Presupuesto y política fiscal
El autor analiza el conjunto de reformas adoptadas por el Gobierno para cumplir con los objetivos de déficit y recuerda la importancia de acompañar esa agenda política con una comunicación eficiente
El presupuesto es el principal instrumento de política fiscal. La aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 ha generado un cierto debate. Por un lado, por la posible tardanza en su elaboración y, por otro, por su eficacia en la consecución de los principales objetivos que persigue: la reducción del déficit público y la recuperación de la confianza en la economía española.
En los tres primeros meses que han transcurrido desde la constitución del Gobierno del presidente Rajoy, en el contexto de un Gobierno en formación y una situación económica muy deteriorada, se han aprobado, entre otros, la prórroga del presupuesto, el primer paquete de medidas económicas, la reforma laboral, la reforma del sector financiero, el proyecto de Ley de Estabilidad, el fondo para el pago a proveedores, la reestructuración del sector público empresarial estatal y el anteproyecto de ley de transparencia. También el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este conjunto de reformas, planes y actuaciones se han desarrollado en un plazo inferior a los tres meses, el que habitualmente se utiliza para aprobar dicho proyecto. Si no fuera por la urgencia que requiere el momento, sería necesario tomar más tiempo para formular este conjunto de reformas. Los españoles estamos viviendo unos difíciles momentos. Tenemos urgencia por convencernos de que seremos capaces de conducir nuestra economía y nuestra sociedad por el camino de la recuperación y, simultáneamente, experimentamos una cierta angustia cada vez que comprobamos que las medidas adoptadas, además de dolorosas, no han sido suficientes para recuperar la confianza de los inversores.
La estabilidad presupuestaria no es una opción. No solo es constitucional y legalmente obligatoria, sino que dentro de la restricciones con las que operan los responsables públicos, ya no existe la posibilidad de financiar déficits públicos sostenidos mediante deuda pública para la mayoría de los países de nuestro entorno y condición. Sin embargo, para alcanzar el objetivo de déficit establecido para 2012, deberíamos haber cumplido el objetivo para 2011 y haber iniciado con antelación suficiente la transformación de nuestro sector público necesaria para reducir nuestro déficit estructural. Nuestro Programa de Estabilidad ha experimentado un retardo significativo en su ejecución que, indudablemente, siembra la inquietud entre analistas e inversores, especialmente cuando dicho retraso se combina con las dificultades para atemperar los riesgos relativos a la recuperación de nuestra economía y las dudas de parte de nuestra población y de los representantes políticos acerca de las consecuencias de la ejecución del proceso de consolidación presupuestaria en nuestro Estado del bienestar.
El proyecto de Presupuesto para 2012 pretende el objetivo de reducción del déficit, en términos SEC 95, del 1,6% PIB, a pesar de que existen gastos comprometidos por un importe del 0,9% PIB superiores a los de 2011. Para alcanzar este objetivo se han realizado ajustes en el presupuesto de gastos por importe del 1,7% del PIB e incrementos en los ingresos del Estado del 0,8%. Con independencia de ciertas dudas que algunos analistas puedan esbozar sobre la credibilidad de algunas partidas concretas de ingresos y gastos presupuestados, el proyecto aprobado aborda de modo decidido la reducción del déficit en el marco del Programa de Estabilidad del Reino de España, recuperando parte del retraso acumulado en 2011. Ha sido obligado para la nuevos responsables públicos la formulación del proyecto con unos objetivos ambiciosos tanto de ingresos como de gastos que supongan un incentivo para alcanzar mayores niveles de consolidación fiscal.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha puesto en marcha un proceso de revisión de las dos principales políticas de gasto de las comunidades autónomas: sanidad y educación. Aunque la gestión de ambas competencias está descentralizada territorialmente, el Estado aún mantiene importantes funciones regulatorias y organizativas sobre ellas. Adicionalmente, es imprescindible el liderazgo del Gobierno del Estado para la consecución del objetivo de incremento relevante del nivel de eficiencia en la gestión de estas competencias, de modo que pueda reducirse el nivel de recursos empleados sin un ajuste significativo de la cartera de servicios. El conjunto de medidas que en los últimos días se está discutiendo en las conferencias sectoriales ayudarán a permitir de forma realista la consecución de los objetivos de déficit de las comunidades autónomas. La experiencia de los últimos años ha demostrado que no es suficiente con el ajuste presupuestario, sino que es necesario implementar medidas para la reducción efectiva del coste de prestación de los servicios públicos. En caso contrario, se mantendrá el afloramiento de nuevos déficits comerciales como los que se pretenden subsanar con el Fondo para el Pago a Proveedores.
La reestructuración y racionalización de los grupos empresariales públicos, que han iniciado tanto el propio Estado como parte de las comunidades autónomas, es un instrumento para el incremento de la eficiencia en la gestión realizada por la Administración pública, que ha de verse continuada con la necesaria reforma de la estructura competencial de los distintos niveles territoriales en que se organiza nuestra Administración pública. Ambos procesos se anuncian en el proyecto presupuestario recién aprobado, pero será ineludible su ejecución efectiva, sobre todo el segundo, para alcanzar el objetivo de reducción del déficit pretendido.
En suma, estamos asistiendo a la elaboración y aprobación de un amplio programa de reformas, algunas de las cuales se han anunciado de un modo gradual. Una vez que el Gobierno ha acreditado una clara vocación por conseguir el ansiado objetivo de estabilidad presupuestaria, merece la pena elaborar el conjunto del programa de reformas y proceder a su aprobación y comunicación de acuerdo con un protocolo preestablecido que suscite suficiente confianza en los analistas e inversores para frenar sus dudas y temores.
Sin duda, la urgencia del momento justifica la gradualidad en la comunicación, pero en unas semanas esta justificación tenderá a desaparecer. No se trata solo de hacer lo que se tiene que hacer, que se está haciendo, sino también de conseguir los objetivos deseados, y uno de ellos es convencer a analistas e inversores.
Cándido Pérez Serrano. Socio responsable de Infraestructuras, Gobierno y Sanidad de KPMG en España