EDITORIAL

Una medida obligada para sujetar el déficit

La subida del IVA, que entra en vigor mañana, constituye una de las medidas económicas más impopulares que el Gobierno ha tenido que adoptar desde que llegó al poder. Tras haber prometido que no tocaría la imposición sobre el consumo y haber agotado otras opciones disponibles -la subida del IRPF y la amnistía fiscal-, Mariano Rajoy ha tenido que rendirse a la evidencia de que los números no cuadran y de que España no podrá cumplir con su objetivo de déficit si el Estado no aumenta los ingresos. Con la subida, que lleva el tipo general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%, el Ejecutivo prevé sumar unos sustanciosos 7.500 millones de euros, un cálculo que podría reducirse finalmente por el más que probable efecto disuasorio que el aumento del impuesto tendrá sobre el consumo.

Ese efecto se ha convertido en el nudo gordiano de la medida y ha generado una profunda polémica -no solo política, sino también técnica- en torno a la decisión. Con una economía en recesión y un mercado de trabajo en caída libre, el aumento del IVA hundirá de forma inevitable un consumo que ya se encuentra bajo mínimos. A esa circunstancia hay que sumar la inflación. El dato adelantado del IPC de agosto, que el INE hizo público ayer, ya revela un aumento de la inflación al 2,7% debido al alza de los carburantes. Ello hace prever que, con el aumento del IVA, cerremos el año con una subida de precios en torno al 3,5%, un panorama muy oscuro para los bolsillos de las familias y, por ende, para la actividad comercial. En ese contexto, la subida del impuesto constituye una suerte de mal necesario en la carrera por controlar el déficit público, además de una decisión respaldada por una Comisión Europea que ha advertido varias veces a España de la conveniencia de retocar al alza los impuestos especiales para lograr ese objetivo.

España no es el único país que ha retocado el IVA como fórmula para superar obstáculos en el camino hacia el equilibrio presupuestario, aunque constituye uno de los pocos que lo ha hecho en tal magnitud. Tanto Bruselas como la troika (UE, BCE y FMI) han recomendado a los Gobiernos elevar la presión fiscal de los impuestos indirectos, como es el caso del IVA, en lugar de hacerlo sobre los directos, es decir, rentas del trabajo y sociedades. El motivo es que los primeros dañan en menor medida la actividad económica que los segundos, que afectan a esta de forma automática. Esa es la línea que han seguido buena parte de los países europeos en los últimos dos años y es la que, finalmente, ha elegido el Gobierno de Mariano Rajoy. Pese a ello, la oscura panorámica que ofrece nuestra economía hace que los interrogantes sobre cómo afectará una contracción aún mayor del consumo al país sean numerosos y bien fundamentados. Como en el caso de los enfermos a los que se aplican tratamientos necesarios, pero con duros efectos secundarios, habrá que esperar para hacer balance.

Mientras tanto, son cada vez más las empresas que han decidido neutralizar el efecto de la medida sobre sus precios mediante el sacrificio de sus márgenes. La primera en anunciar esa estrategia fue Inditex, que el pasado julio hizo público que no subiría los precios el 1 de septiembre. Tras el grupo gallego, nombres como Lidl, Fnac, Mango, H&M, Mercadona o Vips han hecho lo mismo o, como El Corte Inglés, han anunciado sustanciosas rebajas de precios. Se trata de una estrategia comercial y publicitaria acertada y que revela una capacidad de adaptación que puede marcar la diferencia entre mantener el liderazgo o perder terreno frente a los competidores. Como ocurre en toda crisis, no solo los más fuertes sino también los más hábiles saldrán reforzados.