Adelson reclama modificar la ley que obliga a informar al Sepblac

Los casinos solo denunciaron dos operaciones de blanqueo en 2011

Un casino de juego tiene la obligación de informar al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales si sospecha que un cliente intenta utilizar sus servicios para blanquear dinero. En 2011, solo se remitieron dos operaciones. El promotor de Eurovegas en Madrid, Sheldon Adelson, reclamó suavizar la normativa vigente. Sin embargo, el Gobierno asegura que no reformará la legislación en este punto.

Los casinos que Adelson quiere levantar en Madrid, probablemente en Alcorcón, estarán sujetos a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo. Ello significa que estos negocios deberán tener un protocolo de actuación y empleados formados para detectar el intento de utilizar los juegos de azar para blanquear dinero. El Gobierno asegura que no tiene intención de modificar esta normativa, a pesar de que Adelson así lo pidió.

De hecho, la posibilidad de suavizar las exigencias a los casinos en la lucha contra el blanqueo son limitadas en la medida en que la normativa deriva de una directiva europea, que España finalmente transpuso en 2010 con tres años de retraso. La estadística reciente demuestra que las denuncias de los casinos son prácticamente insignificantes. De las 2.975 comunicaciones sospechosas remitidas al Sepblac, solo dos partieron de casinos de juego. Los denominados por la legislación como "sujetos obligados" tienen el deber de informar a las autoridades ante cualquier sospecha de que un cliente pueda utilizar sus servicios para blanquear dinero de una actividad ilícita. En este grupo, se encuentran los bancos, cajas de ahorros, remesadoras, notarios, abogados, promotores inmobiliarios, joyeros y casinos, entre otros.

El secretario general de la Asociación Española de Casinos de Juego (AECJ), Heliodoro Giner, argumenta que la legislación española es más restrictiva que la directiva. En este sentido, los casinos están obligados a una doble identificación del cliente, una exigencia que no contempla la normativa europea. Así, los casinos identifican a todos los clientes en la entrada del establecimiento y deben volver a hacerlo en el caso de que el jugador compra o venda fichas de juego por un valor igual o superior a 2.000 euros. El sector señala que la asociación entre casino y blanqueo de capitales tiene más de fama que de realidad y apuntan a que el bajo nivel de comunicaciones se debe a que los controles existentes desincentivan la utilización de los juegos de azar para lavar dinero.

La legislación española cumple con nota las llamadas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo internacional del que forma parte España y que trabaja en la lucha contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, la existencia de una ley no garantiza su cumplimiento.

En pleno boom inmobiliario, en 2006, solo 18 inmobiliarias remitieron sospechas de blanqueo. Una cifra muy baja si se tiene en cuenta que el ladrillo fue hasta hace muy pocos años el destino preferido del dinero negro.

Un reglamento que suma dos años de retraso

La normativa española en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo sigue los estándares europeos, sin embargo, suele llegar siempre tarde. La tercera directiva contra el blanqueo se aprobó en 2005 y España debía transponerla antes de diciembre de 2007. Sin embargo, el Congreso no aprobó la nueva ley siguiendo las recomendaciones de Bruselas hasta abril de 2010. Tres años de retraso.

Además, en esa normativa se indicaba que, en el plazo de un año, el Gobierno debería aprobar "las disposiciones reglamentarias para su ejecución y desarrollo". Han transcurrido más de dos años y el reglamento que complementa la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales sigue en la cocina del Gobierno. Desde el Ejecutivo argumentan que la legislación es suficientemente específica para que el retraso del reglamento no suponga un grave problema para los "sujetos obligados", es decir, los bancos, cajas, abogados, notarios o joyeros que deben cumplir las obligaciones de control sobre sus clientes.

La principal novedad de la ley de 2010 es que obliga a las entidades a realizar un seguimiento mucho más exhaustivo cuando el cliente tenga la consideración de "persona del medio político". Ello incluye a jefes de Estado, de Gobierno, ministros, secretarios de Estado o subsecretarios, parlamentarios, miembros del Tribunal Supremo y Constitucional, entre otros. La medida se extiende a los padres, hermanos e hijos de estos.

Por otra parte, el retraso que sufre España en los temas de blanqueo también se constata en la web del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, cuya última memoria publicada data del año 2008.

Las cifras

2.975 avisos de operaciones sospechosas recibió el Sepblac en 2011 frente a las 3.171 del año anterior.

41 casinos operan en España y están sujetos a la ley antiblanqueo.