La Fiscalía gallega reclama 1.108 millones a Novagalicia por las preferentes
El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha afirmado hoy que la demanda presentada por este órgano judicial contra Novagalicia Banco (NGB) por la venta de participaciones preferentes solicita que se condene a la entidad por "prácticas abusivas" y establece como medida cautelar el depósito de 1.108, 76 millones de euros.
Este depósito equivaldría a las cantidades obtenidas por la entidad financiera gallega como consecuencia de las "prácticas abusivas" denunciadas, ya que se calcula que los afectados en toda la Comunidad Autónoma superan los 40.000 con una media de 27.719 euros por inversor.
Varela ha dado a conocer hoy en conferencia de prensa el contenido de la demanda sobre participaciones preferentes presentada ayer contra Novagalicia Banco, que por la tanda de reparto fue atribuida al juzgado de primera instancia número 11 de A Coruña y que consta de 167 páginas.
El fiscal superior de Galicia ha explicado que en la demanda se persigue "una acción civil de cesación dirigida a poner fin a una práctica abusiva contraria a la normativa protectora de los consumidores". A esta acción de cesación se acumula otra de resarcimiento con la que se pretende la devolución de las cantidades invertidas en el producto de las participaciones preferentes, según ha explicado el fiscal superior de Galicia.
Varela también ha precisado que esta acción de cesación está contemplada en la ley de enjuiciamiento civil y en la legislación específica de consumo. Además, ha subrayado que la acción de cesación constituye una acción de nulidad puesto que cuando se solicita que se cese en el uso de cláusulas abusivas se está pidiendo que se declare judicialmente una cláusula como abusiva.
Varela ha recalcado que la demanda pretende obtener una sentencia en la que "se declare que un indeterminado número de clientes de Novagalicia Banco que suscribieron participaciones preferentes no fueron debidamente informados conforme dispone la normativa sectorial de inversiones en la contratación de ese producto".
"Como consecuencia de esa información incompleta, deficiente y poco transparente se produjo una mala práctica bancaria calificada como práctica abusiva respecto de ese perfil inversor de clientes minoristas que fueron sorprendidos en su buena fe al quedar convertidos en inversores de riesgo al máximo nivel", ha señalado el fiscal superior.
Varela ha insistido en que "es razonable pensar que en ningún caso ahorradores ordinarios caracterizados por su aversión al riesgo se encontraban en condiciones de entender la transformación jurídica que ocupaban al suscribir las participaciones preferentes perpetuas". "Es decir, de simples depositantes de dinero, que es una situación jurídico financiera de mínimo riesgo, pasaban a quedar expuestos a los riesgos patrimoniales como accionistas de la entidad de crédito", ha explicado.
Ha advertido que se vendió este producto a personas "analfabetas, discapacitadas e incluso menores a través de las figuras de un tutor", casos que han sido derivados a la vía penal por si se produjo falsedad documental. Varela ha añadido que, en definitiva, la Fiscalía solicita que se condene a Novagalicia Banco como "autora de una práctica abusiva en relación con el perfil del mencionado cliente".
Así, la demanda exige a la entidad financiera que cese en esa práctica y que se comprometa a evitar en el futuro cualquier actuación que no responda a una "ajustada" información suficiente, adecuada, comprensible y adaptada a las circunstancias del inversor en materia de participaciones preferentes.
En segundo lugar, la demanda persigue que se declare la nulidad de los contratos suscritos como participaciones preferentes en los que se produjo un defecto o una información insuficiente no adaptaba al perfil del cliente. Se solicita también que se restituyan las cantidades invertidas en este producto con indemnizaciones en su caso de daños y perjuicios causados.
El fiscal superior ha precisado que la demanda se refiere al conjunto de afectados, que están cifrados en 43.000 clientes, pero se plantea por "intereses difusos" al centrarse en un número de personas "indeterminado" que no recibió la información adecuada.
Por lo tanto, se determinará esta cifra una vez que se dicte sentencia y se pase al proceso de ejecución de la misma, que será el momento en el que los afectados deberán ir al juzgado para ver si el caso está contemplado en el fallo judicial y fue víctima de una práctica abusiva.
En la elaboración de la demanda civil se han analizado contratos aportados por el Instituto Galego de Consumo, por la Fiscalía de Pontevedra, que abrió diligencias informativas el pasado mes de febrero, y por la Asociación de Consumidores de Banca (Adicae).
Hace dos años, la Fiscalía General del Estado remitió un decreto a todas las fiscalías para que se personasen en materia de consumo cuando se viera afectado un "colectivo amplio" de personas, como es el caso de las participaciones preferentes. La de Galicia ha sido la primera Fiscalía Superior de una Comunidad Autónoma en demandar a una entidad bancaria por la venta de participaciones preferentes.
