La Audiencia Provincial de Madrid reabre el 'caso Metrovacesa'
Los querellantes cargan contra el acuerdo de separación entre Rivero y Sanahuja La Audiencia dice que los hechos descritos "parecen suponer falseamiento" de cuentas
La Audiencia Provincial de Madrid quiere que el reparto de la que fuera primera inmobiliaria española, Metrovacesa, entre sus antiguos presidentes, Joaquín Rivero y Román Sanahuja, sea investigado.
En un auto fechado el pasado 4 de febrero los jueces Pilar Oliván, Carlos Martín y Rosa María Quintana, dan crédito a una querella presentada por accionistas minoritarios sobre esa operación, entre otras muchas, y acuerdan que el juzgado de instrucción número 47 instruya la causa. “Los hechos relatados son varios y tienen apariencia, prima facie, delictiva”, dice el auto.
El juzgado de instrucción número 47 acordó en 2011 el sobreseimiento de las actuaciones. Pero ahora la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación presentado por la representación legal de los minoritarios y dice al juzgado que comience la instrucción del proceso “de cara al perfecto esclarecimiento de lo acontecido”.
En 2007, después de que Rivero y Sanahuja se embarcaron en una guerra de opas y contraopas por el control de Metrovacesa, que disparó la cotización de la empresa y la deuda de las sociedades implicadas, los empresarios acordaron repartirse los activos del grupo. Rivero y su socio en Metrovacesa, Bautista Soler, se quedaron, en total, con el 31% del capital de la inmobiliaria francesa Gecina, mientras que los Sanahuja alcanzaban la mayoría de Metrovacesa.
Los querellantes afirman en su demanda –contra Rivero, Soler, la familia Sanahuja, Pablo Usandizaga, Vitalino Nafría, Eduardo Paraja, Lucas Osorio– que Rivero y Soler debían haber entregado a Metrovacesa 32 activos inmobiliarios o 1.680 millones de euros, pero “ocultaron que no tenían intención de hacerlo en ningún momento”.
La banca acreedora de Sanahuja se hizo con el control de Metrovacesa intercambiando deuda por acciones a finales de 2008. En la actualidad Metrovacesa está controlada por Santander (34,8%); Bankia (19%); BBVA (17,3%); Sabadell (12,3%); y Popular (11,9%). Vitalino Nafría y Eduardo Paraja fueron nombrados presidente y consejero delegado de la empresa tras la salida de los Sanahuja. Nafría se ha mantenido en el cargo hasta octubre de 2012 y Paraja hasta el pasado mes de marzo.
Los accionistas minoritarios recuerdan en su querella que tras la salida de Sanahuja los nuevos accionistas comunicaron en junio de 2009 que no era posible ejecutar los acuerdos de febrero de 2007. Y aseguran que al no ejecutarse el acuerdo los accionisas y los bancos presentes en Metrovacesa han dejado de recibir 1.680 millones de euros.
La Audiencia explica en el auto que la “intención de engañar, de forma concertada por los querellados, se descubre indiciariamente en el dato de no aportar los inmuebles pactados en el acuerdo de separación”. Los hechos relatados en la querella, dice el auto de la Audiencia Provincial, “parecen suponer falseamiento y ocultación de las cuentas anuales, con perjuicio económico a la compañía, a algunos de sus socios y terceros, como pudieran ser los accionistas de los bancos presentes en el consejo de administración”.
También señala el auto que “todo apunta a que se ha impedido a los socios el derecho a la información de muchos extremos, llegando a acordarse la confidencialidad de algunos acuerdos a los que han llegado, perjudiciales para los accionistas y la compañía”.
Por estas razones la Audiencia subraya que es “obvio que dictar el archivo de las actuaciones sin practicar diligencia alguna resulta de todo punto precipitado”.
De la torre HSBC a los despachos
El auto de la Audiencia Provincial resume en 15 puntos el contenido de la querella de los minoritarios de Metrovacesa. Algunos de los hechos demandados son los siguientes:
La Torre HSBC. Los querellantes denuncian que Metrovacesa compró en mayo de 2007 la torre del HSBC en Londres por 1.600 millones a través de una sociedad de la compañía que previamente había sido adquirida por la familia Sanahuja, encareciendo con ello el precio de la operación.
Acciones. La querella dice que Sanahuja obtuvo un crédito de 500 millones de HSBC para comprar acciones de Metrovacesa garantizado con sus propios bienes y un aval de Metrovacesa, comprometiendo el patrimonio de la inmobiliaria en su beneficio.
Préstamo. Metrovacesa prestó 221,5 millones a Sanahuja; para cancelar el préstamo el grupo catalán entregó activos inmobilarios valorados en 402,8 millones, pero, dicen los querellantes, el valor estaba inflado y no había sido tasado independientemente.
Abogados. Metrovacesa, dice la querella, pagó 17,3 millones al despacho Vialegis, perteneciente al que fuera secretario del consejo de administración de la inmobiliaria, Pablo Usandizaga. Vialegis se fusionó después con el despacho Duthilh, al que pertenecía Eduardo Paraja, consejero delegado de Metrovacesa hasta el pasado mes de marzo. Los querellantes también denuncian que en 2009, cuando Metrovacesa perdió 879 millones, Paraja cobró medio millón de euros en bonus por “cumplimiento de objetivos y resultados”.
La madeja judicial de la inmobiliaria
El juez Adolfo Carretero, del juzgado de instrucción número 47, decidió la pasada semana inhibirse del caso, a pesar del auto de la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción presentó la correspondiente denuncia ante la Audiencia Nacional por los hechos denunciados por los querellantes; el proceso ha correspondido al juzgado número seis de la Audiencia, el del juez Eloy Velasco, el mismo que dictó prisión para Gerardo Díaz Ferrán a principios del pasado mes de diciembre.
Fuentes judiciales precisan que la denuncia de la fiscalía se dirige sólo contra tres denunciados, ninguno de ellos algún miembro del consejo de Metrovacesa presidido por Nafría. Las mismas fuentes añaden que en la causa del juzgado seis de la Audiencia Nacional está personada como acusación particular la misma Metrovacesa.
Joaquín Rivero afronta otra querella de Anticorrupción presentada en noviembre de 2011 por empleo de información privilegiada, lo que el empresario jerezano siempre ha negado.