A fondo

Los prestidigitadores del carbón

El pasado 5 de febrero, el ministro de Industria, José Manuel Soria, en respuesta a una interpelación en el Pleno del Senado sobre los motivos del bloqueo de las ayudas del Plan del Carbón de 2012, respondió lo siguiente: "Son consideraciones de tipo jurídico que tienen que ver con la Intervención General del Estado; el Ministerio de Hacienda y el Tribunal de Cuentas, las que están detrás del porqué esas ayudas no se han podido tramitar todavía. Son razones muy poderosas de tipo jurídico las que impiden que se puedan llevar cabo".

Aunque una manifestación tan explosiva del ministro canario bien merecía una amplia explicación, sus declaraciones (quizá devaluadas por lo mucho que se prodiga) pasaron sin pena ni gloria. Muchos han ligado el bloqueo de las ayudas (111 millones de euros) con la supuesta desaparición de cientos de miles de toneladas de carbón de los terrenos de las mineras del grupo de Victorino Alonso (Uminsa y Coto Minero Cantábrico) que eran propiedad de Hunosa y que desató ríos de tinta la semana pasada, especialmente, en los medios de Asturias y León.

Sea como fuere, y a la espera de que Soria lo aclare, lo cierto es que, se mire por donde se mire, la evaporación de mineral reconocida oficialmente por el Partido Popular asturiano, poco puede tener que ver con algún tipo de examen de la Intervención General del Estado, el Ministerio de Hacienda o el Tribunal de Cuentas.

Hoy por hoy, este tribunal no tiene ninguna investigación abierta relacionada con la desaparición de carbón, que, de confirmarse, se trataría de un delito de apropiación indebida. O es que se va a abrir dicha investigación en algún otro frente y el asunto del carbón disipado sería solo una cortina de humo.

Al tiempo que guardan silencio, la SEPI, Hunosa y el Ministerio de Industria alimentan el misterio y las acusaciones contra el empresario leonés, cuyos antecedentes (tiene dos condenas en firme) no le ayudan precisamente ante la opinión pública.

Lo que se ha difundido y que hasta el momento no han desmentido las afectadas, es que habrían desaparecido hasta 500.000 toneladas de carbón de los 10 millones que Hunosa se vio obligada a adquirir y a depositar en el llamado almacenamiento estratégico temporal de carbón que se creó en 2009. El valor de esas toneladas rondaría los 35 millones de euros.

Dicho almacenamiento (que no tiene nada de estratégico, pese al nombre, pues el carbón no es escaso) se distribuye entre una docena de parques de distintas minas, entre ellas, las del grupo Alonso.

Con aquella medida rocambolesca, el Gobierno de Rodríguez Zapatero quiso mantener la actividad y los ingresos de las empresas mineras acuciadas por la crisis, en tanto conseguía obligar a las eléctricas a quemar el carbón de las cuencas asturleonesas en sus centrales con un precio regulado.

La producción eléctrica con carbón (prácticamente, su único uso) había sido desplazadas en el mercado mayorista de la electricidad (pool) con el hundimiento de la demanda de energía provocada por la recesión económica y la falta de competitividad del mineral local.

A regañadientes, Hunosa se tragó el sapo de tener que gestionar la custodia de un combustible para el que no tenía espacio y que se pagó con dinero público. Aunque Alonso se ha defendido de las acusaciones interponiendo una demanda contra Hunosa en un juzgado de Oviedo e insistiendo en que se trata de mermas de las que había dado cuenta reglamentariamente, la SEPI estaría investigando si dicho mineral propiedad de Hunosa fue vendido a las eléctricas el año pasado durante los meses en que duró la huelga de los mineros, con lo que habría cobrado dos veces.

Para las empresas de Alonso señaladas con el dedo, lo importante es que se está cumpliendo con el suministro a las centrales de Endesa (Compostilla) y Gas Natural Fenosa (La Robla), y que dicho mineral se halle en los parques en "el momento del desacopio".

De ser los hechos tal y como Hunosa está dejando que se cuenten, también esta compañía pública tendría su parte de responsabilidad. Sorprende que sus técnicos no inspeccionaran el mineral almacenado en Uminsa y CMC durante un largo año (entre agosto de 2011 y el mismo mes de 2012), cuando es la responsable de la custodia de un bien público.

Esta demora es achacada por la empresa de la SEPI a las citadas huelgas ("los piquetes impedían la entrada a las minas", señalan en la compañía) y a los propios cambios en la dirección: en febrero del año pasado ocupó la presidencia María Teresa Mallada, destacada dirigente popular de Asturias.

Hay quien asegura que ha sido su intervención y la de la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, cuyo primer destino como abogada del Estado fue León, las que se han empeñado en frenar las ayudas, en tanto se resuelve el misterio del carbón. De hecho, el real decreto para pagárselas a las cuatro grandes mineras (además de las del grupo Alonso, Hunosa y Hullera Vasco Leonesa) ha sido "echado para atrás" en las últimas reuniones del Consejo de Ministros.

Las incógnitas son muchas: si el argumento para anularlas es el carbón desaparecido, ¿habría que esperar a que se resuelva un posible pleito contra Alonso, pero se liberarían las del resto? O las razones son "más poderosas" y "de tipo jurídico" y el Gobierno se reserva alguna sorpresa. ¿O será, quizás, él el sorprendido?