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Podría esperar a que la orden de parámetros salga del Consejo de Estado

El Consejo de Ministros pospone la aprobación del decreto de renovables

El texto fue aprobado ayer por la comisión delegada para asuntos económicos La norma supone la desaparición del sistema de primas

José Manuel Soria, durante su intervención en el III Foro Global de Sostenibilidad.
José Manuel Soria, durante su intervención en el III Foro Global de Sostenibilidad. Sergio Barrenechea (Efe)
Carmen Monforte

Contra todo pronóstico y para sorpresa de las empresas afectadas, el Consejo de Ministros no ha aprobado en su reunión de hoy el real decreto de renovables que lleva seis meses en el cajón del Ministerio de Industria. Aunque el texto ha pasado esta semana por la comisión de subsecretarios y la comisión delegada para asuntos económicos y que el propio ministro, José Manuel Soria, aseguró ayer que estaba en el orden del día, la norma no ha recibido aún luz verde.

El real decreto de renovables supone la desaparición del antiguo sistema de primas a la producción, que supuso un coste en la tarifa de acceso de 9.000 millones de euros el año pasado. En realidad, el mecanismo ya fue eliminado en julio del año pasado en el real decreto ley de medidas urgentes con el que Gobierno inauguró la reforma eléctrica y desde entonces las empresas del régimen especial (renovables, cogeneración y biomasa) han seguido cobrando primas a cuenta del nuevo sistema de retribución mediante parámetros incluido en el real decreto aprobado hoy, que supone un recorte de 1.700 millones de los ingresos del sector, según los cálculos del Gobierno (el doble, según las afectadas).

Las instalaciones afectadas tendrán derecho a una retribución por su inversión y costes de operación con una rentabilidad de casi el 7,5%. Esta rentabilidad regirá para toda la vida regulatoria de la planta, lo que se ha traducido en que los parques eólicos anteriores a 2005 no reciban ya ningún incentivo por haberla agotado y tengan que ir al mercado.

El primer borrador de real decreto data de julio del año pasado y, aunque había superado en enero los correspondientes trámites administrativos (dos dictámenes del regulador (primero de la CNE y luego de la CNMC) y un tercero del Consejo de Estado), no había llegado hasta hoy al Consejo de Ministros. En paralelo, el Ministerio de Industria está tramitando la orden ministerial de parámetros o estándares (especies de tarifas que cobrarán las instalaciones según su tipología) que lo reglamente y es tan importante como el propio real decreto.

La orden está en estos momentos en el Consejo de Estado, lo que podría explicar el aplazamiento en la aprobación de RD hasta que la citada orden sea dictaminada por este organismo por si es necesario incorporar alguna modificación en aquel. Esta se ha elaborado teniendo en cuenta las precisiones que el Consejo de Estado hizo al real decreto.

El borrador que ha sido analizado hoy por el Gobierno aunque no ha sido aprobado incluye un par de cambios relevantes respecto al texto que salió del Consejo de Estado. Por un lado, la eliminación del llamado complemento de retribución de operación extendida. Este consistía en seguir pagando a aquellas tecnologías con costes de operación superior a los precios del mercado (cogeneración, biomasa y algunos residuos) una retribución por este concepto más allá de la vida regulatoria fijada en 20 años. Pues bien, en el nuevo texto desaparece esta posibilidad y a cambio se amplía la vida a 25 años para todas las tecnologías.

La segunda cuestión, muy contestada, es la fijación del precio de mercado previsto para establecer la retribución “según la media aritmética de cotización de los últimos seis meses de 2013 en los precios de futuros anuales contratados por OMIP”. Este método regirá para tres años, lo que ha sido criticada especialmente por la eólica ya que esta media (48.21 euros MWh) es muy superior a los precios reales de este año (40,95 euros MWh), lo que provocará una reducción “artificiosa” de la retribución de la inversión. Y, aunque luego se ajuste, entre tanto las empresas financian.

Además, el Gobierno se arroga una mayor potestad para cambiar cada seis años el número de horas de funcionamiento de las plantas y el umbral mínimo.

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Sobre la firma

Carmen Monforte
Es redactora de Energía de Cinco Días, donde ocupó también los cargos de jefa de Especiales y Empresas. Previamente, trabajó como redactora de temas económicos en la delegación de El Periódico de Cataluña en Madrid, el Grupo Nuevo Lunes y la revista Mercado.

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