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El Gobierno aprueba el nuevo sistema de precios eléctricos

Cómo será el nuevo recibo de la luz

El Gobierno aprueba el nuevo sistema de precios eléctricos para los domésticos Habrá dos periodos transitorios hasta su total aplicación El primero, hasta el 1 de julio, el segundo, sine die

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nuevo sistema de fijación del precio de la electricidad, tal y como han informado en la rueda de prensa posterior a la reunión la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Con este nuevo mecanismo, ha indicado Soria, se va a pagar el precio de mercado de la electricidad en cada recibo, no como actualmente, cuando se pagaba la luz en función de la subasta eléctrica trimestral, que añadía al precio de mercado un "coste adicional" en concepto de cobertura por garantizar el precio de todo trimestre, ha explicado Soria.

Según el responsable de Industria, el nuevo mecanismo supondrá un ahorro "claro" para los consumidores, ya que hasta ahora se pagaba el precio de mercado más ese coste adicional. El ministro ha cifrado el coste de esa cobertura de futuros en 1.671 millones de euros en cinco años, según datos del regulador del mercado.

El mecanismo empezará a aplicarse el 1 de abril, aunque el Ejecutivo da tres meses para que las eléctricas apliquen este modelo en la factura. Así, si el consumidor tiene contador inteligente (se le aplicará el precio de mercado por hora; si no lo tiene, pagará el precio de mercado de los dos meses de facturación que vendrá dado por el operador del sistema, Red Eléctrica de España.

Pero este sistema, que obligará a los consumidores a consultar estos precios en la web de REE, pues ya no tendrán información del Gobierno sobre la evolución de los mismos, tiene dos periodos transitorios. Por el momento, hasta el 1 de julio, se seguirá aplicando a cuenta de este nuevo sistema los 48,48 euros MWh que rige desde el 1 de enero y es el precio intervenido por el Gobierno tras la anulación de la última Cesur el pasado 20 de diciembre. Y a partir de julio, y en tanto se reglamenta, entre otros, un protocolo de información entre comercializadoras y distribuidoras, se aplicará a todos los usuarios (sea cual sea su contador) el mecanismo propio de los viejos contadores que fija el real decreto.

Este plazo no está cerrado, pues depende de una resolución que debe publicar el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para lo que no hay una fecha preestablecida ni está ligado a determinados condicionates.

El borrador inicial solo daba un mes de plazo a las compañías para la aplicación tal cual del mecanismo, pero tras muchos contactos con las comercializadoras de referencia y las distribuidoras, que le expresaron la imposibilidad técnica de aplicar el mecanismo entan poco tiempo, Industria dio marcha atrás y en el texto remitido al Consejo de Estado introdujo modificaciones. Solo a los usuarios con contador digital con telemedida se le aplicarían 1.440 precios en dos meses (uno por cada hora del día).

A la rectificación también contribuyeron las protestas de las asociaciones de consumidores, que consideraban el mecanismo discriminatorio y contrario a la ley de defensa del consumidor.

Sobre el primer trimestre de 2013, una vez anulada la subastas Cesur, que determinó un precio de 62 euros por MWh, el Gobierno decretó a principios de año un precio de la electricidad para el primer trimestre de 48 euros el Mwh: el ahorro entre estos 62 y 48 euros supone 200 millones de euros. 

Como el precio real de mercado durante el trimestre ha sido inferior a esos 48 euros, ya que se ha situado en torno a los 26 euros por Mwh, se va a refacturar este trimestre con precios de mercado, y se van a devolver a los consumidores 300 millones euros. En total, ambos conceptos supondrán un ahorro de 500 millones de euros para los consumidores, ha indicado el ministro. Eso sí, la devolución a cada usuario dependerá del "perfil de consumo" de cada uno.

Sin embargo, hasta el 1 de junio las empresas no estarán obligadas a iniciar las devoluciones a sus clientes, según el nuevo real decreto sobre precios, con lo que dispondrán de ese dinero durante dos meses. La norma da de plazo hasta el 15 de mayo para que el ministerio publique una resolución con el precio real y ajustado que se debe regularizar. Este ajuste y el del periodo transitorio del 1 de abril se deberá especificar claramente en la en la factura.

El ministro considera que el nuevo sistema fomentará la competencia en el sector, ya que reducirá el número de clientes necesario para formar una empresa comercializadora (y comprar electricidad en las subastas) desde los 100.000 consumidores de la actualidad hasta los 25.000.  "Va a aumentar el número de comercializadoras", ha vaticinado.

Soria ha puntualizado que el nuevo mecanismo de cálculo de la tarifa no afecta al sistema de peajes que retribuye el transporte de la energía y otros costes, que se mantendrá como hasta ahora y que fija el ministerio. Además, ha apuntado que el Real Decreto cuenta con el informe favorable de la CNMC y también del Consejo de Estado.

Cuatro modelos de facturación

El nuevo mecanismo contempla cuatro modelos diferentes de facturación. En el primero, los consumidores con contadores analógicos, que aún son una mayoría, pagarán el precio medio del mercado diario durante los dos meses del periodo de consumo de la factura, que determinará REE, tal y como ha explicado el ministro.

En el segundo modelo, a los consumidores con contadores digitales, unos siete millones, se les facturará la electricidad en función del precio de mercado en cada hora de consumo. "El nuevo sistema transmite señales adecuadas de precios al consumidor, al ser una aproximación al coste real de la producción", ha apuntado Soria.

La tercera opción deriva de la obligación de que los comercializadores hagan una oferta a los consumidores para el conjunto del año (contrato estándar) con un precio fijo del Kwh hora.

Estas ofertas de carácter anual serán obligatorias y deberán ser públicas a partir de 15 de abril. Los consumidores que se acojan a ellas dentrán que acordar expresamente si quieren una renovación automática. Las empresas tendrán que comunicar el nuevo precio un mes antes de que acabe el contrato. En el mercado se prevé que en este caso el coste sea más estable, pero más elevado, ya que las eléctricas se cubrirán de la volatilidad del mercado.

Por último, se mantiene (como en la actualidad) la posibilidad de que los consumidores lleguen a un acuerdo bilateral con la empresa comercializadora.

En este borrador también se incluye un prórroga previsiblemente mayor para los consumidores con contadores digitales, que quedan a la espera de que se publique una resolución ministerial y de un plazo adicional de dos meses de adaptación desde ese momento.

Industria remitió el viernes una nota de prensa en la que recuerda que, adicionalmente, se obliga a las comercializadoras de referencia a ofrecer un precio fijo anual de la energía para aquellos consumidores que así lo deseen y a un precio libre. Las primeras ofertas anuales podrán consultarse en la web de la citada comisión a partir del 15 de abril e incluirán unas condiciones y parámetros estándar para facilitar su comprensión y comparación.

Los consumidores que se acojan a esta oferta anual tendrán que acordar expresamente en el momento de contratarla si desean una renovación automática y, en todo caso, la comercializadora deberá comunicar el nuevo precio al consumidor un mes antes de que venza el contrato anual

Adicionalmente, el Ejecutivo prevé incluir a otras tres empresas comercializadoras de referencia en el mercado eléctrico, además de los cinco actuales.

Críticas de los consumidores

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha señalado que la nueva fórmula para  facturar la electricidad “excesivamente compleja” y anticipan que generará una “enorme incertidumbre” e “inseguridad” entre los consumidores, ya que “imposibilitará” la comparación de precios.

CECU ha criticado que los precios no podrán ser comparados al cambiar cada hora, y por tanto “no se podrán utilizar los diferentes comparadores de precios”, como el facilitado por la Comisión nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Esto “imposibilitará también las ofertas” para cambio de comercializador puesto que los precios que puedan ofrecer las compañías serán los anteriores “pero no los futuros”, por lo que “no hay comparativa de precio sostenible”, apuntó.

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