El foco

Una Agencia Tributaria más eficiente

El autor reflexiona sobre los cambios necesarios para mejorar la AEAT y recuerda que algunos fueron apoyados en su día por el actual Gobierno, que tiene ahora la oportunidad de implementarlos

Los resultados contra el fraude fiscal que año tras año la Agencia Estatal de Administración Tributaria presenta son positivos, pero distan mucho de alcanzar los niveles de eficacia necesarios para que la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida alcancen tasas próximas a los de los países de nuestro entorno. Entre otras reformas urgentes y necesarias para que este organismo mejore sus deficiencias estructurales destaca, entre otras, las de carácter organizativo.

No hay que olvidar que la AEAT ha tenido cuatro directores generales en un plazo inferior a dos años, a lo que se une el hecho de que más de la mitad de los puestos de trabajo que ocupan los inspectores de Hacienda son puestos de libre designación, aunque la normativa establece que dicho sistema se utilice solo para cubrir los puestos de confianza y de especial responsabilidad. Esta situación implica que cada cambio de director de la AEAT lleva aparejado toda una cascada de cambios en su estructura organizativa, lo que produce cierta paralización de sus actividades y pérdida de eficacia, no siendo cierto el discurso oficial de las autoridades tributarias, en el sentido de que este tipo de cambios no afectan al trabajo de la AEAT.

En el mes de diciembre se produjo el cese de la dirección de la Agencia, y tres meses después se siguen produciendo ceses y cambios en su organización. Además, muchos inspectores cesados, con una altísima cualificación técnica y de eficacia demostrada, han estado meses -y en algunos casos siguen estando- en su casa, a la espera de que se les asigne un nuevo destino. En otras épocas, a los cesados se les ha colocado, a veces, en puestos de castigo o de recompensa, que no procedía en ninguno de los casos.

Situaciones como las descritas anteriormente se producen porque no existe una regulación, clara y segura, de asignación de puestos de trabajo cuando se producen ceses en los puestos de libre designación. Ello tiene mucho que ver con que los inspectores son el único colectivo de la Agencia Tributaria que no tiene aprobado un sistema de carrera profesional, al haber sido excluidos en el pasado de cualquier reforma o mejora, que sí afectó al resto del personal de la Agencia Tributaria.

Dada la importante función que la AEAT cumple, especialmente en momentos como los actuales, es imprescindible que se dote a este organismo de los mecanismos necesarios para que se cumpla una de sus principales funciones: la lucha contra el fraude fiscal. La solución a este problema pasa por aprobar su estatuto orgánico, pendiente desde su creación en el año 1992, y que se incluya en el mismo el nombramiento del director de la Agencia por el Parlamento, por mayoría cualificada y por un plazo de cinco años, medida con la que estuvo de acuerdo el Grupo Parlamentario Popular, como consta en el Diario de Sesiones del Congreso no 181, de 20/07/11. Cabría recordar que con ocasión del último debate de política general en torno al estado de la nación, el Grupo Popular votó a favor de una propuesta de resolución sobre la lucha contra el fraude fiscal en España, entre la que figuraba esta medida, y algunas otras de carácter organizativo, de carácter legal y de actuaciones concretas contra el fraude fiscal de carácter organizado, que los inspectores de Hacienda llevábamos tiempo planteando, y que se citan a continuación.

El primer conjunto de medidas se refería a las de carácter organizativo, como el incremento sustancial de los medios humanos y materiales de la AEAT; el reforzamiento de la casi inexistente coordinación entre la Agencia Tributaria del Estado y las Administraciones autonómicas, y medidas de especialización y reforzamiento de los tribunales económico-administrativos y de los tribunales de justicia, con ánimo de reducir el tiempo de resolución de los recursos y reducir la litigiosidad.

Entre las medidas legales figuraba la necesidad de reformar la figura del delito fiscal, ampliando el plazo de prescripción, tipificando nuevos delitos y considerando nuevas circunstancias agravantes, como la utilización de los paraísos fiscales; la normativa de cesión de tributos a las comunidades autónomas, para garantizar un aplicación homogénea en todo el territorio español; el régimen de módulos en el IRPF, para evitar su utilización en la emisión de facturas falsas; los preceptos que facilitan la ingeniería fiscal, para evitar una utilización abusiva de los regímenes especiales, y las competencias de la inspección de los tributos, para comprobar los requisitos para gozar de determinados beneficios fiscales, o tributar en regímenes fiscales especiales.

El tercer bloque de medidas se encaminaba a reforzar la lucha contra los fraudes de carácter organizado y delictivo, destacando, por su importancia, la lucha contra las tramas de defraudación del IVA y el blanqueo de capitales, para lo que resulta necesaria la creación de una policía fiscal, la especialización de fiscales y jueces en este tipo de fraudes, y la creación de un régimen especial para este tipo de contribuyentes, que permita su persecución sin endurecer la situación del resto.

Una política coherente de actuación del Gobierno sería que ahora llevara a cabo estas reformas, que en su momento apoyó, y no siguiera la conducta, casi generalizada, de nuestros políticos de olvidarse de lo que en su momento apoyaron, y votaron, cuando estaban en la oposición.

Por supuesto que no puede imputarse al Gobierno, ni a la dirección actual de la AEAT, la responsabilidad de la situación de la AEAT, pero sí está en sus manos acometer las reformas necesarias para incrementar su eficacia.

Algunas de las medidas mencionadas se han llegado a plantear en épocas anteriores, como la creación de la policía fiscal, para perseguir los fraudes de carácter organizado, pero se caían ante las reticencias del Ministerio del Interior. Otras que fueron aprobadas, como la retención del 1% en el régimen de módulos para evitar las facturas falsas, se llevaron a cabo en contra de la opinión de los inspectores, que decíamos que no las evitaría, como así ha sido.

José María Peláez Martos. Inspector de Hacienda del Estado