Las CC AA aún son un riesgo financiero
Las autonomías españolas no han logrado alcanzar sus objetivos fiscales durante años, y se han convertido en uno de los problemas financieros que más presionan al país. Se les pide que asuman más de un tercio de los 43.000 millones de recortes en el presupuesto que el Gobierno ha previsto para 2012. Para conseguirlo, Madrid está usando la estrategia del palo y la zanahoria. Pero los mercados tendrán que esperar hasta final de año para comprobar si en realidad funciona.
Las regiones no tienen demasiado control sobre sus fuentes de ingresos. Reciben, directa o indirectamente, el 50% del IVA y del IRPF recaudado por el Gobierno, así como el 58% de los impuestos especiales como el alcohol o el tabaco. Recaudan algunos impuestos propios, como inmobiliarios o de actividades como el juego. También reciben algunas transferencias del Estado, mediante dos fondos adicionales.
Las autonomías basan su gasto en las previsiones de ingresos de Madrid, que normalmente se realizan en el año anterior, junto al presupuesto del Gobierno central. Por tanto, cualquier desviación no es corregida hasta que pasan dos años. Tampoco hay mucho margen en el apartado de gastos, ya que educación y sanidad acaparan entre el 70 y el 80% de los presupuestos regionales. Ese es el motivo por el cual el Gobierno está cambiando la ley en las provisiones mínimas para el sistema sanitario y el educativo, para dar a las autonomías más flexibilidad, aunque no tanta como algunas desearían. Madrid también ayudará, por ejemplo centralizando las centrales de compra de medicamentos. En conjunto, los Gobiernos autonómicos deberían ser capaces de ahorrar 10.000 millones de euros, de acuerdo con las previsiones del Gobierno.
El Estado también ayudará en la financiación de las autonomías. Por el momento, no garantiza de forma explícita la deuda regional. Pero no les permitirá caer en quiebra. De hecho, el Gobierno ha demostrado su voluntad de tomar cartas en el asunto con unas vías de crédito de 35.000 millones de euros que los Gobiernos regionales y locales pueden usar para pagar las facturas pendientes a los proveedores. Para tener acceso al dinero, las regiones necesitan presentar un plan que muestre que pueden asumir la deuda adicional, que será pagada en un plazo de diez años, con dos de carencia. Si el plan no se cumple, el Gobierno podrá retener las transferencias.
Las autonomías necesitan encontrar unos 50.000 millones de euros en financiación para este año y los mercados son reticentes. Castilla y León, por ejemplo, emitió apenas 53 millones de euros en bonos con vencimiento en 2014, pagando un diferencial de 210 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro. El Gobierno de Rajoy está estudiando la creación de los hispabonos, un nuevo instrumento que sería emitido por las comunidades autónomas y garantizado por el Estado. El atractivo residen en que podría reducir los costes de financiación de las regiones por encima de 1.000 millones al año, de acuerdo con el Gobierno. La preocupación es que los costes de financiación de Madrid aumentarían.
Pero Madrid también tiene un palo a su disposición: la intervención de los presupuestos autonómicos, como se ha permitido por ley. Aquellos que no alcanzaran sus objetivos el año pasado deben presentar nuevos planes fiscales antes de que acabe abril. Si el Gobierno no los aprueba, las regiones pueden ser incluidas en un sistema de sanciones de una dureza creciente. Después de seis meses, una comisión de expertos será llamada a efectuar recomendaciones vinculantes.
En la práctica, algunas regiones pueden pedir una intervención tan pronto como el mes que viene, particularmente aquellas que han sido excluidas del mercado. Las que están controladas por el Partido Popular estarán más dispuestas. Pero es difícil ver a grandes regiones como Andalucía o Cataluña firmando una intervención, si pueden evitarlo. Si es así, el Gobierno no puede intervenir antes de noviembre, como pronto. Entonces, puede ser muy tarde para lograr los objetivos fiscales de 2012. Los inversores, que solo tienen información trimestral, pueden no ser capaces de descifrar qué está pasando. Pero el Gobierno central sí. Y debería actuar si es necesario, antes de que sea tarde.