Primer análisis sobre la nueva norma

Linde suavizará el impacto de las provisiones por refinanciaciones

El Banco de España baraja ampliar el plazo a tres años y usar otras dotaciones

La mayoría de la banca es contraria a que den más de dos años para su aplicación

Fachada del Banco de España. EFEArchivo Ampliar foto
Fachada del Banco de España. EFE/Archivo EFE

Las entidades financieras están inmersas en la actualidad en la revisión de toda su cartera de créditos refinanciados. Los nuevos criterios impuestos por el Banco de España el pasado 30 de abril para su provisión exigen que todos deberán ser clasificados como riesgo subestándar, es decir, deberán ser provisionados en un 15%. Solo algunos de estos créditos podrán mantenerse como normales, mientras que otros pasarán a ser dudosos y deberán provisionarse en un 25% el primer año.

En conjunto, los bancos cuentan con 208.000 millones de euros en créditos refinanciados, de los que 88.000 millones están clasificados como normales, según datos del Banco de España, que en su mayoría pasarán a subestándar.

Tanto los analistas como el sector consideran que la nueva norma obligará a la banca a realizar saneamientos extra entre 6.000 millones de euros a 10.000 millones. Además, opinan que las repercusiones en la cuenta de resultados serán muy diferentes según la entidad. Cuanto más elevada sea la cartera de créditos refinanciados considerados normales de un banco, mayor será el número de reclasificaciones que se deberá realizar a a subestándar.

Linde suavizará el impacto de las provisiones por refinanciaciones

Este impacto puede llevar a alguna entidad financiera a pasar más de un apuro en un momento en el que el negocio financiero sigue cayendo en picado, mientras que la morosidad sube.

Fuentes del Banco de España, de hecho, aseguran que las nuevas necesidades de provisiones tanto por la subida de la morosidad como por los nuevos requisitos de dotaciones por los criterios para reclasificar a los créditos refinanciados tendrán un efecto depredador en los márgenes de los bancos, y por lo tanto en sus beneficios. Estas mismas fuentes definen el presente ejercicio como “muy difícil y complicado”, y prevén incluso márgenes negativos.

El Gobierno, mientras, niega tener que ampliar las peticiones de ayudas para la banca española a Bruselas –ha utilizado 40.000 millones de los 100.000 millones que concedieron–, pero ahora reconocen que hay entidades que necesitarán nuevas recapitalizaciones con fondos públicos, “que serán totalmente asumibles por el país”. Ante este panorama el supervisor ha comenzado a dar mensajes más positivos a la banca.

De momento, los inspectores in situ que las entidades financieras tienen en sus oficinas están reclamando a los bancos que les faciliten una primera visión del impacto que tendrá esta norma en sus cuentas, y los créditos refinanciados que deberían reclasificar. El objetivo es tener una foto aproximada de las necesidades de nuevas provisiones antes del 30 de septiembre, fecha en la que las entidades tienen de tope para realizar este ejercicio de reclasificación.

En las conversaciones que mantienen los equipos técnicos del Banco de España con las entidades el mensaje es el mismo. El plazo para realizar estas provisiones puede ampliarse a dos o tres años para amortiguar el impacto. Además, el supervisor estudia otras alternativas. Entre ellas destaca utilizar el saldo remanente de las provisiones que se vayan liberando durante este año o que no hubiesen sido aplicadas en su integridad a su destino inicial, sobre todo al inmobiliario, a realizar estos saneamientos. Lo mismo sucede con las provisiones genéricas (las que no tienen un fin determinado).

Fuentes financieras aseguran que esta medida impide así que la banca pueda liberar saneamientos para destinarlos a otros fines como reservas o beneficios, o cubrir los créditos dudosos que cada entidad pretenda en cada momento. Fuentes del Banco de España aseguran que en el decreto de mayo del pasado año, conocido como Guindos I, ya se recoge esta exigencia.

La mayoría de los bancos consultados consideran negativo que se amplíe el plazo a tres años, ya que generaría nuevamente desconfianza en el mercado, justo lo que se quiere combatir. Además, insisten en que la mayoría de entidades realizarán estos ajustes durante este año.

Una estrecha vigilancia al sector

 Las conversaciones que mantiene la banca con el supervisor para analizar alternativas para suavizar el impacto de las nuevas provisiones se produce justo cuando la troika –formada por la CE, el BCE y el FMI– visita por tercera vez España. Un momento muy oportuno, ya que la troika debe emitir su opinión sobre el riesgo de las refinanciaciones o lo que se ha llamado, morosidad oculta. Mientras, el Banco de España ya ha reclamado al sector “prudencia” a la hora de asumir riesgos. Y ha advertido que va a estar muy encima de las entidades de crédito. “El impacto de la macroeconomía en los bancos exige una estrecha atención supervisora”.

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