El Tesoro podría echar mano de sus reservas para evitar una emisión extraordinaria
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Los grandes proveedores no cobrarán sus deudas al menos hasta marzo

El Ejecutivo prevé gastar 6.500 millones en el plan de pago a proveedores

Solo dispondría de 1.700 millones para abonar deudas a las grandes empresas

El Ejecutivo se comprometió con los proveedores a poner a cero el contador de la deuda comercial después del verano. Este año va a destinar 6.500 millones de euros, tal y como precisó el jueves el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para proveedores (4.564,62 millones para los pagos pendientes de las comunidades y otros 1.975,36 millones para los de las entidades locales).

Con este importe se hará frente a dos partidas. Por un lado, los impagos que no pudieron incluirse en el primer plan de pago a proveedores, con facturas pendientes de cobro hasta el 31 de diciembre de 2011, y por otro, las deudas de entidades locales, oficinas de farmacia y otros colectivos, con facturas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2013.

Fuera de esta fase quedan, sin embargo, todo el sector industrial, las pymes y los autónomos, que son los que más deudas acumulan por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Todos ellos esperaban poder cobrar sus facturas impagadas antes de final de año, pero todo apunta a que como pronto lo empezarán a cobrar a partir de marzo. ¿Por qué se ha producido esta situación? Fuentes empresariales señalan que el problema es estrictamente financiero. El Ejecutivo dispone este año de 8.200 millones de euros para financiar inicialmente el plan de pago a proveedores, de los que 7.000 estaban previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 y 1.200 correspondían a un excedente del anterior plan de pago a proveedores. Si a esa cantidad se le resta los 6.500 millones ya comprometidos para este año, el dinero que quedaría se limita a 1.700 millones de euros, una cifra claramente insuficiente para poder hacer frente a la deuda pendiente. Solo los impagos que acumulan la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin ) y la patronal de los laboratorios farmacéuticos Farmaindustria superan los 6.000 millones de euros, a lo que habría que sumar las deudas de los autónomos.

La puesta en marcha de esta segunda fase depende en exclusiva de la decisión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que previamente tendrá que tener atado como financiar el resto del plan. Y aquí es donde se encuentra el cuello de botella. El Ejecutivo baraja utilizar a finales de año ese remanente de 1.700 millones para pagar a proveedores, sin definir quiénes se verían beneficiados, y el resto lo pagaría a lo largo del próximo ejercicio. El problema es cómo financiarlo. Tradicionalmente se había recurrido a emisiones extraordinarias de deuda, aunque el elevado importe podría provocar una subida de la prima de riesgo, algo que quiere evitar a toda costa el Gobierno.

El abaratamiento de los costes de financiación ha generado un ahorro de 5.000 millones de euros al Ejecutivo. Analistas consultados por este periódico aseguran que el calendario del Tesoro está prefijado y que cualquier emisión extraordinaria transmitiría un mensaje muy negativo a los mercados, por lo que subrayan que con toda seguridad el Tesoro acudirá a otros mecanismos como las reservas. Algo que, sin embargo, no se hará hasta el año que viene porque el uso de fondos para este ejercicio ya está definido y cualquier alteración sería un aviso negativo para los mercados.

Al excedente de 1.700 millones de euros y a las reservas de las que pueda echar mano el Tesoro en 2014, habría que sumarle el dinero que se ha ido acumulando de más en las distintas emisiones que se han ido sucediendo en su calendario y que serviría para completar el montante necesario para hacer frente a esa cantidad, aún por determinar.

Los impagos sanitarios podrían superar los 10.000 millones

El descontento entre las patronales sanitarias es evidente. En las reuniones mantenidas con el Ministerio de Hacienda les habían prometido que el plan para saldar las deudas se activaría después del verano y que a final de año el contador estaría a cero. Nada de eso parece que vaya a suceder. Desde Hacienda les transmitieron que primero tendría que haber un acuerdo político, en clara alusión a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (en la que están representados todos los subsecretarios de Hacienda, Industria, Empleo, Fomento y Economía), y posteriormente ese pacto se trasladaría al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano de interlocución entre el Estado y las autonomías.

Fuentes empresariales advierten que si finalmente los impagos no se saldan hasta el primer trimestre, la bolsa de deuda sanitaria puede llegar hasta los 10.000 millones y gran parte de ella no estaría cubierta por el segundo plan de pago.

"Valencia y Andalucía no han pagado una factura en dos años"

Desde las organizaciones empresariales también se critica el hecho de que el anuncio de un plan para saldar la deuda comercial haya tenido un efecto directamente contrario al deseado. En primer lugar, las autonomías han optado mayoritariamente por dejar de pagar sus facturas a la espera de que se cierre un plan para saldar la deuda comercial. “A ello se suma el hecho de que todos los intereses de demora que se generen por los impagos no los tendrán que pagar”, añade Gloria Rodríguez, responsable autonómica de la patronal de tecnología sanitaria Fenin.

En este aspecto, Rodríguez destaca a la Comunidad Valenciana y a Andalucía como las dos comunidades que peor comportamiento ha mostrado en su política de pagos a proveedores. “Prácticamente no han pagado una factura en dos años”, resalta Rodríguez, quién, sin embargo, destaca los buenos datos registrados por Navarra, País Vasco, Madrid y Rioja, muy cerca del límite legal de 30 días.

Datos y cifras

Morosidad: El primer plan de pago a proveedores se saldó con el abono de 26.981 millones de euros, de los que 17.718 millones se destinaron para saldar deudas de las comunidades autónomas y 9.263 a ayuntamientos.

Aportaciones: Para ese primer plan de pago a proveedores se creó un consorcio entre el Ejecutivo y la banca, que aportaron 30.000 millones. De ellos, 7.000 millones procedieron del ICO y el resto de las entidades financieras. CaixaBank, BBVA, Santander y Bankia fueron los que más aportaron, con 3.067 millones cada uno. Para poner el contador a cero, todos los recursos serán aportados por el Estado. La banca queda al margen ya que, según fuentes del Ejecutivo, el Gobierno dispone de un mejor acceso a los mercados financieros.

Plazos: Una vez que se salden todas las deudas, el plazo máximo de pago de la deuda comercial para las Administraciones Públicas será de 30 días. Un objetivo considerado irreal por la gran mayoría de proveedores, ya que la media de cobro se está realizando en más de 300 días, diez veces por encima del nuevo límite legal.

Sanciones: Los proveedores consideran que la única manera de evitar que el fantasma de la deuda comercial resucite es aplicar un régimen sancionador a las Administraciones que no paguen. El anteproyecto de ley de control de la deuda comercial establece que se les podrá retener su participación en los ingresos del estado y que se les podría obligar a establecer un depósito del 0,2% del PIB como garantía.

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