El arbitraje de las preferentes dará prioridad a la inversión inferior a 10.000 euros
La Comisión de Seguimiento determina los criterios básicos para aplicar el arbitraje La experiencia inversora y el peso en el total de patrimonio servirán de filtro Tendrán preferencia los traspasos desde otros productos de bajo riesgo de la entidad Desde este jueves los clientes de Bankia pueden solicitar el arbitraje
La respuesta a los miles de clientes de Bankia atrapados en participaciones preferentes es el último trago aún pendiente para la entidad financiera, que está a punto de culminar el proceso de recapitalización. Debe todavía realizar una ampliación de capital por un total de 15.540 millones de euros con la que se materializará la inyección de ayudas europeas y tras la que realizará el canje de preferentes, con la quita correspondiente.
Y es en este contexto, en el que los actuales accionistas pueden ver deteriorarse aún más su inversión y en el que los titulares de preferentes han de asumir una quita del 38%, en el que se ha puesto finalmente en marcha la fórmula del arbitraje, con la que quienes invirtieron tanto en preferentes como en deuda subordinada perpetua pueden recuperar el cien por cien de su inversión.
Ayer quedó constituida la Comisión de Seguimiento que ha creado el Ministerio de Economía para supervisar la aplicación del proceso de arbitraje para los híbridos de Bankia -los clientes de la entidad pueden solicitarlo desde este jueves y hasta el próximo 30 de junio-, después de que las otras dos entidades nacionalizadas –Novagalicia y Catalunya Banc– ya promovieran sus propios arbitrajes el pasado año. Esta comisión, presidida por la CNMV, ha definido los criterios por los que los titulares de preferentes podrán acogerse al arbitraje, una fórmula de reclamación sin los costes de la vía judicial, pero que no está abierta a todo el universo de titulares de preferentes, un total estimado de 300.000 de los que unos 200.000 serían solo de Bankia.
La máxima prioridad para acceder a un proceso de arbitraje será que la cantidad invertida en preferentes sea inferior a los 10.000 euros, “en particular cuando la inversión proceda de un traspaso de productos de bajo riesgo de la propia entidad”. Y establecido este primer filtro, se enumera una serie de circunstancias que aluden todas ellas a lo que se entiende como mala praxis en la venta y que ya rigen en los arbitrajes de Novagalicia y Catalunya Bank.
El FROB, portavoz ayer de lo que será la tarea de la Comisión, explicó en una nota que se marcan requisitos relativos a la documentación contractual, como la ausencia de contrato o la falta de documentación; criterios relativos también a la información proporcionada sobre el producto, en el caso de que fuera insuficiente o incorrecta y que no advirtiera de elementos clave como el plazo perpetuo de las preferentes o su condición de instrumento de capital, similiar a una acción y no a un depósito. Otros criterios son el porcentaje invertido en preferentes –de forma que se vea más favorecido quien invirtió en el producto la mayor parte de su ahorro– y la experiencia del inversor, en definitiva, el grado de conocimiento financiero para calibrar el riesgo real que entrañaba la inversión en preferentes.
Las solicitudes de arbitraje, en las oficinas de Bankia
Los clientes de Bankia interesados en el arbitraje deberán solicitarlo en las oficinas y a continuación, será el turno de la consultora KPMG, contratada por Bankia, y encargada de hacer el filtro de las reclamaciones que se ajustan a los criterios ya definidos. Sin embargo, el inicio del proceso de arbitraje y de las tareas de seguimiento de la comisión creada para la ocasión –presidida por la CNMV y de la que también forman parte el Banco de España y el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Tesoro– han coincidido con la activación de un nuevo frente judicial con el que se reaviva la denuncia de la venta de preferentes en los tribunales y que, según fuentes jurídicas y financieras, puede restar impacto y convicción al arbitraje como vía de solución.
UPyD presentó el lunes una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente de la CNMV, el exgobernador del Banco de España y contra Bankia por la comercialización de preferentes, el mismo día en que un empresario denunciaba también ante la Audiencia Nacional la venta de este producto, argumentando además la alteración en los precios que ha detectado la propia CNMV en los casos de reventa de preferentes.
“Hay cierto grado de desconfianza hacia el arbitraje”, señalan desde Adicae, donde apuntan que la denuncia de la reventa con sobreprecio de preferentes ha animado el interés de los titulares por la vía judicial. Jordi Ruiz de Villa, letrado del despacho Jausas que ha presentado la querella particular en la Audiencia Nacional, sostiene que, después de todo, el arbitraje no es la vía más apropiada para la reclamación de la compra de preferentes a un precio superior al que habría correspondido. “Va destinado a indemnizar a quien no entendió el producto. A que recuperen su inversión pero no a que se les indemnice además por ese sobrecoste”, señala. De hecho, no está previsto que las irregularidades en los precios de venta sean un supuesto que se incluya dentro de los criterios que se contemplan en el arbitraje. Y, en cualquier caso, un cliente siempre podrá recurrir al arbitraje y en caso de no prosperar esta vía, optar por la judicial.
El referente de NCG y Catalunya Banc
El arbitraje de Bankia parte de las referencias que dan ya los de Catalunya Banc y Novagalicia. Desde que en el mes de octubre iniciara el proceso, la entidad catalana ha aprobado 9.000 solicitudes de arbitraje, con el resultado hasta ahora de 1.250 laudos positivos. La previsión de la entidad es, al final del proceso, haber devuelto a causa de los arbitrajes hasta el 35% del volumen de preferentes y subordinadas perpetuas emitidas –las subordinadas con vencimiento no se incluyen en los arbitrajes–.
Es decir, el reintegro de 213 millones sobre un total de 610. Y Novagalicia, sin dar previsiones concretas, ha devuelto ya a consecuencia de laudos positivos para el cliente un total de 277 millones de euros, de 14.815 laudos pagados, lo que supone el 32% de las cantidades reclamadas por los clientes y el 29% de su volumen de preferentes y subordinadas perpetuas.
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