La gran industria logra nuevas ayudas en la tarifa de más de 200 millones
El Gobierno ha aprobado finalmente un incremento de las compensaciones en la tarifa eléctrica a la gran industria de unos 242 millones, según cálculos de la CNE. Esto beneficia a Alcoa, ArcelorMittal y Asturiana de Zinc y eleva el coste por el servicio de interrumpibilidad a un total de 726 millones.
Tal como estaba previsto, y pese a las reticencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el Ministerio de Industria aprobó el pasado 27 de diciembre la orden ministerial por la que cinco plantas de los tres mayores consumidores industriales de electricidad del país (Alcoa, ArcelorMittal y Asturiana de Zinc) serán compensadas con 242 millones de euros en su factura de la luz, según cálculos del regulador energético.
Esta cantidad se añade a los casi 500 millones que, en concepto de servicio de interrumpibilidad, ya figuran como costes del sistema en la propuesta de peajes eléctricos para 2013, que, por cierto, el Gobierno aún no ha aprobado. Esta cantidad, no obstante, se reparte entre otras muchas empresas industriales, no solo ente estas tres compañías.
La medida fue una exigencia del grupo de aluminio Alcoa que amenazó el pasado otoño con cerrar su planta de la provincia de Lugo si el Gobierno no mejoraba las compensaciones en el precio de la electricidad, toda vez que la repercusión de los nuevos impuestos energéticos supondría un encarecimiento del coste de la energía del 16% (en este caso, de toda la industria básica). Fue el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, el que utilizó el término "compensación" para definir lo que siempre se ha denominado servicios por gestión de la demanda o interrumpibilidad. Fuentes del sector dan total credibilidad a la amenaza de Alcoa.
Estas declaraciones desató la voz de alarma sobre la posibilidad de que la Comisión Europea considerase este viejo mecanismo como una ayuda de Estado. De hecho, distintas fuentes aseguran que en el periodo que ha mediado entre la remisión de la orden ministerial a la CNE (a mediados de octubre) y diciembre, Industria remitió a Bruselas el texto legal para su análisis. Este extremo no ha sido confirmado oficialmente pero, dado que la medida se ha aprobado finalmente, el análisis debía tener un carácter oficioso.
La nueva retribución pasa de 20 euros/MWh a 35 euros MWh para los clientes con una potencia contratada de más de 100 kW en los peajes de acceso, situación en la que se encuentran únicamente cinco plantas de las citadas compañías. La medida ha causado un profundo malestar en el resto de empresas interrumpibles que se sienten discriminadas y consideran que perderán competitividad. Al fin y al cabo, también al resto les afectan los nuevos tributos energéticos que las eléctricas les repercutirán en el precio. Los expertos opinan que Industria debía haber aplicado un sistema progresivo.
En la propuesta de orden de peajes eléctricos que Industria remitió a mediados de diciembre a la CNE, y que aún no ha sido aprobada, figura un importe de 484 millones de euros por interrumpibilidad para "los consumidores que adquieran su energía en el mercado de producción". En el dictamen sobre esa orden aprobado por el consejo del regulador energético el 20 de diciembre, este recordaba al ministerio que estaban pendiente los cambios en el servicio de gestión de la demanda que el propio departamento de Soria habría propuesto en otra orden dictaminada por la CNE en noviembre.
La nueva orden de peajes, la próxima semana
La orden ministerial de los peajes de acceso a las redes, que debía haber entrado en vigor el día 1 de enero, sigue durmiendo el sueño de los justos. El cambio legal que introdujo el Gobierno en el real decreto ley sobre empleados del hogar publicadoen el BOE el 31 de diciembre, por el cual, rompía el texto del déficit de tarifa ex ante (titulizable) para 2012 y dejaba sin efecto la obligación legal de lograr déficit cero en 2013, ha cambiado el contenido de la propuesta de peajes eléctricos.De hecho, al estar ligadas ambas normas, el Gobierno se ha cuidado de no aprobar la orden de peajes antes que el real decreto ley, pues esta no habría tenido validez. Y es que la orden incluía un desfase en el sistema eléctrico (diferencia entre los ingresos y los costes) de 5.717 millones de euros. Cantidad que sufragarían los Presupuestos del Estado, según el texto original sobre peajes. Lo cierto es que el erario público no se hará cargo más que de una parte de las primas del régimen especial (el importe equivalente a lo recaudado con los nuevos impuestos a la generación eléctrica y el consumo de gas). En cuanto al resto, el Gobierno ha decidido reconocerlo como déficit ex ante de 2012 (más bien, déficit ex después, pues se aprobó el 31 de diciembre pasado).Aunque fuentes del sector aseguraban el lunes que la orden de peajes se podría publicar el miércoles, las últimas informaciones indican que no se aprobará hasta la semana que viene, pues "en el Ministerio de Industria están de vacaciones". En ella deberá figurar el importe real por el servicio de interrumpibilidad. En la propuesta de peajes de mediados de diciembre figuran 484 millones, pero esta compensación, tras la ampliación aprobada el día 27, ha aumentado en 242 millones, según la CNE.El organismo presidido por Alberto Lafuente advertía entonces que el coste del nuevo servicio de interrumpibilidad, de aprobarse finalmente dicha orden, se incrementaría en 242 millones de euros, hasta 726 millones. Esta cifra incluye los 60 millones que el Gobierno recortó el pasado marzo a la interrumpibilidad, recorte que tenía una vigencia de un año.
El sector del butano, contra la congelación del precio
La Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP) ha criticado la decisión del Gobierno de congelar el precio del butano. En una nota de prensa remitida ayer, esta asociación considera que la medida hace imposible repercutir los costes reales de la materia prima en el precio final. Algo "que va contra la libre competencia, altera y condiciona la rentabilidad de las empresas del sector (operadoras, distribuidoras e instaladoras) y "pone en riesgo la existencia del sector y el empleo que proporciona".Además, la situación perjudica al consumidor al poner en cuestión el mantenimiento del servicio prestado y por la falta de competencia. "Pensando en los más desfavorecidos", la AOGLP, que reclama el fin del precio regulado para el butano, entregó el año pasado un estudio a Industria para poder ofrecer una bombona social, propuesta que no ha tenido contestación.Las empresas de este sector opinan que la decisión adoptada por el Gobierno incumple la sentencia del Supremo del 19 de junio de 2012, que estimó el recurso interpuesto por la AOGLP y declaró nula la orden ITC/2608/2009 al entender que la fórmula de precios establecida vulneraba el ordenamiento jurídico y era contraria a la competencia al obligar a los operadores a vender a pérdidas durante un prolongado periodo de tiempo. El precio de la bombona debería situarse en 19,06 euros, según la sentencia.El precio con impuestos del GLP envasado en España está muy por debajo del fijado en los países de nuestro entorno, según la AOGLP. La misma bombona de butano que en España ha quedado con el precio congelado en 16,10 euros (16,32 euros con los nuevos impuestos especiales aplicados al butano) se vende en Portugal en torno a 29 euros, en Francia sobre los 31 euros y en Reino Unido a 40 euros.La AOGLP ha lamentado el método seguido por el Gobierno para congelar el precio del butano a través de un real decreto ley sobre gestión y protección de empleados del hogar. "No es correcto ni transparente haberlo publicado así", sin haber negociado con el sector.