Soria ejecuta un recorte de 2.700 millones a las energéticas

Profundo malestar en el sector eléctrico Desaparece el sistema de primas a las renovables Hoy entra en vigor el RDL con los recortes

Soraya Sáenz de Santamaría, junto a José Manuel Soria y Alberto Nadal.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes la polémica reforma eléctrica con la que el Gobierno pretende poner fin al déficit de tarifa, que supera ya los 26.000 millones de euros. Se trata de una docena de normas que incluye un real decreto ley de medidas urgentes para la estabilidad financiera del sistema eléctrico; un complejo proyecto de ley para reformar la Ley Eléctrica de 1998 aprobada también por el Gobierno del PP; ocho reales decretos y dos órdenes ministeriales. El primero entrará en vigor el lunes, tras su publicación en el sábado en el BOE.

 Según declaró en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de la “reforma definitiva” para solucionar el agujero del déficit de sin que el coste recaiga solo sobre los consumidores. Por su parte, el titular de Industria, José Manuel Soria, señaló “cuando el interés general no coincide con el interés legítimo de las empresas, prima el interés general”.

Según palabras de Soria, la polémica reforma, que supone un fuerte recorte de los ingresos de las actividades reguladas (distribución y transporte) y la desaparición del actual sistema de primas del régimen especial, “no se ha casado con nadie”. Efectivamente, a la vista de la virulenta reacción de todas las empresas del sector, excepto REE, más bien se ha divorciado de todos.

Además de los recortes al sector (2.700 millones que se reparten casi a partes iguales entre las grandes eléctricas y las renovables), la reforma incluye una subida de los peajes de acceso del 6,6% en agosto, lo que, según cálculos de Industria, se traducirá en una subida media de la factura de la luz del 3,2% en dicho mes y unos ingresos para el sistema de 900 millones.

Este alza de agosto es posible legalmente porque es el propio RDL el que establece que se aprobará en una orden ministerial que se enviará a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para su informe, que estaría listo en agosto.

Con estas cantidades y la aportación de Hacienda de otros 900 millones (la mitad de los incentivos de los sistemas extrapeninsulares que se consolidará a partir de ahora), se pretende cubrir los 4.500 millones de déficit que aún se ha generado este año. La reforma será totalmente efectiva a partir de 2014 y hasta entonces se establece un periodo transitorio en el que no se descarta algún desfase. Este lo pagarían las eléctricas en 15 años, pero sin que puedan titulizarlo con el aval del Estado, como ha ocurrido hasta ahora con el déficit tarifario.

Los recortes, según el Gobierno, respetan una rentabilidad “razonable” a la que la ley obliga. Para Industria, dicho umbral está en un 7,5%, que resulta de aplicar las actuales obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos, y para la distribución y el transporte, el 4,5% más 200 puntos básicos (en lo que queda de este año, recibirán 100 puntos básicos). Las eléctricas han denunciado que el recorte a la distribución es del 20%. Porcentaje que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, calificó de exagerado en una rueda de prensa que ofreció también el viernes por la tarde. “habrán contabilizado recortes anteriores”. Fuentes del sector aseguran que el recorte en los ingresos de las redes será del 7%.

El Gobierno crea un mecanismo de control del déficit similar a las reglas de estabilidad presupuestaria

En el caso del régimen especial, desaparece el actual sistema de primas, que se sustituye por una compensación que recibirán cuando el precio que reciban en el mercado no garantice dicha rentabilidad. Pero no será un incentivo a la producción como hasta ahora, sino a la inversión, siempre que se mantengan una mínima producción.

Se puede dar la circunstancia, y así lo reconoció Nadal que si la rentabilidad obtenida hasta ahora es superior al citado 7,5%, no reciban ya incentivo alguno o este se reduzca significativamente. “Si ha habido rentabilidades muy superiores, es porque estarían mal calculadas”, aseguró Nadal. El complemento para cada tecnología se establecerá en función de costes estándares que se determinarán para cada una, por lo que reciban a partir de ahora hasta que se establezcan dichos estándares será a cuenta.

Nadal calificó de “importante el esfuerzo realizado por Hacienda”, tras el conflicto con Industria para que los Presupuestos asumiesen costes de la tarifa, y consideró que el consumidor “debe pagar lo necesario”. Mientras un consumidor medio pagaba 360 euros en 2003, su factura en 2011 se disparó a los 588 euros. Y para evitar que se vuelvan a producir desviaciones, la reforma incluye un mecanismo para controlar los costes del sistema similar a las reglas de estabilidad presupuestarias. Si los costes superan un nivel (el 2% del total de los costes en un año y cuando se acumulen hasta 2.000 millones, se producirá una subida automática de los peajes). En todo caso, el exceso lo pagará el sistema.

Hibernación de ciclos combinados

La reforma incluye también la posibilidad de que se hibernen 6.000 de los 26.000 MW instalados en ciclos combinados. Estos recibirían los incentivos a la inversión que reciben durante 10 años, mientras que los incentivos por disponibilidad serán subastados (se permitirá, pues la hibernación a quien esté dispuesto a cobrar menos).

También se subastarán las compensaciones en la tarifa eléctrica a las empresas industriales (interrumpibilidad); se reducirán los llamados pagos por capacidad y se introducen medidas para reducir los costes de los sistemas extrapeninsulares, con incentivos específicos para el desarrollo de energías renovables en las islas.

Unesa alerta de una "drástica destrucción de empleo"

La patronal de las grandes eléctricas, Unesa, se mostró el viernes en “total desacuerdo” por la reforma eléctrica del Gobierno porque carga en exceso y pide un “sacrificio” extra a las compañías eléctricas. En un comunicado, Unesa ve injusto el reparto de esfuerzos entre los agentes del sector, ya que carga el 65% del esfuerzo en las actividades tradicionales.

“Estos recortes y la inseguridad regulatoria que generan obligarán a las compañías de Unesa a una drástica reducción del empleo y a replantearse sus inversiones en España”, puntualiza la patronal. Además, Unesa destaca que las medidas anunciadas hoy suponen un esfuerzo adicional de cerca de 2.700 millones para el sector eléctrico, de los que 1.000 millones recaen sobre sus asociadas, “lo que quiere decir que estas siguen asumiendo un coste desproporcionado”. El esfuerzo de las empresas de Unesa se debe a decisiones de políticas energéticas y sociales.

Las eólicas aguran "problemas financieros"

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) auguró este viernes que la reforma energética aprobada por el Gobierno supondrá una “cascada de problemas financieros para el sector y, eventualmente para la banca”, dado que “altera radicalmente” los flujos de ingresos de los parques eólicos de España.

A falta de conocer detalles fundamentales como la forma en que se actualizará la retribución o el modo de pago, la patronal considera que el Ejecutivo ha tratado al sector de forma “tremendamente injusta, pese a que no es culpable del déficit de tarifa”. La AEE considera que la medida “vulnera los principios de seguridad jurídica al ser claramente retroactiva, porque cambia las condiciones de las inversiones realizadas por el sector durante más de 20 años”. Con esta reforma “innecesaria”, el Gobierno “incrementa aún más la incertidumbre que afecta al sector, con el que no ha dialogado”, denunció.

Temor a la quiebra entre las fotovoltaicas

El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, ha asegurado que la reforma energética aprobada por el Consejo de Ministros es “improvisada” y tiene “falta de rigor”, al tiempo que ha dicho que se sienten “engañados” por el Gobierno porque no se ha respetado ninguna de las condiciones que se establecieron cuando lanzaron sus proyectos. En declaraciones a Europa Press, Villarig ha destacado que la reforma energética pivota sobre la forma de resolver el déficit de tarifa, pero considera que antes de la redacción del texto no se han analizado sus causas “en profundidad”.

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (Unef), considera que esta reforma que puede llevar directamente a la quiebra a buena parte del sector, que acumula recortes anteriores que llegan hasta el 40% de los ingresos que se esperaban recibir al acometer las inversiones.

Consumidores, sindicatos y partidos, en contra

Además de las grandes eléctricas y las distintas empresas de renovables, también se mostraron frontalemente en contra de la reforma eléctrica del Gobierno los cogeneradores, las asociaciones de consumidores, sindictaos y partidos politcos. Las medidas no han sido acogida con buenos ojos por el PSOE, que ha anunciado que presentará una propuesta de reforma estructural del sector energético que resuelva, con carácter definitivo, uno de los mayores problemas para la salida de la crisis.

También los sindicatos UGT y CCOO han lamentado que la reforma lleve asociada un incremento del recibo eléctrico, que hace pagar a los ciudadanos “los excesos de las burbujas energéticas”, y que se haya adoptado sin consenso y en el peor momento económico. También la asociación de consumidores OCU se opone y ha recordado que en los últimos 6 años el recibo de la luz ha subido un 56 %.