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El futuro recorte de la prestación pública reabre el debate de la fiscalidad

Uno de cada dos cotizantes también tiene un plan privado de pensiones

El patrimonio acumulado apenas roza los 10.800 euros por beneficiario. Los expertos exigen mejoras de la fiscalidad tanto en la aportación como en el cobro

Raquel Pascual Cortés

España no es un país donde tradicionalmente los fondos privados de pensiones tengan mucho éxito. Los datos indican que existen unos ocho millones de ciudadanos que tienen este tipo de activos financieros (existen diez millones de cuentas con lo que hay algunos que tienen dos o más plantes) y esto supone que prácticamente uno de cada dos cotizantes a la Seguridad Social, por lo tanto futuros perceptores de una pensión pública, se están también pagando una pensión privada.

Cuantitativamente este podría ser un dato importante;pero si se atiende al volumen total invertido en estos planes (86.500 millones de euros), el patrimonio medio individual de estos planes no es tan abultado. La cuantía media acumulada por participante es de 10.800 euros.

¿Qué elementos son los que están obstaculizando un mayor éxito de los planes privados de pensiones? La práctica totalidad de los expertos coincide en la importancia de una fiscalidad favorable de estos activos, tanto en el momento de la aportación como en el del cobro. La última gran reforma llevada a cabo en España en esta materia la hizo Miguel Ángel Fernández Ordoñez, cuando fue secretario de Estado de economía del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Si bien los cambios normativos de entonces fueron en sentido contrario a su incentivación, ya que se eliminó la exención de tributar por el 40% de las plusvalías generadas por el fondo, en el momento del cobro. Si bien, el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido la intención del Ejecutivo de volver a la situación anterior fiscalmente más beneficiosa. En términos generales los expertos apuestan por sustituir la actual fiscalidad diferida de estos planes por “un sistema de deducciones similar a los aplicados por compra de vivienda en España, que sí puede considerarse exoneración”.

Pero no solo la falta de incentivos fiscales frena la suscripción de estos fondos. El Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas –en el que están varios de los expertos que el Gobierno ha nombrado para diseñar el factor de sostenibilidad de las pensiones– apunta a otros tres obstáculos.

En primer lugar la tasa de reemplazo de los sistemas públicos. Esto es el porcentaje que supone la pensión sobre el último salario. Cuanto mayor sea este porcentaje, menos incentivos tendrán los cotizantes a completar su futura prestación con un plan privado. En España, antes de la reforma de 2011, esta tasa era de aproximadamente el 80% pero con los últimos cambios normativos se irá reduciendo de forma progresiva al entorno del 72% en 2027.

Un segundo freno es la total voluntariedad de estos planes. Para evitar esto, algunos países como Dinamarca, Italia, Polonia, Suecia, Eslovaquia han establecido la obligatoriedad de suscribir uno de estos planes, derivando parte de las cotizaciones a estos fondos (generalmente planes colectivos en el seno de las empresas). Finalmente, estos expertos destacan los costes de gestión de estos planes, que aconsejan recortar si se quiere incentivar esta forma de ahorro.

Defender al ciudadano de su incultura financiera

Los últimos datos comparados sobre la inversión en fondos privados de pensiones en el mundo que maneja la OCDE, reflejan una fuerte disparidad en su utilización. Así los países con mayor tradición de políticas estatales y sistemas públicos de pensiones como pueden ser Francia (con 130.000 millones en estos fondos), Italia (60.000 millones), Irlanda (75.000 millones) o la propia España (86.500 millones), cuentan con un menor peso de las pensiones privadas. Por el contrario, los países donde ha ido ganando peso la capitalización de los sistemas públicos de pensiones cuentan con importantes inversiones como son el Reino Unido (que tiene 1.100 millones en planes privados), Holanda (800.000 millones), Suiza (450.000 millones) y Finlandia o Alemania (130.000 millones cada uno). En general, Europa tiene menos la mitad de capital en fondos de pensiones (3,1 billones de euros) que EE UU (7 billones), por la diferencia conceptual del Estado del Bienestar.

Pero ¿qué es lo que han hecho los países europeos donde más está aumentando la previsión social complementaria? Generalmente han tenido que desarrollar regulaciones específicas. Según explica el estudio comparativo del Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas, “el aspecto central en el que más han insistido estas normativas ha sido el de defender a los individuos de los efectos que induce su escasa cultura financiera”. En concreto, han limitado las opciones de inversión entre las que deben elegir los ciudadanos; se ha regulado el riesgo que los individuos pueden tomar según su edad (a más edad menor riesgo); o una mejor definición, con menores riesgos de las carteras tipo que suelen escoger aquellos que tienen menos cultura inversora.

Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés
Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.

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