Una universidad viable y abierta a las empresas

El demoledor análisis sobre las deficiencias e ineficiencias de la universidad que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentó hace apenas una semana permite calibrar en toda su amplitud la ingente tarea que va a suponer racionalizar el modelo universitario español. La receta que el Gobierno planteó ayer a las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria, y que hoy llevará a Consejo de Ministros, comprende cuatro grandes medidas: un aumento de las tasas universitarias creciente en primera y sucesivas matrículas, la reorganización bajo unos criterios mínimos de eficiencia del maremágnum de títulos académicos surgido en los últimos años, la ampliación del número de horas lectivas obligatorias para el profesorado que no realice labores de investigación y un mayor control del déficit presupuestario de las universidades con la consiguiente aplicación, si fuera necesario, de revisiones en la oferta de empleo. Pese a la contundencia de la propuesta, las medidas serán de libre aplicación por parte de los Gobiernos regionales, lo que hace más que probable una diferente respuesta o doble velocidad de aplicación, según se trate de comunidades gobernadas por populares o de aquellas en manos de la oposición.

No hay duda de que la financiación del sistema universitario no es el único aspecto que hay que mejorar en la educación superior española, pero sí constituye el más urgente en estos momentos y el que ha de abordarse de forma más tajante. La elevación de las tasas universitarias supondrá un aumento considerable del esfuerzo inversor de las familias, pero probablemente ayude a implantar en España una mayor cultura de responsabilidad y compromiso con los estudios superiores. Al contrario que en las universidades anglosajonas, cuyas elevadas matrículas exigen del alumno una alta respuesta académica y una carga financiera considerable, el modelo universitario español no implica al alumno en el esfuerzo inversor que representa para las arcas públicas su formación universitaria y, por lo tanto, no facilita que sea consciente de lo que supone malgastarlo.

Como resultado, en parte, de una falsa concepción de la educación como un derecho sin límite y sin exigencias en materia de resultados, la universidad española ostenta el triste récord de duplicar la tasa europea de abandono de estudios y de contar con un bajo porcentaje de éxito final en los estudios. Dado el historial de escasa planificación y peor gestión que arrastran muchas comunidades autónomas en materia de educación, la posibilidad de abordar una reconversión del mapa universitario constituye una oportunidad que no se debe ni se puede desperdiciar. España cuenta a día de hoy con 79 universidades y 236 campus universitarios que han dado lugar a una insólita cantidad de títulos, de los cuales un 30% tiene menos de 50 alumnos de nuevo ingreso. No es de extrañar, por tanto, el mal estado de las cuentas del sistema, que debe ser objeto del mismo y férreo control presupuestario que se está llevando a cabo en otros ámbitos de las Administraciones públicas.

Más allá de la necesaria racionalización y reconversión del mapa universitario para que sea viable, la educación superior española necesita una reforma de fondo que aborde una de sus mayores y más graves carencias: la falta de adecuación entre los planes de estudios y la realidad de la vida económica y profesional. No se puede dejar de insistir en la idea de que la calidad de la educación está directamente relacionada con la competitividad de un país, lo que implica que mientras una no mejore la otra tampoco lo hará. Entre los cambios culturales que España debe acometer en materia de formación figura la transmisión al alumno -tanto universitario como de formación profesional- de que su gran objetivo debe ser formarse adecuadamente para conseguir un empleo y culminar así el esfuerzo intelectual, temporal y financiero que supone cursar estudios. Un modelo de universidad consciente de lo que las empresas demandan en materia de formación y abierto a colaborar con estas no solo resultará mucho más rentable, sino que redundará en una mejora sensible de la competitividad y calidad de los profesionales españoles. Una vez saneado el capítulo financiero, esta es la gran asignatura que España tiene pendiente en sus aulas.