YPF abre la puerta a una reclamación civil contra Brufau
La Junta de accionistas de YPF ha apoyado hoy “promover acciones de social responsabilidad” contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau, mientras la petrolera española denunció una campaña de difamación y adelantó que se reserva el derecho de emprender acciones legales.
Fuentes de la reunión dijeron a Efe que la asamblea aprobó con el solo apoyo del Estado argentino, que posee la mayoría del capital, la reclamación contra Brufau y/o el directorio, que puede traducirse en una demanda civil, por autorizar pagos de retribuciones a directores que figuraban en las cuentas, pero que no habían sido aprobados por la asamblea.
Según las mismas fuentes, en la asamblea se puso de manifiesto que se trata de una cuestión formal que no afecta al fondo de las cuentas.
Brufau fue presidente de Repsol-YPF hasta mayo del pasado año, cuando el Gobierno argentino expropió el 51 por ciento de las acciones de la petrolera española en YPF, donde mantiene aún una participación del 12 por ciento.
Durante la reunión, representantes de Repsol denunciaron una campaña de “difamación y calumnias” y anunciaron que interpondrán todas las acciones necesarias en defensa del honor de la compañía, de su presidente y del directorio, según fuentes próximas a la compañía.
Además, la asamblea, continuación de una primera realizada el pasado 30 de abril, aprobó el mantenimiento de Miguel Galuccio como presidente y del secretario de Política Económica, Axel Kicillof, como representante del Estado nacional, mientras que Repsol logró elevar a dos miembros su representación en el consejo de YPF.
La decisión de la Asamblea se produce en medio de una intensa batalla legal que mantiene Repsol con el Gobierno argentino por la reclamación de una indemnización por la expropiación de sus acciones en YPF.
Repsol presentó en diciembre pasado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) por la expropiación de sus acciones para que Argentina le pague una compensación por lo que la firma española considera un expolio.