La presión popular obliga a PP y a PSOE a cambiar de discurso sobre los desahucios
La presión popular ha logrado algo que parecía imposible hace poco: que los responsables políticos abran la mano, al menos en apariencia, y estudien formas de aliviar la dramática situación de miles de hipotecados sobre los que pesan órdenes de desahucio. En los próximos días se habrá de concretar si el auxilio que promueven las fuerzas políticas es real o si se queda en un intento fallido como lo ha sido, en buena medida, el código de buenas prácticas para la banca.
Representantes del Gobierno y del PSOE negociarán mañana en una reunión de urgencia un acuerdo para la paralización de los desahucios, con la confianza de concretar diversas medidas que neutralicen los desalojos de viviendas que puedan afectar a las familias más vulnerables. Representantes del Ministerio de la Presidencia y de Economía decidieron adelantar esos contactos para ultimar una propuesta encaminada a evitar desahucios y han puesto todos sus esfuerzos en la reunión que se celebrará mañana con el PSOE.
Hasta hace bien poco, quitarle la casa a un ciudadano que ya no era capaz de hacer frente a sus compromisos hipotecarios era una necesidad irrenunciable para sostener el sistema financiero español. Así lo defendían sin rubor líderes políticos y gestores de banca. La crisis ha hecho que estos avancen de forma implacable: la actividad de desahucios de los juzgados españoles se ha intensificado, y en el primer trimestre del año se han procesado procesaron 18.424 expedientes, un máximo histórico.
La presión popular y varios casos de suicidio por parte de víctimas de desahucios, sin embargo, ha obligado a un cambio de discurso.
Los dos principales partidos españoles se han citado desde mañana lunes para poner remedio a los desahucios de viviendas. Esta predisposición a encontrar soluciones para las personas que no podían hacer frente a sus compromisos no viene de lejos. Ha tenido una génesis: El suicidio de una mujer de 53 años en Barakaldo el mismo día que iba a ser desahuciada. El de Amaia Egaña, mujer de un ex concejal del PSE-EE en el Ayuntamiento de Barakaldo, no era el primero: el 25 de octubre, un hombre también se suicidó en Granada horas antes de ser desahuciado. Un día después otro varón había tratado de quitarse la vida en Valencia saltando al vacío desde su vivienda tras la llegada de la comisión judicial que le iba a desalojar. Estos casos se encontraron con un aliado: el Tribunal de la UE emitía el día 8 un dictamen preliminar (que servirá de base para una sentencia inapelable) en el que exige que se conceda a los jueces nacionales la posibilidad de suspender temporalmente un embargo o desahucio mientras revisan si las cláusulas del contrato de crédito afectado son abusivas o no.
La presión popular se hacía insostenible para la banca y los líderes políticos y comenzaron a actuar rápidamente. El sábado, las cajas vascas anunciaban su decisión de no ejecutar más desahucios. Bankia paralizaba tres ejecuciones en Tenerife, uno de ellos por una huelga de hambre, y lanzaba un comunicado asegurando que han renegociado 80.000 préstamos y se han aceptado 4.300 daciones en pago. El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, aseguraba tras la junta de accionistas que la firma que preside no ha desahuciado a nadie en los últimos tres años.
El viernes, día festivo en Madrid, representantes del Ministerio de la Presidencia y de Economía decidieron mantener contactos "urgentes e inmediatos" para ultimar una propuesta sobre períodos de carencia para evitar desahucios en colectivos necesitados. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, proponía un día después que se aplicasen sobre las familias los mismos procedimientos que se aplicaban sobre las personas.
Postura contraria
Su postura, de hecho, ha sido más bien la contraria hasta ahora. En febrero de 2007, la entonces ministra de Vivienda, Carme Chacón, anunciaba la creación de los primeros juzgados con un objetivo exclusivo: agilizar los desahucios. PP y PSOE, además, han bloqueado en los últimos años cualquier trámite en la ley hipotecaria, tanto con gobiernos de un signo como del otro. En febrero de 2011, todavía con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, las formaciones rechazaron la propuesta de ERC, IU e ICV, pese a que en el sistema español de ejecuciones hipotecarias el riesgo se concentra en una de las partes: el cliente (es el banco el que decide si ejecuta o negocia, y después de la ejecución el hipotecado puede seguir debiendo dinero gracias a un sistema de tasaciones y subastas muy favorable al sector financiero). Poco después, eso sí, el Gobierno socialista introducía un alivio menor al elevar el límite de renta inembargable en procesos de ejecución hipotecaria hasta el 150% del salario mínimo interprofesional, es decir 961 euros mensuales.
En marzo de 2012, cuatro meses después de que el PP ganase las elecciones, la mayoría parlamentaria rechazó una moción en la que se pedía la dación en pago con carácter retroactivo. Se introducía la dación en pago, pero limitada a unos supuestos bastante restrictivos. Además, se han producido al menos tres Iniciativas Legislativas Populares sobre la dación en pago. Ninguna de ellas ha sido siquiera debatida en el pleno.
El Gobierno de Mariano Rajoy lanzaba a principios de este año un código de buenas prácticas para la banca. Entre otras medidas, se daba a las entidades financieras un mes para presentar una plan de refinanciación a las familias bajo el umbral de riesgo que no puedan pagar su hipoteca. Este incluye un periodo de carencia obligatorio de cuatro años en el que no se paga capital, un alargamiento del crédito a 40 años y una limitación del tipo de interés a euríbor más 0,25. A partir de ahí, se abre la opción, voluntaria para la entidad, de aplicar una quita bien condonando un 25% del capital pendiente, descontando de la deuda restante el porcentaje de cuotas ya cubiertas (cuando normalmente lo que se ha ido pagando es sobre todo intereses), o mediante la asunción por parte de la entidad de la mitad de la depreciación del inmueble o de "los errores" de tasación.
Su resultado, sin embargo, ha sido menos que limitado, debido a su tibieza y a los requisitos exigidos. Así lo aseguraba un informe remitido por un grupo de jueces al Consejo General del Poder Judicial, en el que destacaban que el código "no ha alcanzado el resultado perseguido".
Juristas, aliados
Los juristas, de hecho, se han convertido en los últimos días en un aliado de los que no pueden afrontar sus responsabilidades con el banco. El magistrado de la Audiencia Provincial de Álava y miembro del Pleno de la Sala de Gobierno del TSJPV, Edmundo Rodríguez Achútegui, ha destacado que los legisladores "tienen obligación de darle vuelta a todo el ordenamiento jurídico" y ha considerado que "mañana mismo" se puede aprobar una norma que garantice "el derecho al realojo y el derecho a una vivienda digna". Las XXII Jornadas de Jueces Decanos de España, por su parte, pusieron de relieve en sus conclusiones la necesidad de cambiar la legislación hipotecaria ante el "problema social" que se está produciendo.
El Foro Judicial Independiente ha recomendado a los jueces suspender todos los procesos de ejecución hipotecaria. La asociación Jueces para la Democracia (JpD) pedía al Gobierno que actúe con responsabilidad para afrontar una reforma del sistema hipotecario que ponga fin "a los cientos de miles de dramas sociales" y ha apostado por una moratoria. El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha afirmado que la ley que regula los desahucios de viviendas "no es la adecuada, debiera reformarse" y que la legislación hipotecaria existente "no está dando una solución al problema".
