Hacienda cree que el Fondo de Liquidez Autonómica liberará gasto para las regiones

Rajoy renuncia a un segundo plan para el pago de facturas a proveedores

La caída de los ingresos y el repunte de gastos como el paro o la deuda han obligado al Ejecutivo a renunciar a utilizar los 8.000 millones que sobraron del plan de pago a proveedores. Fuentes de Hacienda creen que el Fondo de Liquidez Autonómica liberará a las regiones del lastre de los intereses de la deuda y les permitirá pagar sus facturas atrasadas.

El plan de pago a proveedores sirvió para poner el contador a cero en los impagos acumulados por los ayuntamientos y las comunidades autónomas con los proveedores a 31 de diciembre de 2011. En total, se saldaron deudas por valor de 27.000 millones de euros, de los que 17.718 correspondieron a las regiones y 9.263 a los ayuntamientos. De esta inyección de dinero se beneficiaron 136.000 empresas, de las que un 70% arrastraba deudas con las entidades locales.

Sin embargo, el crédito sindicado en el que participaron 16 entidades financieras estaba dotado con 35.000 millones de euros, con lo que se han dejado 8.000 millones de euros sin usar. Una partida codiciada por muchos sectores que ya han alzado la voz para reclamar esos fondos ante el repunte de la morosidad que, lejos de frenarse, sigue desbocada este año tanto en el sector público como en el privado. Los primeros en solicitarlos fueron Farmaindustria y Fenin, las dos patronales del sector sanitario, que en el primer semestre ya habían acumulado facturas impagadas de las autonomías por valor de 3.000 millones, repartidos a partes iguales entre ambas patronales. Las constructoras han sido otros de los afectados por los impagos, por lo que han solicitado que el Ejecutivo habilite ese excedente para saldar las deudas que aún tienen sin cobrar con mancomunidades, universidades u hospitales. Las facturas de esos organismos no estaban contempladas dentro del plan de pago a proveedores, y, por ahora, no han podido ser cobradas

La presión de las empresas, sin embargo, no ha surtido efecto. Fuentes de Hacienda confirman que no habrá segundo plan de pago a proveedores y confían en que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dotado con 18.000 millones, sirva para liberar a las autonomías del pesado lastre del pago de los intereses de la deuda. Es el caso de Cataluña, que afronta vencimientos de deuda por valor de 3.705 millones y ya ha solicitado 5.023 millones al FLA. Este instrumento de liquidez se podrá destinar, según el decreto que lo regula, a vencimientos de deuda o de préstamos bancarios, a la refinanciación de deuda o a las necesidades de financiación del sector público. Es en este último punto en el que se abre la puerta a que las autonomías puedan disponer de ese dinero para abordar el pago a sus proveedores. Desde Hacienda, sin embargo, matizan que la prioridad de ese fondo es ofrecer financiación a unas comunidades que tienen cerrado el acceso a los mercados de deuda. "Ahora mismo están dedicando todo el dinero que tienen para pagar intereses de la deuda. Una vez que accedan al FLA podrán destinar esos fondos a otras partidas como nóminas o facturas pendientes", recalcan las mismas fuentes.

El retraso en el cobro por las empresas ya se eleva a 105 días y las autonomías acumulan impagos por 3.000 millones hasta junio

Un régimen sancionador

La diferencia con respecto a la situación de 2011 es que el retraso en los pagos en el sector público se ha contagiado al privado. Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), una organización que representa a 1,5 millones de empresas y que encabezó la iniciativa para reformar la Ley de Morosidad en 2010, aseguran que los plazos de pago entre empresas siguen creciendo y ya se han situado en 105 días de media, siete más que durante el ejercicio anterior.

"Es imprescindible que las empresas cumplan los plazos de pago máximos fijados por la ley (75 días para este año y 60 a partir de 2013) y desarrollar un régimen sancionador en la norma para frenar el alud de impagos y obligar a aquellos que cobren deudas de la administración pública a hacer lo mismo con sus acreedores", subraya Rafael Barón, presidente de la Plataforma. En su opinión, el Ejecutivo tendría que instrumentar dentro de la Ley de Morosidad algún mecanismo en el que obligue a las empresas a que cobren sus deudas de las administraciones a que hagan lo mismo con sus acreedores privados.

La construcción paga a 253 días

Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad se considera que el Gobierno está pasando la pelota del tejado del sector público al privado. "Eso está provocando una oleada de retrasos y de impagos en el sector privado, especialmente en sectores que tradicionalmente han abonado con mucho retraso sus facturas atrasadas", apunta su presidente Rafael Barón.

El caso más ilustrativo es el de la construcción, donde la media de pago se eleva hasta los 253 días, muy por encima del resto de actividades. Si al análisis por sectores se une el de las comunidades autónomas, el resultado es que los plazos de cobro de facturas para los proveedores de empresas de la construcción en Madrid se alarga a 293 días.

En ninguna región las empresas de la construcción tardan menos de 140 días para afrontar sus facturas impagadas. Este dato resulta especialmente chocante si se constata que la construcción es uno de los sectores que más presiona dentro de CEOE para tratar de cobrar las deudas que no entraron dentro de las categorías contempladas en el primer plan de pago a proveedores.