Los funcionarios de Muface verán reducidas sus prestaciones un 22%

Rosell exige un plan para despedir a empleados públicos y cumplir con Bruselas

CEOE cree necesario elaborar un "plan detallado" para reducir el personal del sector público vinculado a empresas públicas o políticas de gasto que generan "ineficiencias y duplicidades" y que no suponen un servicio esencial ni para los ciudadanos ni para las empresas.

La patronal ha elaborado lo que a su juicio considera una lista de prioridades para los Presupuestos Generales del Estado 2013 y 2014. Defensora de alcanzar el equilibrio presupuestario, la CEOE argumenta que para lograrlo se necesita un ajuste a medio plazo de los gastos estructurales del conjunto de las administraciones públicas.

En este sentido, defiende la necesidad de recortar personal para que el tamaño del sector público "se ajuste más" a las necesidades de la economía, permitiéndole su sostenibilidad a medio y largo plazo y consiguiendo así margen para reducir la presión fiscal. "La estrategia adecuada no es una reducción de salarios en horizontal, que es desincentivadora y daña el capital humano de la Administración, sino una reducción efectiva del número de empleados públicos", sostiene el documento de la patronal.

La organización que dirige Juan Rosell sostiene que entre las prioridades que deberían regir la política presupuestaria se encuentra también la mejora de los mecanismos de control y disciplina de gasto en las comunidades autónomas para que sean más eficientes.

Más sector privado en lo público

Como ya ha expresado en ocasiones anteriores, la patronal volvió ayer a recalcar que el Gobierno debería seguir apostando por una mayor participación del sector privado en los servicios públicos con el fin de ganar eficiencia y calidad y reducir costes. Para ilustrar este argumento, CEOE puso como ejemplos la Sanidad y la Educación como los dos ámbitos donde la aplicación de estas medidas puede suponer "un importante ahorro presupuestario".

La organización empresarial defiende la necesidad de seguir luchando contra el fraude fiscal y ve prioritario la existencia de una "red de garantía social" para ayudar a las personas en situaciones desfavorables. Eso sí, CEOE precisa que dicha red debe estar diseñada de forma que se evite "un uso indebido o se desincentive la búsqueda de empleo o el esfuerzo para realizar determinado tipo de formación".

En cuanto a los posibles ajustes aplicables en el sector público, el sindicato de funcionarios CSI-F avanzó ayer que el Gobierno está preparando en el marco de los próximos Presupuestos un recorte del 22% en las prestaciones sociales -sanitarias, subsidios por embarazo, jubilación o becas para estudios de los hijos- que tienen los 1,4 millones de funcionarios de la Administración Civil del Estado integrados en el Muface. El director general de la mutualidad, Gustavo Blanco, informó el miércoles de este recorte al Consejo General de la entidad, en la que tiene representación mayoritaria el CSI-F, según precisó el sindicato en un comunicado.

Estos empleados públicos están integrados en el régimen asistencial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y cuentan con ayudas por incapacidad, subsidio por riesgo de embarazo y durante la lactancia, prestaciones familiares por parto múltiple o hijo discapacitado, ayudas a la dependencia, subsidio por jubilación, defunción o las becas al estudio. Según el sindicato presidido por Miguel Borra, aún no se ha concretado qué prestaciones se verán afectadas, aunque es seguro que una de ellas será la ayuda para la adquisición de vivienda. "El resto será comunicado en la próxima reunión extraordinaria del Consejo", añadió el sindicato. Además, las mismas fuentes revelaron que Hacienda ha dado instrucciones a todos los organismos dependientes de la Administración General del Estado para que reduzcan un 50% el gasto en acción social, que contempla ayudas como las destinadas a tratamientos médicos.

El déficit alcanza ya el 4,3% hasta junio

El conjunto del sector público registró un déficit del 4,3% del PIB (45.233 millones) en el primer semestre, un nivel muy elevado si se tiene en cuenta que el objetivo para todo el año es del 6,3%. Los datos publicados ayer por Hacienda incluyen los saldos de la Administración central, comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social.

Entre enero y junio, el sector público ingresó 173.320 millones y gastó 218.553 millones. Un desfase importante que, de mantenerse en lo que resta de ejercicio, provocará que España incumpla el objetivo de estabilidad impuesto por Bruselas.

En Hacienda argumentan que el efecto de las subidas de impuestos se dejará sentir más en la segunda parte del año y lo mismo sucede con los recortes en sanidad y educación.

La Administración central registró un déficit de 47.691 millones y las comunidades de 8.063 millones. En cambio, los ayuntamientos lograron un mínimo superávit en el primer semestre de 654 millones (0,06% del PIB). La Seguridad Social también ingresó más de lo que gastó entre enero y junio y logró un saldo fiscal positivo de 9.867 millones. En su caso, está previsto que esa cifra empeore en lo que queda de año.