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La Audiencia obliga a incluir los híbridos en el caso

Los 300.000 dueños de preferentes podrán ir a la causa penal de Bankia

La causa investiga ya al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y a 31 exconsejeros imputados Es probable que Fernando Andreu abra una pieza separada

Sede de Bankia
Sede de BankiaPablo Monge

El juez Fernando Andreu –instructor del caso Bankia desde julio de 2012, cuando admitió a trámite una querella de Unión Progreso y Democracia (UPyD)–tiene un ingente trabajo por delante. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha obligado a extender la causa que investiga la salida a Bolsa de la entidad. Deberá incluir en ella el supuesto fraude a los clientes que compraron preferentes y bonos subordinados de algunas de las siete cajas que fueron el germen de Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia.

Esto implica en la práctica que los en torno a 300.000 dueños de preferentes de Bankia, tanto los que fueron al canje de marzo de 2012 como los que se han convertido en accionistas hace unos días, podrán adherirse a la causa penal en la que están imputados Rodrigo Rato, presidente de BFA y Bankia hasta mayo del año pasado, y otros 32 exconsejeros de alguna de las dos entidades.

Tres magistrados de la mencionada Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideran que no puede separarse la creación de BFA-Bankia y la posterior salida a Bolsa de la filial de la comercialización de los híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada) por parte de las siete cajas de ahorros que dieron origen a las entidades.

El auto, disponible en CincoDías.com, zanja que no puede considerarse “como un mundo totalmente aparte e independiente el súbito deterioro patrimonial de Bankia”. Aseguran que este no fue un súbito deterioro, sino “la consecuencia de una previa actuación conjunta para sobrevalorar artificialmente el valor de las cajas a fusionar”. “Crearon un producto artificialmente saneado mediante la venta masiva a los pequeños ahorradores de productos de nulo valor financiero”, advierte.

Así, Fernando Andreu debe admitir a trámite en esta causa una querella presentada por la empresa Bochner España, que adquirió 100.000 euros en preferentes de Bancaja e imputar por tanto a la caja y al director de la sucursal de la localidad valenciana de Alberic.

El juez Andreu había rechazado incluir las preferentes en el caso pues se “convertiría el proceso en una suerte de causa general contra directores […] de los cientos de sucursales […], lo que vulneraría el principio constitucional de tutela judicial efectiva”. Los tres magistrados encargados del auto enmiendan la plana a Fernando Andreu y aseguran que la comercialización de híbridos es “indiciaria y razonablemente inscrita en los actos preparatorios, previos e inseparables del posterior brusco deterioro patrimonial de Bankia, en cuanto constituyen maniobra de recapitalización artificial de una de las cajas de ahorros cuyo proyecto de fusión estaba en marcha y que culminó el 3 de diciembre de 2010”.

“El auto supone un cambio radical. El juez Andreu va a tener que investigar ahora no solo los hechos producidos por la creación de Bankia sino también la gestión de las cajas de ahorros fundadoras del grupo”, explica a este diario Andrés Herzog, secretario general de UPyD en el Congreso y responsable jurídico de la querella presentada por este partido contra los responsables de Bankia.

Jordi Ruiz de Villa, socio especializado en Litigación Bancaria del bufete Jausas, considera que este movimiento va alargar el proceso, puesto que de entrada se cierra la posibilidad de que haya varios juicios por el caso. Ruiz de Villa defiende que la emisión de participaciones preferentes de Caja Madrid en junio de 2009 debe juzgarse como un tema separado. En pleno proceso de colocación, Moody’s rebajó el rating de las preferentes de la entidad a bono basura.

“A los cualificados, que no pueden acceder al arbitraje y que quizá vean desestimadas sus demandas [...], se les abre una puerta a la esperanza. También servirá a aquello que no ganen las demandas civiles, pues podrán recurrir a este proceso”, señala Santiago Viciano, socio fundador de V Abogados.

Viciano recomienda el arbitraje para los casos flagrantes; si se evalúa al cliente y está en situación, la reclamación civil; y si es un inversor que sabía lo que compraba, la adhesión al proceso penal.

“El nuevo criterio puede complicar la instrucción”

Andrés Herzog, secretario general de UPyD en el Congreso y responsable jurídico de la querella presentada por este partido contra los responsables de Bankia, ha explicado a este diario que “el nuevo criterio puede complicar notablemente la instrucción”. “A nadie se le escapa que, en su día, la decisión de dejar fuera de la investigación todo lo relacionado con las cajas tenía por objeto limitar la complejidad del proceso y contar con una sentencia en un plazo razonable. La decisión de incluir las preferentes y, en su caso, otros actos y acuerdos de las cajas podría demorar el procedimiento”, señala Herzog, cuya querella dio origen al caso penal por la creación y salida a Bolsa de Bankia. “A fin de evitar lo anterior, podrían crearse piezas separadas y darles cierta autonomía en la instrucción, pero en todo caso va a ser un proceso de indudable complejidad”, señala el secretario general de UPyD.

“La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acuerda lo que sería –si no me equivoco– la primera imputación directa de un director de sucursal de una caja que ha comercializado preferentes (Bancaja en este caso), lo que cual es un precedente que pueda traer importantes consecuencias”, añade Andrés Herzog.

Otras fuentes jurídicas explican que, aunque se haga una pieza separada por las preferentes, el proceso se puede alargar en el tiempo. Se podría comparar a Fórum-Afinsa. La instrucción comenzó hace siete años y aún no ha concluido, explican desde un bufete. Santiago Viciano, de V Abogados, advierte que “la instrucción y resolución de un macroproceso como este puede durar 15 años hasta que la gente cobre”. El fundador de V Abogados pone de ejemplo el caso de la colza, en el que hay gente cobrando todavía.

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