Reforma de los servicios profesionales en España

El Gobierno quiere poner coto a los 1.650 colegios profesionales que existen en España

El Ejecutivo aboga por racionalizar el sector con menos órganos colegiales, inscripciones voluntarias y adelgazar las reservas de actividad.

El Gobierno quiere poner coto a los 1.650 colegios profesionales que existen
El Gobierno quiere poner coto a los 1.650 colegios profesionales que existen

La esperada reforma de los servicios profesionales en España está a punto de ver la luz. El pasado 21 de agosto se agotó el plazo que el Ministerio de Industria ofreció a algunos colegios de ingenieros para que enviaran sus propuestas respecto a la colegiación obligatoria y las reservas de actividad. Con estos informes en la mano, el equipo económico del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encuentra en estos momentos preparando el texto para presentarlo al Consejo de Ministros del 28 de septiembre, según ha podido saber CincoDías.

La medida, incluida entre las 19 propuestas estructurales que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado a mediados de julio, persigue mejorar la competitividad del mercado español mediante "la eliminación de las barreras injustificadas y desproporcionadas que generan estos servicios", tal y como puede leerse en el argumentario. En el backstage de la reforma, sin embargo, el Ejecutivo esgrime la gran cantidad de órganos colegiales, cada uno de ellos con sus respectivas estructuras y especificidades.

Existen 1.650 colegios en España. Una cantidad excesiva, que incluso se atreven a criticar algunos profesionales, que prefieren permanecer en el anonimato. "Existen colegios de administradores de fincas, de agentes de aduanas y de cualquier profesión que se nos ocurra, pero además, en profesiones que tienen más que justificada la colegiación, se han creado sedes en todas las ciudades españolas; por lo tanto, el planteamiento del Gobierno de racionalizar esta dimensión puede no estar de más en un momento como el actual".

Colegiación obligatoria

Pero de ahí a la eliminación y desregulación total, hay un trecho. La idea de suprimir la colegiación obligatoria, salvo para los médicos que no trabajen en la Seguridad Social, abogados en ejercicio y quizás, arquitectos, como propuso el anterior Gobierno socialista de Zapatero, se ha retomado de nuevo y ha hecho saltar todas las alarmas.

"Si se impone inscripción voluntaria a los colegios, entonces no estaremos hablando de colegiación sino de asociación", añade Jordi Ludevid, presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Desde su punto de vista, "lo más favorable de la reforma será su tramitación como proyecto de ley y no como decreto-ley, algo que nos proporcionará una vía para dar nuestras opiniones y la apertura de un debate".

Todos quieren pertenecer al selecto grupo de la colegiación obligatoria, pero donde el Gobierno no lo tiene tan claro es entre los ingenieros, y de ahí los informes. La clave se encuentra en las reservas de actividad (parcelas exclusivas para profesionales con una determinada titulación), evidentes para médicos, abogados y arquitectos, pero más difusas en la ingeniería. ¿Puede un ingeniero agrónomo hacer las mismas comprobaciones que un ingeniero de telecomunicaciones o minas?, se preguntan en la Dirección de Política Económica.

Entre las soluciones, se aboga por unificarlas todas o seguir el modelo alemán, aunándolas en tres grupos. Para Jesús Rodríguez, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y decano de Madrid, "resulta más que necesario enfatizar el papel de los colegios profesionales como garantes de los derechos y seguridad de los ciudadanos".

De la misma opinión es Valentí Pich, presidente del Colegio de Economistas de España. "Si existen problemas que lastren la competitividad española, será necesario concretarlos y no meternos a todos en el mismo saco". En el sector defienden que los colegios garantizan la experiencia y titulación de los profesionales, les ofrecen formación continua, visan proyectos que certifican la idoneidad, controlan el aseguramiento del colectivo y, además, imponen prácticas deontológicas y sanciones para quienes cometen infracciones. "Si nosotros no lo hacemos, alguien tendrá que hacerlo", dicen.

A pesar de ello, el último estudio de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre colegios profesionales, publicado recientemente, no les deja en muy buen lugar. El estudio aboga por una mayor liberalización en el sector, algo que contrasta con el nuevo ordenamiento que acaba de plantear el ahora primer ministro de Italia y el que fuera exigente excomisario de Competencia europeo, Mario Monti, para reforzar el papel de estos organismos en el control de los profesionales.

Al Gobierno italiano le ha costado tres años presentar la que el pasado 3 de agosto aprobó el Consejo de Ministros y que ha revolucionado el sector. Entre sus novedades se encuentra la creación de un registro único y nacional de todo tipo de profesionales que deberá estar constituido con los datos que ofrezcan los consejos profesionales acerca de sus colegiados.

Se impone, también, la obligación de contratar un seguro -en España no todas las profesiones lo tienen-, y modificar el control de las sanciones. A partir de ahora en Italia, quienes lleven la investigación de una infracción no podrán ser los mismos que impongan la sanción al colegiado. En España apenas existen instituciones colegiales que tengan divididas estas funciones, y menos que den entrada a órganos consultores externos, como hará la nueva norma italiana.

El Colegio de Abogados de Valencia es uno de los pocos que sí lo ha hecho. "En Valencia, la comisión de deontología es ajena a la junta de gobierno del colegio, y en ella intervienen los juristas de varias asociaciones de consumidores", explica Mariano Durán, decano del ICAV, quien implantó este sistema tras ser elegido hace año y medio.

No es lo común. El funcionamiento de muchos colegios profesionales se basa en parámetros del siglo XIX, que poco tienen que ver con los que imperan hoy en día, e imponen barreras de entrada para seguir manteniendo su estatus. Uno de los casos más sonados en el sector y ya solventado fue el de los procuradores, quienes imponían cuotas de entrada del entorno de 6.000 euros, ahora reducidas a 500 euros.

Tras la Ley âmnibus, los colegios pisaron el acelerador en precios y hoy el coste de pertenecer a un colegio al año no es excesivo. Los farmacéuticos madrileños pagan 284 euros, los ingenieros técnicos, 100 euros, y de media de todas las profesiones la cifra ronda los 15 euros al mes. Una cantidad más moderada.

Las prácticas de los jóvenes titulados en la reforma italiana

El Gobierno de Mario Monti también ha regulado las prácticas entre los titulados más jóvenes en la ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 3 de agosto. A partir de ahora, este periodo no podrá prolongarse por más de 18 meses y serán las organizaciones colegiales las que decidirán convertirlo o no en obligatorio para acceder a una determinada profesión. Quienes quieran ofrecer este trabajo a los jóvenes deberán acreditar durante al menos cinco años su inscripción en el registro nacional de profesiones, en el Albo.

Los primeros seis meses del tiempo en prácticas podrán transcurrir durante el último año de carrera. La nueva normativa establece que quienes trabajen también puedan concurrir a este periodo de prácticas, siempre que el horario sea conciliable.

Respecto a la formación continua de los profesionales que están ya en ejercicio, el Ejecutivo de Monti les impone la condición obligatoria.

En España, por el contrario, ninguna norma exige que sea obligatoria, aunque bien es cierto que desde los consejos y colegios profesionales se insta a los titulados a que se reciclen continuamente. Incluso, en el Consejo General de Colegios Médicos existe una iniciativa para que los facultativos pasen un examen de capacitación una vez transcurrido un tiempo desde la obtención del título.

Para ayudar a los colegios profesionales a preparar estos cursos, la ley italiana establece un año de tiempo. Se intenta con ello que los profesionales cometan cada vez menos errores. En este sentido, el Ejecutivo de Monti también aboga por hacer obligatorio el seguro. Tendrán también doce meses para tener su póliza en vigor tras publicada la ley.