Santander acoge el XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones
Palacio de la Magdalena de Santander, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Palacio de la Magdalena de Santander, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Las ‘telecos’ españolas examinan sus tensiones en todos los negocios

En el sector se abre un nuevo marco con la desaparición de la CMT

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander va a acoger esta semana el XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones, que organiza la patronal tecnológica Ametic. Un evento en el que comparecerán los principales directivos de las operadoras españolas: José María Álvarez-Pallete y Luis Miguel Gilpérez por parte de Telefónica; Francisco Román y Antonio Coimbra representando a Vodafone; Jean Marc Vignolles, al frente de Orange; Rosalía Portela, de Ono; y Eduardo Taulet, de Yoigo. Junto a ellos, el Ministro de Industria, José Manuel Soria, y el secretario de estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo.

Sobre la mesa, muchas cuestiones. Y es que el sector se enfrenta un año más a retos decisivos. Y es que la industria está inmersa en un profundo proceso de transformación, marcado por la implantación de las ofertas integradas, desde el lanzamiento, hace casi un año de Movistar Fusión. Unas propuestas que han cambiado los modelos comerciales y de facturación.

La situación actual de la industria española también está marcada también por los despliegues de las redes de fibra óptica, con una gran disputa entre Telefónica y Jazztel por una parte, y Vodafone y Orange por la otra. Ahora mismo, estas dos últimas firmas tienen recurridos los precios de acceso a las verticales de Telefónica fijados por la CMT de manera cautelar.

De igual forma, las operadoras españolas están fase de lanzamiento de los servicios móviles de 4G. En este punto, hay varias incógnitas de relevancia. Por un lado está el establecimiento del calendario definitivo para el dividendo digital, por el que las telecos podrán acceder a las frecuencias de la banda de 800 MHZ, hasta ahora en manos de los grupos televisivos. Una incertidumbre que Industria tiene todavía que aclarar.

Por otro lado, están las críticas de grupos como Vodafone y Orange contra el acuerdo entre Telefónica y Yoigo, anunciado a principios de agosto, por el que la primera podrá dispondrá de servicios 4G sobre la red de la filial española de TeliaSonera.

Vodafone y Orange dijeron que el acuerdo era una infracción de la legislación de telecomunicaciones en materia del espectro y competencia, calificando el pacto de “fusión encubierta”. En este sentido, pidieron al Ministerio de Industria, la Comisión Nacional de Competencia y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) un análisis detallado de la operación.

Precisamente, en este línea, el sector de las telecos se va a enfrentar a partir de ahora a un nuevo escenario por la desaparición de la CMT y el nacimiento de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De mantenerse el calendario, el nuevo regulador entrará en vigor este mismo otoño con tareas relevantes por resolver. De momento, entre las operadoras hay bastantes incertidumbres porque ningún miembro del actual consejo de la CMT, ni siquiera su presidente, Bernardo Lorenzo, permanecerá como consejero de la CNMC.

El nuevo regulador, que estará presidido por José María Marín, actual consejero del Banco de España, podría tener un papel clave ante los posibles movimientos corporativos que pudieran darse en el sector. Y es que en la industria hay un trasfondo de posibles operaciones corporativas ante las fusiones que empiezan a darse en países como Alemania e Irlanda.

Bajo el escenario de la presión fiscal

La presión fiscal sigue siendo una de las mayores críticas que están lanzando las operadoras españolas de telecomunicaciones. Un escenario que se reabrió la pasada semana con la sentencia del Tribunal de la UE en la que se avalaba el sistema de financiación de RTVE aprobado por el anterior Ejecutivo en el que se fijaba una tasa a los operadores para compensar la supresión de la publicidad en el ente.

Las compañías, que volvieron a criticar el modelo, mantienen un recurso ante el Tribunal Supremo contra esta legislación.

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