión de todo el sistema tributario para incrementar la capacidad recaudatoria del Estado y, al mismo tiempo, reducir impuestos a empresas y familias, así como a las rentas más bajas”, subrayan fuentes oficiales. El problema es que, a diferencia de las reformas tributarias anteriores, en esta ocasión el margen de maniobra con que cuenta el Ejecutivo es menor. De hecho, al tiempo que pretende impulsar la actividad y el empleo, no debe olvidar que aún debe seguir reduciendo el déficit público.

Por este motivo, desde Hacienda insisten: “la rebaja de impuestos será gradual, se hará efectiva en varios años; y beneficiará sobre todo a las rentas bajas y medias y a los contribuyentes con hijos o familiares a su cargo”.

Reflotar compañías

Consolidar la incipiente mejora del mercado laboral es otro de los grandes capítulos que le queda por cerrar al Gobierno. En este terreno, los responsables del Ministerio de Empleo tienen previsto poner en marcha en julio el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, que consistirá en un programa para que menores de 25 años sin estudios ni trabajo reciban una oferta formativa o de empleo de forma individualizada, en los cuatro meses siguientes a terminar su última formación o a quedarse en el desempleo.

El Ejecutivo ya tiene ultimada la plataforma informática donde deberán inscribirse estos jóvenes, así como los requisitos que deberán cumplir. Este programa estará financiado con parte de los 1.800 millones de euros provenientes de Bruselas, de los que solo se ha recibido el 1% y el resto deberá ser adelantado por el presupuesto español. Otro de los objetivos en esta materia es llevar a cabo una Estrategia de Activación para el Empleo que englobará, además de la mejora de la empleabilidad de los jóvenes, la de otros colectivos especialmente castigados por el desempleo, como son los mayores y los parados de larga duración. Asimismo incluirá la modernización de los servicios públicos de empleo y la aprobación de un acuerdo marco para la colaboración de las oficinas públicas de empleo (antiguo Inem) con las agencias privadas de colocación (ETT acreditadas para ello). Este acuerdo está pendiente de varios recursos presentados por las comunidades autónomas.

Dentro de esta estrategia, Empleo también pretende mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo, aprobando un nuevo sistema que se está negociando desde hace meses con los agentes sociales y las comunidades autónomas. Y, finalmente, reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo, si bien el Ejecutivo aún no ha dado ninguna pista de cómo lo hará. Cualquier iniciativa que en la práctica suponga un recorte de las actuales prestaciones por desempleo podría ser muy polémica y romper el aparente clima de paz social. Pero es que además del vuelco que se prevé en materia de impuestos y todas las medidas anunciadas en el mercado laboral, el Gobierno debe sacar adelante otras reformas también de calado, como es un plan estratégico de rehabilitación de viviendas, la liberalización del transporte ferroviario, la modificación de la Ley Concursal o la futura norma encargada de regular los servicios profesionales.

El sector inmobiliario espera que culmine cuanto antes la plena entrada en vigor del plan estratégico de rehabilitación de edificios y viviendas que está previsto aprobar al margen de las ayudas que se adoptarán hoy para la mejora de la eficiencia energética. Sindicatos y empresas coinciden en que se trata de un negocio muy intensivo en mano de obra, por lo que podría contribuir a frenar la sangría del paro. No obstante, aún sigue pendiente de conseguir financiación suficiente del sector privado para echar a andar. En materia concursal, ya se han adoptado numerosas modificaciones para evitar que las empresas fuertemente endeudadas entren en concurso de acreedores. Ahora, se trata de que aquellas que no hayan podido sortear la antigua suspensión de pagos, también tengan oportunidad de salvarse.