Andalucía también sancionará al ‘banco malo’ por sus pisos vacíos

Hoy entra en vigor el decreto andaluz que permite sancionar los pisos vacíos. La Junta podrá expropiar los pisos embargados por la banca para alojar a desahuciados. Solo se beneficiarán familias de especial vulnerabilidad. Andalucía es la comunidad en que más pisos se adjudicó la banca en 2012.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU).Jose Manuel Vidal (EFE)

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, por el que el Gobierno de PSOE-IU busca fomentar la habitación de los pisos vacíos que atesoren personas jurídicas y dar solución al drama de los desahucios. Las medidas estrella de la norma, que entra hoy en vigor, son sanciones y expropiaciones de inmuebles de la banca, Sareb y las inmobiliarias.

En concreto, el decreto declara de “interés social” el “procedimiento de expropiación temporal del uso de la vivienda”, con carácter forzoso, sobre aquellas “incursas en procedimientos de desahucio instado por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos”, en los cuáles resulten adjudicatarios uno de estos tres agentes.

La mención expresa de “entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria” es una clara referencia al banco malo, denominado Sareb (sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, con un 45% de capital público), si bien habría que ver hasta que punto puede afectar a la sociedad pues aunque posea pisos de desahuciados no inicia procesos de este tipo. De momento, son las inmobiliarias y la banca, con Unicaja y CaixaBank (por haber absorbido Banca Cívica) a la cabeza, los mayores afectados potenciales por la medida.

El efecto puede ser contundente. La andaluza es la comunidad en la que más desahucios se producen y en la que más inmuebles se adjudicó la banca en 2012, 7.258 sobre un total de 38.976 en todo el país, según hizo público ayer el Colegio de Registradores de la Propiedad. Las patronales bancarias, sin embargo, declinaron hacer ninguna valoración ayer a la espera de estudiar más en profundidad las consecuencias del decreto.

La idea es que la Junta expropie, durante un plazo máximo de tres años, los inmuebles de los que se desahucie a familias especialmente vulnerables para alojarlas durante dicho plazo. A cambio, los beneficiarios deberán pagar a la Junta un máximo del 25% de sus rentas, en una cuantía nunca superior al justiprecio que la comunidad estime. Aunque la comunidad no ha facilitado más estimaciones, la consejera de Presidencia, Susana Díaz, adelantó que ya habría 200 familias identificadas en esta situación.

Así mismo, el decreto busca “aflorar en alquiler el parque residencial desocupado existente en la comunidad autónoma”. Se trata, informa la propia Junta de “entre 700.000 y 1.000.000 de inmuebles, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias”. La norma incluye un sistema de sanciones “leves, graves y muy graves” para las entidades que mantengan “ocioso” su stock residencial, lo que incluye multas de entre 1.000 y 9.000 euros por inmueble.

Se tomará como referencia un consumo mínimo de agua (2,47 metros cúbicos por vivienda y año, o 0,21 al mes) y luz (291 kilowatios por hora al año o 24 al mes) para considerar la vivienda habitada, de lo que las compañías suministradoras deberán informar a la Junta. El padrón de habitantes y otros registros públicos; la recepción de correo, o la utilización habitual del inmueble para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas serán otros baremos. No es descartable que la banca eche cuentas para ver si es más rentable dar de alta en ciertos suministros a su stock que pagar las multas previstas.

“Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitación”, a contar desde hoy, adelantan desde la Junta, donde aseveran que “los interesados estarán amparados por un procedimiento garantista”.

En este caso, sí que parece claro que Sareb podría verse afectada por el decreto ya que cuenta con multitud de viviendas vacías en Andalucía. Los servicios jurídicos de la sociedad estudiaban ayer las posibles consecuencias de la norma.

Por su parte, entidades e inmobiliarias tendrán un plazo de un mes desde el día de hoy para facilitar a la Consejería de Fomento y Vivienda andaluza un inventario de las viviendas ubicadas en la región, indicando ubicación, precio, fecha de adquisición y situación administrativa. Un trabajo que, de momento, Sareb ni si quiera tiene completado a nivel interno. Con todo, la Junta creará un plan de inspección extraordinario de dos años de duración para detectar inmuebles vacios.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, adujo en Radio Nacional que la medida es “positiva”, siempre y cuando encaje con el ordenamiento jurídico español. Algo que la Abogacía del Estado ya estaría estudiando, según ha avanzado el Gobierno, que podría recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional.