La rebelión de los alcaldes obliga a Montoro a suavizar la reforma local
El Ejecutivo permitirá que los alcaldes de pueblos pequeños cobren un sueldo Se retira a la intervención 'exprés' para los municipios deficitario de menos de 50.000 habitantes
Hacienda suavizó ayer ciertos aspectos del anteproyecto de ley de reforma local tras reunirse con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Desaparecerá de la normativa la intervención exprés para municipios inferiores a 5.000 habitantes con números rojos y se permitirá que los alcaldes de pueblos pequeños cobren un sueldo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negó que estudie rebajar el sueldo a los funcionarios locales, aunque admitió que se modificarán los complementos específicos.
El Ejecutivo ha ido suavizando paulatinamente la reforma local. En un primer momento, llegó a plantear la reducción del 30% del número de concejales, una idea que no llegó a pasar del primer borrador. Ahora, tras reunirse con la FEMP, el Ejecutivo ha ofrecido ciertas concesiones para calmar el malestar de los ayuntamientos, la mayoría del PP. Así queda la reforma local:
Sueldos
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer a los representantes locales que el Ejecutivo no se plantea rebajar el sueldo de los empleados (funcionarios y laborales) municipales. Sin embargo, sí reconoció que el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local faculta al Ejecutivo para modificar en los Presupuestos los complementos retributivos. Hacienda señala que el objetivo es acabar con la disparidad salarial que se produce entre municipios para un mismo cargo. Así, la idea del Gobierno es establecer unas horquillas mínimas y máximas de complementos específicos.
Los umbrales todavía están por definir. A pesar de que el Gobierno rechaza la idea de una rebaja salarial, los funcionarios y empleados locales con nóminas donde la parte de complemento específico es muy relevante podrían ver reducido su salario. El plus de peligrosidad que cobra un policía es un ejemplo clásico de complemento específico y es fijado por los ayuntamientos. Ello explica que un guardia urbano de un pueblo pueda cobrar el doble que uno del municipio vecino. El sindicato C-SIF defiende que fijar umbrales en los complementos específicos equivale a una rebaja salarial. El Ejecutivo también da marcha atrás y permitirá que los alcaldes de pueblos de menos de 1.000 habitantes cobren del erario público.
Coste estándar
Supone una de las medidas de mayor calado. Hacienda establecerá cuál es el coste idóneo los servicios que prestan los ayuntamientos y aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes que rebasen ese umbral perderán la competencia, que será asumida por la Diputación provincial correspondiente. La medida ha levantado un gran temor en el ámbito local, aunque Hacienda ha aceptado que los ayuntamientos intervengan a la hora de calcular el coste estándar de los servicios. Por otra parte, se fijará un conjunto de competencias que los ayuntamientos mantendrán en cualquier circunstancia ya que no cuentan con la posibilidad de aplicar economías de escala. Por otra parte, en la medida en que esta reforma local supone que las diputaciones ganen poder, Hacienda permitirá una mayor presencia e influencia de los alcaldes en estas Administraciones con el fin de que puedan defender los intereses de sus municipios. Con datos de 2011, el 92% de los municipios inferiores a 5.000 habitantes serían catalogados de ineficientes y perderían competencias. El presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, aseguró que, tras las medidas de ajuste aplicadas por los ayuntamientos, la mayoría pasarán el examen de Hacienda, que empezará en enero de 2014.
Intervenciones
El anteproyecto de ley incluye un artículo específico que faculta a Hacienda para intervenir automáticamente los municipios de menos de 5.000 habitantes con desequilibrios en sus cuentas. Este apartado desaparecerá del texto definitivo. En cualquier caso, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, recordó que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya contempla que el Gobierno central intervenga a los ayuntamientos que no corrijan sus números rojos. Sin embargo, se trata de un proceso más lento y garantista para los municipios que el reflejado en el anteproyecto de la reforma local.
Competencias
Uno de los principales objetivos de la reforma local pasa por clarificar competencias y suprimir duplicidades. En este sentido, la normativa aclara que los servicios sociales son responsabilidad de las comunidades autónomas, pese a que los ayuntamientos han prestado a veces el servicio. Ahora, las comunidades deberán hacerse cargo en el plazo de un año de esas competencias y, si no las asumen, el Estado retirará transferencias a las autonomías incumplidoras. Las comunidades podrán delegar competencias a los municipios, incluso a aquellos con menos de 20.000 habitantes, y tendrán la obligación de financiar ese gasto. En caso contrario, el Estado también reducirá parte de la participación autonómica en los ingresos estatales. Los ayuntamientos no renuncian a lograr más concesiones cuando se inicie el trámite parlamentario de una reforma local que, según Hacienda, permitirá ahorrar 7.129 millones entre 2013 y 2015.
Orense se convierte en diputación de referencia
Uno de los puntos más importantes del anteproyecto es el mayor protagonismo que van a adquirir las diputaciones. Cuando un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes no sea capaz de prestar un servicio al coste fijado por Hacienda, este deberá ser prestado por la diputación provincial. De este modo, las tesis de los alcaldes populares se han impuesto a la de los socialistas que abogaban por la supresión de estas instituciones supramunicipales.
Y el modelo en el que se va a inspirar Hacienda es el de la Diputación de Orense, más conocida por los problemas judiciales de su expresidente, José Luis Baltar, procesado por enchufar a 104 personas en esa institución entre enero y marzo de 2010.
El nuevo sistema que el Ejecutivo quiere ampliar a todo el territorio nacional está reflejado en el Programa “Orense 92”, a través del que se quiere asegurar la prestación de servicios a los 92 ayuntamientos integrados en esta provincia. “Es un plan para adelgazar la administración local a través de la fusión de servicios, con el fin de abaratar costes y crear economías de escala”, subraya un portavoz de la Diputación. Los otros dos grandes ejes, además de la fusión de servicios, son la creación de una central de compras y la gestión tributaria compartida. El proyecto abarca toda la legislatura (2012-2015) y ya ha obtenido sus primeros resultados. La Diputación ya gestiona la recogida selectiva de residuos en 74 municipios, la gestión integral de la basura en 46, la gestión tributaria en 48 municipios y actuaciones de saneamiento en 58.
El portavoz municipal subraya que se está trabajando intensamente para tener elaborada en las próximas semanas la propuesta sobre transferencia de servicios a diputaciones que Hacienda presentará al conjunto de los ayuntamientos.