El Gobierno desmiente a Almunia y asegura que no cerrará ningún banco

La CE prevé la liquidación de una de las entidades nacionalizadas

El rescate a la banca española, por una cuantía que podría llegar a 100.000 millones de euros, estará acompañado de duras exigencias para las entidades financieras que reciban las ayudas europeas -que deberán someterse a un estricto plan de saneamiento- y de una estrecha vigilancia sobre el Gobierno para que cumpla sus objetivos de déficit, al tiempo que encaja el impacto adicional que el rescate tendrá en las cuentas públicas. Tal rescate permitirá garantizar la viabilidad del conjunto del sistema financiero español, aunque Bruselas no está dispuesta a seguir sosteniendo a bancos zombies. Así al menos lo dejó entrever ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, al asegurar que ya hay un banco español que camina hacia la liquidación.

"Si no me equivoco, uno de los tres (en referencia a las entidades nacionalizadas -Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia-, ya que Bankia aún tiene que solicitar a Bruselas la aprobación de su plan de recapitalización), de acuerdo con las intenciones de las autoridades españolas, está orientado a una liquidación y no a su mantenimiento después de la reestructuración como empresa en marcha", dijo Almunia a Reuters.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía español afirmaron que estas subastas están en estos momentos paralizadas, a la espera de conocer el resultado de las valoraciones que se están realizando a la banca española. No obstante, a última hora del día aseguraron que el Gobierno no tiene intención de liquidar ninguna entidad y mantiene el objetivo de sanear, recapitalizar y privatizar las que están bajo tutela del Estado. El próximo 21 de junio se conocerán los test de estrés llevados a cabo por dos consultoras independientes, mientras que el 31 de julio se publicarán los resultados de las auditorías realizadas entidad por entidad.

Sin embargo, la puesta en marcha de las ayudas europeas abriría la puerta en última instancia a dejar caer a las entidades sistémicas, con el objetivo de reducir en la medida de lo posible el desembolso por parte del fondo de rescate europeo. La UE quiere "evitar al máximo que se utilice dinero público", de modo que "si hay entidades que deben quebrar, quebrarán", apuntan fuentes comunitarias.

Minimizar los costes

En este sentido, el vicepresidente de la CE explicó que, "si los costes de liquidación son más bajos para los contribuyentes que el rescate y la reestructuración de una entidad, hay que optar por una liquidación. Optamos por una liquidación ordenada de la entidad", ha explicado Almunia. Agregó que "no tenemos por qué salvar a todos los bancos si no es estrictamente necesario". "Hay casos en que habrá que liquidar entidades". Y recordó que en otros países como Alemania se están produciendo procesos similares (citó el caso de WestLB) y "no ha representado ningún riesgo para la estabilidad financiera de Alemania".

De cumplirse la amenaza, el sistema financiero español estaría ante un nuevo escenario, puesto que la apuesta hasta el momento ha sido evitar a toda costa la caída de ninguna entidad, ya sea a través de fusiones o con inyecciones directas de capital público. De las entidades nacionalizadas en España, solo Bankia tiene la categoría de sistémica, a diferencia de Novagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia.

Todas las miradas apuntan ahora a Banco de Valencia, participada de Bancaja (ahora socia de Bankia), la de menor tamaño de las tres, ya que el proceso de liquidación en su caso no sería tan complicado. Además, hay que tener en cuenta las implicaciones políticas que traería la liquidación de la catalana o la gallega. En el caso de Novagalicia, las presiones de la Xunta, de hecho, han permitido que se aplazara el arranque del proceso de su subasta y que se le concediera a los actuales gestores un plazo adicional para intentar atraer capital privado.

Desde Catalunya Caixa y Novagalicia niegan que sean ellas la entidad que puede ser liquidada. En cualquier caso, los clientes de la entidad tendrían asegurados su ahorro ya que el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 100.000 euros por cuenta y cliente. Los bancos que reciban ayudas, además, deberán presentar sus planes de reestructuración a Bruselas, lo que incluye la puesta en marcha de venta de activos y la reducción de riesgos.