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El futuro de los 28

Los siete retos económicos que afronta la Unión Europea

La lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida es prioritaria para recuperar ingresos perdidos en la crisis Francia, España, Irlanda, Grecia, Chipre, Portugal y Eslovenia no cumplen los objetivos de déficit y deuda pactados

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Seis años después de la caída de Lehman Brothers, Europa afronta el reto de dejar atrás una de las etapas más negras de su economía y afrontar otra mucho más próspera. Un propósito que choca de frente con una realidad que muestra a una Europa demasiado dividida. Entre los países del Norte y del Sur hay diferencias tan evidentes en empleo, déficit, deuda o crecimiento que hacen muy difícil el diseño y la aplicación de políticas comunes para los 28 países que integran la Unión Europea.

La crisis ha dejado una primera división entre países rescatados y no rescatados. Por el camino de la recesión Grecia, Irlanda y Portugal han sido rescatados por la troika y han sido sometidos a una cura de adelgazamiento severa que ha erosionado el Estado del bienestar y ha dejado bajo mínimos la capacidad de consumo. Un escalón arriba se sitúan España e Italia, con las peores cifras entre los grandes de la zona euro, que han estado coqueteando con el rescate durante tres años y que ahora deben afrontar reformas estructurales de calado para tratar de devolver sus economías a la senda del crecimiento. Pero, por encima de todos, se sitúa Alemania, la locomotora de la economía europea. Pese a haber retrocedido posiciones en el ranking mundial, sigue siendo el tercer mayor exportador del mundo, el PIB va a crecer un 1,8% este año, no va a tener déficit público por segundo ejercicio consecutivo y su deuda se sitúa en el 76% del PIB, veinte puntos por debajo de la media de la zona euro.

1. Austeridad o crecimiento

A finales de 2013, 11 países habían cumplido el objetivo marcado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: que el déficit público no supere el 3% del PIB. Los otros siete tendrán que seguir la senda de consolidación fiscal marcada por Bruselas para tratar de corregir unos números rojos que en algunos casos, como Francia o España, parecen de difícil cumplimiento.

Francia, España, Irlanda, Grecia, Chipre, Portugal y Eslovenia no cumplen los objetivos de déficit y deuda pactados

Tras una primera ampliación en los objetivos de déficit a lograr, parece poco improbable que Bruselas opte por volver a relajar las metas pactadas de déficit. Eso obligará a esos siete países (Francia, España, Irlanda, Grecia, Chipre, Portugal y Eslovenia) a realizar nuevos ajustes, bien a través de más recortes de gasto o de mayores subidas de impuestos. En un escenario de tránsito entre la recesión y la vuelta al crecimiento, las obligaciones comunitarias parecen condenar a los países a una salida más lenta de la recuperación y a postergar aún más en el tiempo el regreso del PIB a tasas positivas.

Y eso parece evidenciar que la brecha de PIB entre los países más y menos saneados seguirá creciendo. Más aún si se tiene en cuenta el elevado nivel de endeudamiento que tienen esos siete países: ninguno está por debajo del 90% del PIB (el máximo fijado en el Pacto de Estabilidad es el 60%) y Grecia incluso llega al 175,1% del PIB.

Un endeudamiento inasumible que obliga a estos países a pagar facturas disparatadas por el peso de los intereses (37.000 millones en el caso de España), recursos que se podrían destinar a otras partidas como empleo. La relajación de la prima de riesgo es el único factor positivo en este contexto. En España, ha caído a niveles mínimos, incluso por debajo de los 150 puntos, y eso le ha permitido ahorrar un importe cercano a los 5.000 millones.

2. Desempleo

La lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida es prioritaria para recuperar ingresos perdidos en la crisis

Ninguna de las soluciones propuestas durante campaña electoral parecen suficientes para controlar el tsunami del paro en la Unión Europea. Hay más de 26 millones de desempleados y de ellos 5,5 millones tienen entre 15 y 24 años. Entre los países europeos destaca el drama de España, con casi seis millones de parados (el 23% del total europeo), de los que un millón tiene menos de 25 años. Los socialistas propusieron crear un fondo europeo que financiara el subsidio de paro con aportaciones de todos los países. Los comunistas plantearon no pagar los intereses de la deuda y destinar ese importe a la creación de empleo, una iniciativa de difícil encaje.

Por ahora, el único plan que tiene visos de salir adelante es el de la garantía juvenil, un programa al que se destinarán 6.000 millones (1.800 en España) para asegurar que todos los jóvenes menores de 25 años, inscritos o no en los servicios de empleo, reciban una oferta concreta y de buena calidad en un plazo de cuatro meses tras el fin de su formación o el inicio de su periodo de desempleo. Una solución parcial que podría ser total tan solo si el crecimiento se consolida.

3. El camino a los eurobonos

Todo indica que tarde o temprano la zona euro tendrá que plantearse algún tipo de mutualización de deuda, bien sea a través de eurobonos o con otras fórmulas menos radicales. El pasado 31 de marzo ya se cubrió el primer tramo de la ruta: un grupo de expertos creado ex profeso por la Comisión Europea entregó su informe sobre la viabilidad de un fondo de amortización de deuda y de las euroletras.

Los expertos, cuyas opiniones son muy cercanas a las expresadas por Alemania, advierten de que, cualquiera que sea la fórmula de mutualización que se elija, requerirá una importante cesión de soberanía y una aplicación a rajatabla de la disciplina presupuestaria. De hecho, tal vez la emisión de deuda pública europea obligaría a reforzar el control presupuestario. Según los cálculos del grupo de sabios alemanes, España se vería obligada a mantener un superávit fiscal primario del 2% durante más de 20 años para cumplir las condiciones que exigiría formar parte del fondo de redención.

4. Ingresos y fraude fiscal

Los técnicos de la Comisión Europea tratan de cerrar todas las grietas que se han abierto en las cuentas de todos los países por la merma de ingresos, bien por el dumping fiscal, bien por el propio descenso de la actividad económica (especialmente en países con un fuerte sector de la construcción) o por el repunte de la economía sumergida, que se eleva a un billón de euros.

Para el primer caso, Bruselas apuesta por una armonización fiscal de difícil encaje por las profundas diferencias que existen entre los socios. Y el mejor ejemplo es la brecha que existe entre lo que pagan las empresas por sus impuestos en Irlanda y en el resto de la Unión Europea. Irlanda aplica un tipo del 12,5% frente al 23,2% de media en vigor en el resto de la Unión Europea y del 25,9% en la zona euro. Y eso ha provocado unas prácticas cercanas a la elusión fiscal de grandes multinacionales, como Apple, Amazon, Google o Starbucks, que han minimizado el pago de impuestos a través de subsidiarias en otros países como Irlanda que gozan de mejor trato fiscal.

La Comisión Europea ya trató, sin mucho éxito, de cerrar los resquicios legales en la ley que regula la distribución de beneficios entre las empresas matrices y sus subsidiarias. Cuando estaba a punto de alcanzar un pacto, lo suspendió sine die por el rechazo de Suecia ante el temor a los daños colaterales que podían sufrir grandes empresas como Volvo o Ericsson. Bruselas también tendrá que cerrar otro capítulo abierto, como la creación de un impuesto sobre transacciones financieras, más conocido como tasa Tobin. Esta iniciativa es respaldada por once países de la zona euro, entre ellos España.

5. Sector financiero y BCE

Una de las asignaturas pendientes es la culminación de la unión bancaria para acabar con el círculo vicioso entre deuda bancaria y deuda soberana. A finales de marzo, la UE alcanzó un principio de acuerdo para activar el mecanismo único de resolución, costeado por las propias entidades europeas, que servirá para generar una red en caso de otra crisis financiera.

Por imposición alemana, el fondo no será común desde el primer día, sino que nacerá compartimentado por países y no se fusionará por completo hasta ocho años después de su creación, es decir, en 2023. El Parlamento ha logrado, al menos, que esa fusión se haga en un plazo menor de lo previsto, pues el acuerdo inicial del Ecofin preveía una transición de 10 años. El ritmo de mutualización también será mayor, pues al cabo de tres años, el 70% de los recursos del depósito se habrán fusionado, y no el 30%, como se había establecido.

Mucho más inminente es el papel que deberá desempeñar el BCE. Después de la crisis, el mayor reto es la supervisión única, con el fin de amortiguar el elevado coste de los rescates bancarios; y acabar con las diferencias que existen en el coste de financiación por países.

6. Energía

La crisis del gas entre Rusia y Ucrania, que afectó temporalmente al suministro a varios países europeos, y la firma del acuerdo entre Pekín y Moscú, por el que Rusia suministrará gas a China durante 30 años por 300.000 millones de euros han reabierto el debate sobre la dependencia energética que la UE tiene del exterior, especialmente de Rusia.

Europa produce el 40% del gas que consume y el resto lo importa. De entre sus proveedores, el más importante es Rusia, con un 42% de las ventas. Rusia también es el mayor suministrador de crudo, con un 33% del total, y de carbón, con un 26%. La excesiva dependencia energética de Rusia hace necesario buscar mercados alternativos y fuentes de suministro alternativas, lo que sugiere que el debate sobre la energía nuclear se volverá a abrir en breve.

7. Infraestructuras

La Unión Europea destinará 26.000 millones (el triple que en el anterior presupuesto) entre 2014 y 2010 para la financiación de infraestructuras de transporte y la mitad de ellos se destinarán a los países que aún son susceptibles de recibir fondos de cohesión (en su gran mayoría el Este de Europa). De los nueve grandes corredores que se van a construir, solo el central permitirá la conexión de 94 grandes puertos europeos con vías férreas y carreteras; el enlace por ferrocarril de 38 aeropuertos clave con grandes urbes y la conversión de 15.000 kilómetros de vías férreas en líneas de alta velocidad.

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