El servicio de interrumpibilidad de la gran industria se recorta en 200 millones

El ‘rescate’ de renovables que incluye la reforma eléctrica será voluntario

Es necesario un nuevo reglamento-

La interumpibilidad se recorta en 2014

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez- Aroca, enseña una copia del BOE que publicó la regulación ahora derogada.
El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez- Aroca, enseña una copia del BOE que publicó la regulación ahora derogada.

Los reglamentos de la reforma eléctrica siguen brotando gota a gota. A los reales decretos sobre las metodologías de cálculo de la retribución de las redes de distribución y transporte y de la orden ministerial para la revisión de los peajes en agoste, se han sumado los decretos sobre regulación del régimen especial y el del servicio de interrumpibilidad de la industria.

 Sobre el régimen especial (un término que pasa a la historia, pues la norma hace ya referencia a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos), una de las novedades más relevantes es la posibilidad de cierre de determinadas instalaciones de este tipo, que hasta ahora cobraban primas y a partir de ahora el denominado “régimen retributivo específico” (el incentivo al que tienen derecho las plantas que no puedan compensar sus costes de inversión con el precio del mercado y que recibirán una tasa de rentabilidad del 7,5% por toda la vida regulatoria).

Pese a las dudas generadas, se trata de una especie de rescate voluntario, ya que establece condiciones para optar al mismo a cambio de un incentivo. Si fuese obligatorio, se trataría de una expropiación con compensación.

Para acogerse a este mecanismo (que requiere de un nuevo reglamento por parte del Gobierno) deben ser instalaciones con incentivos “excesivos en relación con los ingresos para el sistema”, que se de en situación de crisis económica y que afecte a las economías domésticas y a la competitividad de las empresas.

Aun sin conocerse el incentivo, para que acogerse al mismo compense, este debería recoger al menos los costes financieros de la planta a clausurar, señalan fuentes del sector. Según datos ofrecidos ayer por las asociaciones de renovables, la deuda de estas compañías suman 40.000 millones de euros, de los cuales, la mitad corresponde a la fotovoltaica (un tercio de la deuda está en manos de la banca extranjera)y 10.000 millones, a la eólica. En los encuentros que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, mantuvo antes de aprobarse la reforma eléctrica, este ya sugirió la posibilidad de crear una especie de banco malo para las plantas que pudieran quebrar.

Recorte a la interrumpibilidad

Por otro lado, el Ministerio de Industria remitió ayer a la Comisión de la Energía (CNE) el real decreto que regula el servicio de interrumpibilidad de la industria (una tarifa inferior de que disfrutan a cambio de que el operador pueda cortarles el suministro en caso de que el sistema lo necesite).

Nadal ya adelantó el pasado fin de semana que este servicio se adjudicará en subastas que correrán a cargo del operador del sistema. La norma que debe dictaminar la CNE,regula el sistema de subastas y la retribución.

Según la memoria económica de este decreto, la partida por interrumpibilidad (uno de los costes de los peajes de acceso) se recortará en 200 millones respecto a los 748 millones de este año. Pero, en contra de lo prometido por el ministro de Industria, José Manuel Soria, el recorte se aplicará ya en 2014 y no desde este año como ha ocurrido con la distribución, el transporte y las primas de las renovables.

Además, se queda como estaba si se tiene en cuenta que la partida original de unos 500 millones, se incrementó en 2012 en 226 millones. Una cantidad destinada únicamente a los tres mayores consumidores industriales:ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Alcoa.

 

Anpier: "Es una reforma ideológica, kafkiana, de exterminio del sector”

Las cuatro asociaciones del sector de las renovables (Anpier, APPA, UNEFy Protermosolar)arremetieron ayer duramente contra la reforma eléctrica del Gobierno que elimina el actual sistema de primas y lo sustituye por otro régimen regulatorio de consecuencias imprevisibles.

En una rueda de prensa conjunta, sus responsables, estos no escatimaron adjetivos para calificar la reforma. El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez Aroca, consideró que es un “exterminio”; una “salvajada” y una reforma “ideológica kafkiana” elaborada por una sola persona, por ello, “un dictador”, que se cree “todopoderoso”. Tas escenificar la situación rompiendo una copia del RD 661 que regulaba el régimen especial, Martinez Aroca anunció una nueva batería de recursos ante el Constitucional, para lo que han pedido ayuda a las comunidades autónomas: a la Audiencia Nacional, el Supremo y el Tribunal de la UE. Según sus palabras es el quinto cambio regulatorio del sector en tres años.

Estas asociaciones ponen niegan que el nuevo régimen les vaya a garantizar el 7,5% (incluso retroactivamente), pero no se atrevieron a avanzar una tasa de retorno, pues todo depende de los costes estándares que se establezcan para la retribución adicional, que volverán a cambiar dentro de seis años. Otra potestad que se arroga “una sola persona”, según Martínes Aroca.

Para José Donoso, director de UNEF, que thabló de “contrarreforma”, no es que hayan cambiado las reglas en mitad del partido, sino una vez que este ha terminado, “es algo más que una retroactividad”. Es una situación similar a la creada con “las preferentes”, con la diferenecia de que el responsable es el Estado. Muchas instalaciones ya se vieron obligadas a refinanciar su deuda con los anteriores recortes y se han quedado sin margen.

En su opinión, el nuevo mecanismo prima “al más ineficiente”.

El PP se queda solo en la convalidación del real decreto eléctrico

El Grupo Popular se quedó ayer solo en el Congreso en el trámite de convalidación del real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, la primera norma del paquete legislñativo que conforma la reforma del sector que está acometiendo el Gobierno.

Los restantes grupos parlamentarios lo rechazaron y reprocharon al PP la premura con la que el Parlamento ha abordado la convalidación del decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes y publicado en el BOE al día siguiente, así como la gran cantidad de medidas puestas en marcha por el Gobierno sobre el sector eléctrico en el último año y medio.

También se rechazó su tramitación como proyecto de ley, algo que solicitaron el PSOE y el PNV. En el debate, el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que el objetivo es resolver definitivamente el problema del déficit de tarifa que se arrastra desde 2004 sin incurrir en elevados incrementos del precio de la electricidad, así como acabar con la incertidumbre. Según Soria, la reforma contiene “medidas imprescindibles” que han generado “incomodidad a sectores que tradicionalmente han mostrado capacidad de persuasión” con anteriores distintos gobiernos.

El portavoz del PSOE, José Segura, recordó que el origen del déficit está en la ley eléctrica de 1997 por la que se liberalizó el sector y no en 2004, como dijo Soria. Segura criticó que las normas del Ejecutivo harán inviable el autoconsumo eléctrico con balance neto y contribuirá a hundir las renovables y la cogeneración, así como la confianza de los inversores internacionales en España por su retroactividad. CiU cargó contra lo que a su juicio es una “política errónea, de parcheo e improvisación” y por perjudicar a los consumidores finales.

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