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La reforma contempla una rebaja fiscal del 55% al 10% para los casinos

La Generalitat da luz verde a la ley que permitirá poner en marcha BCN World

Terrenos de las futuras instalaciones de BCN World.
Terrenos de las futuras instalaciones de BCN World.

CiU y PSC han conseguido aprobar hoy en el Parlamento catalán una reforma de la ley del juego de Cataluña que contempla una rebaja fiscal muy importante, del 55% al 10%, para los casinos y altera los límites urbanísticos para poder edificar el complejo de ocio BCN World.

La aprobación de esta reforma de la ley del juego para favorecer la instalación del proyecto BCN World en los municipios de Vila-seca y Salou (Tarragona) ya estaba garantizada antes del pleno gracias al pacto que existía entre CiU y PSC sobre esta cuestión.

ERC, ICV-EUiA, Ciutadans (C's) y la CUP han votado en contra de los aspectos esenciales después de criticar con dureza el texto, mientras que el PP, que había anunciado un “sí crítico”, ha optado finalmente por abstenerse.

En los apartados que no son esenciales ERC y PP han votado favorablemente o se han abstenido, mientras que ICV-EUiA y la CUP han votado en contra de todos los artículos y C's se ha abstenido.

En el articulado de la ley se da vía libre para que el gobierno catalán fije la superficie de suelo destinada a usos residenciales, hoteleros y de juegos y apuestas, aunque no puede superar el 30% de la superficie total del centro recreativo turístico.

La ley prevé una importante rebaja fiscal del tipo impositivo aplicable a los casinos, que pasa del 55% al 10%, y además autoriza a los casinos del complejo a conceder crédito a los jugadores.

Por parte de CiU, Albert Batalla ha defendido la ley para “fomentar el turismo y favorecer la actividad económica, así como para crear empleo”, y ha destacado que “las inversiones llaman a inversiones, y no es el momento de dejar pasar ningún tren, porque los trenes se cogen o se pierden”.

El diputado de ERC Pere Aragonès ha defendido el voto contrario a los principales aspectos de la ley -los urbanísticos y la rebaja fiscal-, y ha advertido de que “las expectativas de inversión y de creación de empleo han sido exageradas y no están justificadas”.

“La elevada tasa de paro que hay en las comarcas de Tarragona no lo justifica todo -ha señalado- y hay alternativas empresariales más productivas a las cuales, sin embargo, no se les ofrecen las ventajas fiscales y urbanísticas que sí se dan a los casinos”.

En cambio, desde el PSC, Xavier Sabaté ha defendido el pacto de su partido con CiU, que ha justificado por el volumen de las inversiones y los empleos prometidos, y ha recalcado que su formación ha conseguido “una ley más social”.

Según Sabaté, las arcas públicas de la Generalitat no disminuirán con la rebaja fiscal del impuesto sobre el juego “porque el resto de impuestos sí que tendrán que pagarse”.

Rafael Luna, diputado del PPC, ha lamentado que la ley se apruebe “sin la suficiente información” y sin voluntad de sumar a todas las fuerzas, lo que ha dado pie a que “al final, CiU y PSC la hayan pactado con nocturnidad y alevosía”.

Luna ha acusado al PSC de actuar “como el parque de bomberos voluntarios de CiU” cada vez que hay un problema y “ERC deja tirados” a los convergentes.

La diputada de ICV-EUiA Hortènsia Grau ha tildado de “secuestro de la voluntad democrática” la ley, que ha considerado como un “golpe a la cultura del planteamiento urbanístico”.

Grau ha dicho, además, que el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, “tiene muchos intereses en juego”, y ha sentenciado que “leyes opacas como ésta alimentan la desafección política”, además de advertir a CiU y PSC de que “la ciudadanía lanzó un mensaje en las elecciones de querer acabar” con el modelo de la 'sociovergencia'.

La diputada de C's Irene Arrimadas ha definido la ley como un “traje a medida para unos pocos inversores que se ha aprobado con toda la urgencia del mundo” y ha considerado “inconcebible” la rebaja del 80 % de la fiscalidad del juego.

La diputada de la CUP Isabel Vallet ha mostrado el rechazo total de su formación a BCN World y a la ley aprobada hoy, que ha calificado como “chantaje consentido”.

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