Puente de plata para el socio azteca

Emilio Lozoya, director general de Pemex.

Uno de los cometidos del nuevo consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, era lograr un acercamiento a Pemex, el histórico accionista de Repsol que ayer puso fin a más de dos décadas de convivencia entre las dos petroleras. Esta salida ha impedido que Imaz demostrara las dotes diplomáticas que se le atribuyen por su pasado político. En realidad, pocos creyeron que ese cometido fuese algo más que retórica pues fue precisamente su nombramiento, anunciado por sorpresa y sin el conocimiento del socio mexicano, el que puso la guinda a la ruptura que se acaba de sustanciar.

 Antes fue el blindaje aprobado por la junta general de Repsol en marzo para impedir una posible segregación de los negocios de la petrolera española que, según esta, llegó a planear Pemex. Y mucho antes el descontento general de la mexicana con la gestión del presidente de Repsol, Antonio Brufau, contra el que pergeñó una operación de control con Sacyr en la que llegó a duplicar su participación, hasta casi el 10%. El socio leal que nunca dio problemas, con el que hubo colaboración industrial y que durante años se sentó en el consejo a pesar de ser claramente un competidor, se revolvió en su asiento reclamando un cambio en la gestión y un relevo en la dirección.

Para ello buscó colaboradores necesarios y apeló a altas instancias, de ahí la intervención directa del propio presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y del papel que la petrolera intentó desempeñar en la resolución del conflicto con Argentina.

Pemex se ha rendido al bloqueo del equipo gestor y del resto de accionistas de referencia de Repsol y ha tomado finalmente las de Villadiego para satisfacción de los directivos del grupo español que lo consideraba un elemento distorsionador en lo que denomina la nueva etapa industrial de la compañía tras el acuerdo de compensación firmado con Argentina que ha puesto fin al conflicto por la expropiación de YPF.

Pero con la salida de Pemex se abre un nuevo debate sobre la calidad del accionariado de Repsol en el que sobrevive como referente Caixabank, con un 11,8% -que en alguna ocasión ha manejado vender-, y Sacyr que, con otro 10% y vocación de permanencia, es el socio que más aplaude la política de dividendo expansiva y en cash que está aplicando Repsol en los últimos tiempos. Mañana mismo reparte un dividendo extraordinario de 1.230 millones (un euro por acción) procedente de la compensación por YPF. Pero esa política generosa de dividendo no casa bien con el nuevo plan estratégico que requerirá de fuertes inversiones en exploración y producción para recuperar el perímetro perdido con la expropiación en Argentina. Inversiones además caras pues se centrarán, para evitar riesgos, en países de la OCDE. El profundo malestar de los mexicanos le impedirán durante mucho tiempo poder acceder a las grandes posibilidades de negocio que abre la reforma energética de Peña Nieto.

A Repsol le quedan, pues, muchos socios financieros (multitud de fondos de inversión, fondos soberanos como Temasek, sociedades de capital riesgo y otras entidades como el HSBC, que ha declarado una participación superior al 5%) y ninguno industrial. Algo que no deja de ser una debilidad si, como auguran los expertos, una vez superada la crisis económica y del crédito, Europa vivirá importantes operaciones de de concentración que les permita ganar tamaño frente a sus competidoras americanas y asiáticas.

En ese hipotético escenario futuro, queda todavía por ver si los blindajes legales (como la inclusión de las refinerías en la denominada función 14, la que establece la autorización previa del Gobierno en caso de toma de control por terceros) o los límites a los derechos de voto (en Repsol situado en el 10%) son trabas lo suficientemente fuertes como para evitar un asalto.