El primer presupuesto sin ayudas a la compra de VPO

Los escasos recursos se destinarán al alquiler y a la rehabilitación La renta básica de emancipación se sustituye por otra ayuda que tendrá en cuenta los ingresos familiares

El próximo ejercicio será el año cero de la nueva política de vivienda social del Ejecutivo central. Convencido por los estragos provocados por el estallido de la burbuja inmobiliaria, el equipo del Ministerio de Fomento ha decidido reorientar las ayudas y subvenciones de la compra de vivienda al alquiler y la rehabilitación.

Por ello, el proyecto de ley de presupuestos que aprobará mañana el Consejo de Ministros será el primero desde la década de los 80 que no incluya una partida significativa con fondos para promover la edificación de VPO en régimen de propiedad. Obviamente, todavía se presupuestarán las cantidades que restan por pagar a los beneficiarios de años anteriores, “sobre todo las relativas a la subsidiación de los tipos de interés”, recalcan fuentes conocedoras de las cuentas públicas. Y es que una de las medidas estrella de los planes cuatrienales de vivienda aprobados hasta ahora era que el Estado abona a las familias con menos recursos una parte de los intereses correspondiente a la hipoteca de su piso de protección oficial. Se trata de una partida que año tras año irá disminuyendo su peso en el conjunto del gasto comprometido por Fomento, pero que no se puede dejar de pagar, ya que forma parte de las subvenciones concedidas a lo largo de los últimos años. Los cálculos oficiales estiman que son unos 250.000 beneficiarios quienes se benefician en la actualidad del pago de una hipoteca subsidiada.

Por lo tanto, lo que ya no volverá a ocurrir es que se incremente, puesto que este año el Plan de Vivienda 2013-2016 ya no contempla seguir incentivando la compra y centra todos los esfuerzos en impulsar el alquiler y la rehabilitación.

En total, el departamento que dirige Ana Pastor calcula que en los próximos cuatro años el arrendamiento recibirá subvenciones por unos 1.500 millones y la rehabilitación otros 627. Estos dos programas, sumados a otras iniciativas, darán como resultado un presupuesto cuatrienal de casi 2.500 millones con el que se prevé crear 105.000 empleos hasta 2016. En sustitución de las antiguas ayudas directas a la compra de VPO, las comunidades autónomas y las familias con menores ingresos se mantienen a la expectativa de cómo se articulará finalmente la ayuda al alquiler que sustituirá a la renta básica de emancipación (RBE) creada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Atención a desahuciados

A falta de los cambios definitivos, el proyecto contempla que puedan recibirla las personas físicas mayores de edad (no es exclusiva para jóvenes) con un límite de ingresos inferior a tres veces el IPREM, unos 1.600 euros mensuales o 22.365 euros brutos al año. Estos límites, no obstante, serán modulables según el número de miembros y composición que tenga la “unidad de convivencia” que solicite la ayuda. Esta es una de las grandes novedades frente al sistema anterior, que concedía la ayuda a título individual. Y es que el Ejecutivo central quiere asegurarse de que el dinero público llegue a las familias más necesitadas y no ocurra como con la subvención anterior, que acabaron cobrándola varios jóvenes que compartían piso.

En términos generales, la ayuda podrá alcanzar el 40% de la renta que pague el inquilino y esta no podrá ser superior a los 600 euros mensuales. En cualquier caso, el tope será de 2.400 euros por vivienda y año por un plazo máximo de 12 meses prorrogables hasta la finalización del plan. Además, “tendrán preferencia las personas que hayan sido desahuciadas”, establece el programa. Esto es lo que explica que la reserva de fondos que ha efectuado el Ministerio llegue hasta el ejercicio presupuestario de 2016.

Estos requisitos y cuantías suponen un ligero recorte sobre los cálculos efectuados en un primer momento. Pero, a cambio, el Gobierno espera con ello llegar a un mayor número de familias y evitar el fraude. En lugar de los 80.000 perceptores actuales de la renta básica de emancipación, confía en poder atender las necesidades de 133.000 hogares. Como en el anterior proyecto socialista, serán las comunidades autónomas, con las competencias en materia de vivienda transferidas, las que gestionen la tramitación de las ayudas.

Sin dejar el alquiler, otro de los programas estrella será el de impulso para la creación de un parque público de viviendas para arrendar, aunque este proyecto está todavía en fase muy embrionaria. La ministra ha reconocido ante las comunidades autónomas en la última reunión de la conferencia sectorial que aunque existen muchas casas vacías, es necesario seguir financiando la construcción de pisos destinados al alquiler social, siempre sobre suelos de titularidad pública.

Para ello, el presupuesto contemplará ayudas de hasta 250 euros por metro cuadrado útil de la vivienda con un límite del 30% del coste de edificación: máximo 22.500 euros por piso. El Ejecutivo persigue crear con estas subvenciones dos clases de viviendas: las de alquiler en rotación y las de arrendamiento protegido. Las primeras para familias con ingresos hasta 1,2 veces el IPREM y las segundas para hogares cuyos ingresos se sitúen entre 1,2 y 3 veces el IPREM. En ambos casos, la renta a pagar también estará topada. Falta por arreglar que estas ayudas se tramiten de forma más ágil y rápida, algo que el presupuesto no puede arreglar.

A la espera de nuevos incentivos fiscales

Quien realmente ostenta el poder de decidir con qué recursos cuenta cada Ministerio para el próximo ejercicio es Hacienda y, por ello, el ministro Cristóbal Montoro no ha dejado estos días de reunirse con representantes de los distintos sectores para comunicarles si verán o no cumplidos sus anhelos en las cuentas de 2014. En construcción, las únicas alegrías vendrán de la mano del alquiler y la rehabilitación de vivienda, donde el presupuesto hará más hincapié. Las empresas reclaman que además de ayudas directas se pongan en marcha nuevos incentivos fiscales para estimular la actividad y el empleo.

Sin margen en infraestructuras

Ni los síntomas de recuperación que apuntan el final de la recesión, ni la relajación de la prima de riesgo han convencido a Hacienda de que existe margen para incrementar el gasto en infraestructuras. El presupuesto en esta materia será claramente continuista respecto a 2013, según algunas fuentes consultadas. Otros portavoces apuntan incluso a un ajuste adicional de 1.000 millones de euros sobre lo presupuestado este ejercicio. Así, no será posible recuperar ninguna de las obras suspendidas desde 2010, ni incrementar sensiblemente el gasto para conservación y mantenimiento.

Gasto social y sanitario serán prioritarios

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, aseguró ayer que la política social, así como la sanitaria, son “una prioridad” para el Gobierno en estos próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014.

De hecho, Mato recordó que en las cuentas del Estado para 2013 seis de cada diez euros se destinaron a políticas sociales. Por otra parte, el colectivo Carta por la ciencia completó ayer su ronda de contactos con los grupos parlamentarios en demanda de más recursos para la inversión en I+D+i, recibiendo de todos su compromiso de colaboración.