Nueve países inician la cooperación reforzada para introducir la tasa financiera
La Unión Europea ha constatado definitivamente que no existe consenso para introducir una tasa a las transacciones financieras a los Veintisiete, por lo que dieron "el primero paso" para avanzar con al menos nueve países, en lo que se conoce como cooperación reforzada.
La ministra danesa de Economía, Margrethe Vestager, que preside el Ecofin, dijo que hay un "número significativo de países que han pedido que se considere la posibilidad de abrir el procedimiento para la cooperación reforzada" bajo la Presidencia de Chipre de la UE en el segundo semestre de este año. "La tasa para toda la UE, como se había propuesto, está muerta", afirmaron hoy fuentes diplomáticas.
En el debate público, Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Grecia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Italia y España se han decantado a favor de avanzar mediante la cooperación avanzada.
El Gobierno español está dispuesto a "explorar" esta posibilidad, siempre que se haga de manera gradual y por etapas, pese a los problemas que enfrenta actualmente el país, señaló el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
La cooperación reforzada es la única posibilidad de mantener viva, al menos parcialmente, la propuesta de la Comisión Europea de introducir una tasa a las transacciones financieras.
El proyecto inicial de la Comisión Europea, presentada en junio del año pasado, implica gravar con un 0,1% las transacciones con acciones y bonos, y con un 0,01% las operaciones con derivados.
La última propuesta incluye la posibilidad de una tasa por etapas, comenzando con una que excluya los derivados.
En el seno de la UE hay una gran división sobre este gravamen y un grupo de países encabezados por el Reino Unido y Suecia se oponen a una tasa a las transacciones a 27, sobre todo si no participan otras plazas financieras mundiales como EEUU o Asia.
æpermil;se es el argumento del ministro británico George Osborne, quien dijo no estar en contra de una tasa porque Londres la tiene, pero alegó que la propia Comisión Europea había dicho inicialmente que el impacto reduciría el PIB de la UE en un 1,7% de media y provocaría que el 90% de la actividad tasada se marchara a otro lugar.
Su homólogo sueco, Anders Borg, reconoció que es importante que el sector financiero asuma parte de la carga de la crisis financiera, pero reiteró que su país, donde se introdujo la tasa en los años 90, todavía tiene muchas reticencias a ese impuesto.
Por su parte, el ministro luxemburgués, Luc Frieden, dudó de los objetivos que se persigue; recaudar más dinero o que sean mas caras algunas transacciones de carácter especulativo: "son demasiados interrogantes para un país en el que el 30% del PIB es del sector".
Por contra, Alemania y Austria intentaron convencer a sus homólogos de la conveniencia de una tasa a las transacciones.
La ministra austríaca de Finanzas, Maria Fekter, en cuyo país la introducción del gravamen está vinculada a la ratificación en el Parlamento del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), invitó a todos los países que estén a favor a que acepten avanzar por la vía de la cooperación reforzada.
Fue apoyada por su homólogo alemán, Wolfgang Schäuble, quien tiene un dilema similar, dado que la aprobación del pacto fiscal depende de la introducción de la tasa.
Los Estados miembros que quieran avanzar en un grupo más pequeño tendrán que formular ahora una petición a la Comisión Europea detallando el alcance y los objetivos de la cooperación reforzada y ésta estudiará la propuesta para garantizar que cumpla con las condiciones necesarias.
Después los 27 Estados miembros tendrían que autorizar la cooperación reforzada mediante mayoría cualificada y la Comisión propondría una propuesta en línea con la que ya estaba sobre la mesa. El Parlamento Europeo tendría que dar su consentimiento.
A tenor de las intervenciones en el debate, "hay un sentimiento de que no se bloquearía la cooperación reforzada" por parte de los países que no participasen en el grupo y aunque algunos como Suecia han exigido que se vele porque el impuesto no perjudique a los Estados miembros que se queden fuera.
Otros como Irlanda, que tiene un impuesto de timbre, han asegurado que no obstaculizarían la cooperación reforzada.