Los obstáculos a la implantación se multiplican
Una estación de inspección técnica de vehículos
Una estación de inspección técnica de vehículos

Los concesionarios dudan de la liberalización real de las ITV

El Gobierno redacta una ley que permite a los concesionarios tener una ITV independiente

Suponen inversiones de alrededor de dos millones de euros

La posible liberalización de las estaciones de ITV, con la publicación en julio del proyecto de real decreto por el que se modifican las normas generales de las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV), produjo frases como: “Cualquier concesionario podrá tener una estación de ITV”. Nada más lejos de la realidad, según estiman fuentes del sector. La supuesta liberalización tiene que superar una serie de obstáculos que ponen en tela de juicio su aplicación final. Supone lograr una tajada de un negocio de 500 millones de euros.
Por un lado, fuentes del sector ven “muy poco probable” que el Gobierno introduzca las modificaciones a la norma que han propuesto las patronales del sector Anfac, Faconauto y Ganvam. De momento, la ley prevé que los concesionarios puedan participar en el capital de empresas de ITV, cosa que la ley de 2008 no permitía, eliminando las incompatibilidades que marcaba este real decreto, pero han de ser “empresas independientes”.
Así, en fase de alegaciones, las asociaciones representantes de fabricantes y concesionarios pidieron que se permitiera montar una línea fija de inspección en talleres de reparación y concesionarios para que turismos y furgonetas pasen la inspección directamente allí. Las patronales siempre hacen la salvedad de que se trataría de líneas “separadas físicamente y debidamente señalizadas” para que se distinguieran del resto del taller. Además, las comunidades autónomas serían las encargadas de establecer cómo se revisa que se están cumpliendo las inspecciones correctamente. Sin embargo, aunque en el sector no quieren tirar la toalla antes de tiempo, lo cierto es que ya hay voces que apuntan a que esta petición “no se va a conseguir”.
Si no se permite esta opción, que es “más barata y sencilla de hacer” que las empresas independientes, lo cierto es que las estaciones de ITV estarían solo al alcance de unos pocos. Instalar estas líneas fijas de inspección supone una inversión media máxima de unos 100.000 euros, según una circular interna de Ganvam, mientras que colocar una estación de ITV completa supone unos dos millones de euros. “Podrían meterse en este negocio las grandes empresas o otros más pequeños a través de alianzas empresariales, como concesionarios de la misma zona”, afirman.
Otras fuentes ponen en cuarentena este dato afirmando que “los requisitos económicos que imponen las marcas para abrir un comercializador son mucho mayores. Hay empresas que lo harían fácilmente”, señalan. Sin embargo, el entorno económico y la escasez de crédito hacen difícil imaginar quién podría hacerse cargo. No en vano, la rentabilidad de los concesionarios el año pasado fue del -1,5%.
Para las patronales, este sistema “tiene mucho sentido”. Según sus cuentas, “permitiría bajar los precios de las revisiones obligatorias alrededor de un 30%” y “equilibraría las diferencias de coste entre comunidades”, que en algunos casos superan el 147%. Además, asegurará la calidad de las inspecciones.
Para Aeca-ITV, que aglutina las principales empresas del sector, “esta medida puede tener efectos imprevisibles” en la seguridad vial al no garantizar la prestación de un buen servicio y una inspección rigurosa”

Las comunidades autónomas tienen la llave

Aunque se aprobara el Real Decreto Ley incluyendo todas y cada una de las peticiones del sector, las empresas todavía tendrían que superar el principal escollo a la aplicación real de esta normativa: las comunidades autónomas. Las competencias en materia de inspección de vehículos están transferidas y en cada Comunidad Autónoma, el régimen es diferente. Ellas serán las que decidan, en última instancia, qué modelo aplicarán.
Hay Comunidades Autónomas, como Andalucía, Extremadura, Galicia o Asturias, que prestan este servicio a través de empresas públicas. Otras diez regiones dan una concesión administrativa a las compañías interesadas y las menos utilizan la más ágil figura de la autorización administrativa.
Este es el modelo que se aplica, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, región que mueve alrededor del 30% de todo el negocio de ITV de España. Según fuentes del sector, “desde que se introdujo el sistema de autorización, se han incrementando de 19 a 65 estaciones de ITV en Madrid”, explican fuentes del sector.
En Cataluña se intentó una situación mixta a través de autorizaciones por parte de la Generalitat. El Gobierno autonómico se reservaba las decisiones respecto al número de instalaciones y su ubicación. Este sistema ha quedado paralizado al estar inmerso el tema de las autorizaciones en un caso de corrupción que implica a altos cargos políticos catalanes.
“Al final, todo depende de la voluntad política”. Esta conclusión se desprende de todas las conversaciones de agentes del sector que conocen este tema. “Está totalmente en el aire porque también se liberalizó este sistema para los talleres y no hay casos de empresas de este sector que lo hayan hecho, no se ha aplicado”, afirman.

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