Tribuna

Otro frente más en la gestión del Gobierno

No puede ser. Eso debe ser lo que estarán pensando en el Gobierno español, al que en cuestión de semanas se le han abierto, cual heridas, algunos de los más importantes frentes de su gestión, desde lo económico hasta lo territorial e institucional. Seguro que alguno de sus miembros ni se lo puede creer.

Pero lo cierto es que las conversaciones que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, decía el pasado fin de semana que habían encauzado la situación de riesgo de expropiación, o no fueron seguidas ni entendidas con la debida atención por su interlocutor o, en otro caso, tales negociaciones se vieron finalmente trastocadas por algún extraño factor. Dadas las circunstancias y su desarrollo, quizá estemos más cerca del primer supuesto anterior.

En este sentido y sin entrar a valorar la "cumplida respuesta" que el Gobierno se ha comprometido a dar, ni la oportunidad del momento en que tiene lugar esta decisión, pues coincide con un momento de máxima debilidad del Estado español, lo cierto es que la titularidad de las materias primas y los recursos naturales, como el petróleo y el gas en el caso de YPF, continúan siendo objeto del deseo de países en situación de fragilidad económica, ya sea por el interés de reducir la dependencia energética exterior, ya sea por el deseo de aprovecharse de los ingresos que las reservas pueden generar.

Y si en el corto plazo la penuria económica aprieta cual zapato a los Gobiernos, hasta el punto de cegarse ante el beneficio de la expropiación, no es menos cierto que esos beneficios pueden no llegar a compensar los riesgos y costes que en el medio y largo plazo de aquella decisión se pueden derivar. Y no solo desde la perspectiva, o iniciativa, del inversor español, que siempre se ha querido ver como puente de inversión bidireccional entre Europa y Latinoamérica, sino desde una perspectiva auténticamente internacional, siendo ahora de ver qué medidas y de qué lado se ponen los siguientes países en el orden de inversión, empezando por Estados Unidos, que es el siguiente tras el caso español.

Si para el Gobierno español la búsqueda de una solución alternativa a la expropiación no ha podido ser, lo cierto es que las consecuencias que para Argentina tengan que ser, las que finalmente se consideren que hayan de ser, lo habrán de ser.

Juan Ignacio Sanz Caballero. Profesor de la Facultad de Derecho de Esade