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En portada

Quiero pasar la ITV en mi taller favorito

La liberalización de la inspección no traerá una bajada de precios, según los expertos

Pablo Moreno

Imagine poder pasar la engorrosa inspección técnica de vehículos (ITV) en su taller de confianza o en el concesionario. La liberalización de la ITV que actualmente está preparando el Ministerio de Industria puede convertirlo en una realidad en los próximos meses. Pero no imagine demasiado porque para los consumidores españoles esta podría ser la única ventaja de la medida.

Aunque la liberalización suele ser sinónimo de competencia y, por añadidura, de bajada de precios, en España esto está por ver. Según ha señalado Rubén Sánchez, portavoz de la asociación Facua-Consumidores en Acción, existen demasiados ejemplos que invalidan esta suposición.

“Ni la liberalización del sector de la energía ni el de las gasolineras ha supuesto ninguna ventaja económica para los consumidores españoles. Hasta el momento, solo las operadoras de teléfonos móviles han comenzado la senda de una verdadera competencia tanto en precios como en servicios”, explica Sánchez.

Pese a que la norma, que daría entrada a los talleres y concesionarios para realizar estas inspecciones, aún no está ultimada, ya se ha generado una verdadera polémica entre todas las partes. Los concesionarios, los talleres pequeños y las empresas encargadas de la ITV integradas en la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) intentan arrimar el ascua a su sardina.

Fichados por el control telemático de la DGT

De momento, la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha puesto las pilas. El año pasado puso en marcha un proyecto para conectar telemáticamente todos los centros de ITV con la DGT.

Esta iniciativa permite a la autoridad de tráfico recibir los datos de las inspecciones en tiempo real y en todo momento saber los vehículos que han pasado por ella o no, y si la tienen en regla, evitando de paso la proliferación de falsificaciones de tarjetas y sellos de inspecciones.

Actualmente ya se transmiten de forma telemática más de 20.000 inspecciones diarias. Con esta medida, además, a la hora de comprar un coche, el ciudadano tendrá información sobre las inspecciones y reformas introducidas en el vehículo.

Paralelamente, este año la DGT ha enviado cartas a los conductores españoles para recordarles que tienen que pasar estas revisiones y cuándo.

De momento, en lo único que están de acuerdo es en que debe reforzarse el control de estas revisiones, ya que actualmente más de tres millones de vehículos circulan por las carreteras españolas sin haberlas pasado. Y está estudiado que estas demonizadas inspecciones evitan alrededor de 11.000 accidentes de tráfico al año.

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) es la que se ha mostrado más interesada en el proceso de apertura. Según ha explicado su secretario general, Blas Vives, es necesario que se produzca una liberalización para potenciar las inversiones de los empresarios en este negocio. “Existen más ITV en Marruecos, donde solo hay un parque de seis millones de coches, que en España, donde hay más de 30 millones”, argumenta.

El modelo que Vives considera más viable para implantar en España es el alemán. Este sistema permitiría a los talleres contar con una línea de inspección fija, aislada, con peritos especializados e independientes, que garantizarían la neutralidad. Las tasas seguirían cobrándolas las comunidades autónomas y solo una parte pequeña iría al taller.

En España, las empresas concesionarias de ITV tienen que contar con instalaciones integradas con todas las líneas de inspección (turismos, camiones, furgonetas, motocicletas, etc.), lo que supone inversiones de hasta seis millones de euros. Un escollo que solo permitiría la entrada de grandes grupos inversores. Con esta fórmula (de una sola línea), las inversiones podrían reducirse hasta los 65.000 euros, lo que permitiría el acceso de talleres y concesionarios.

La rebaja de los precios de la inspección, que oscila entre los 35 y 40 euros, y el aumento del número de puntos donde pasar la ITV son, a juicio de Juan Antonio Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), son algunas de las principales ventajas que traería la apertura de este servicio.

En AEC-ITV, la postura ante esta medida es meridiana. Zapatero a tus zapatos. El secretario general de esta asociación, Luis Rivas, aclara que la ITV se configura como un servicio público prestado por el Estado. De hecho, en algunas comunidades autónomas, como Asturias, Andalucía o Extremadura, hay empresas públicas detrás que realizan este servicio aunque la gran mayoría cuenta con una red de empresas concesionarias.

Las cifras

16,9 millones de vehículos fueron revisados el año pasado, lo que representa un 2,3% más que en 2011.

3 millones de vehículos circulan por las carreteras españolas sin pasar la ITV, según estiman en el sector.

11.000 accidentes al año evitan las inspecciones realizadas por los más de 400 centros de toda España.

Lo cierto es que actualmente apenas una decena de grupos, que cuentan con más de 400 estaciones de ITV en toda España, se reparten una tarta de más de 600 millones de euros de facturación anual, un dato que tienen en el punto de mira los concesionarios españoles, que con la crisis han bajado la venta de coches.

La necesidad de mantener la independencia de los centros de ITV es otro argumento esgrimido por Rivas. “Nosotros no reparamos los vehículos. No se puede ser juez y parte en este asunto”, añade. Desde luego, el miedo no es infundado. Siempre sería más cómodo llevar el vehículo a la revisión al concesionario o al taller más cercano y a la vez reparar los defectos detectados en el vehículo.

Esta posibilidad solo beneficiaría a los talleres más grandes, que pueden afrontar las inversiones necesarias. Es posible que una parte importante de las operaciones previas y posteriores a la ITV se desplacen de las pymes, independiente o ligadas a los fabricantes, a las grandes instalaciones, asegura Ramón Marcos, presidente de la Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción (Conepa). Actualmente, el trabajo generado por la ITV supone entre el 15% y el 25% de la actividad de los talleres pequeños y esta medida podría suponer un merma del 20% de su facturación anual, según estiman en AECA.

La posible bajada del precio también ha sido puesta en tela de juicio por esta asociación. “Los precios no son libres, los marcan las comunidades autónomas”, recuerda Rivas. Pero el portavoz de Facua ha puntualizado que las autonomías lo que fijan es el precio máximo, pero nunca el mínimo, y “los centros de ITV nunca han rebajado los precios para competir, con el agravante de que se trata de un sector que cuenta con unos márgenes de beneficio brutales”, explica Sánchez. “Abaratar las tarifas y publicitarlas formaría parte del juego de la competencia”.

Eugenio Dobrynine, director de la asesoría jurídica del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), entiende que las revisiones hechas por los concesionarios y fabricantes, a priori, podrían ser más exhaustivas al tener un conocimiento más preciso de las marcas. Por contra, alude a inconvenientes como el acuerdo entre ellos sobre las tarifas o las zonas de implantación.

Por su parte, la coordinadora de proyectos de la Fundación para la Seguridad Vial (Fesvial), Cristina Catalá, ha señalado que en cualquier caso, todos los establecimientos habilitados para la ITV tienen que extremar los controles y requisitos técnicos establecidos, porque “la crisis ha rebajado mucho las inspecciones”.

Una idea también compartida por la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA, que insiste en que el servicio de ITV debe estar supervisado y contar con mayores controles por parte de la Administración, de modo que no sea tan laxo y que todos utilicen los mismos criterios, por cuanto es conocido que es más fácil pasar la inspección en unos centros que en otros.

Para extremar la seguridad, esta asociación también considera que debe existir una separación entre el responsable de la reparación y el que supervisa que el vehículo funciona correctamente, ya que puede ocurrir que obliguen a reparar fallos que el coche no tiene o incluso que se den tratos de favor durante la inspección a los mejores clientes.

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