EDITORIAL

Oxígeno para las arcas municipales

El durísimo ejercicio de ajuste presupuestario en que España está inmersa exige un descomunal esfuerzo en materia de reducción de gastos, pero también una búsqueda -igualmente exhaustiva- de nuevas fórmulas de ingresos. Además de medidas ya anunciadas públicamente, como la limitación de las operaciones en efectivo por importe superior a 2.500 euros, el Gobierno ha tomado la decisión de permitir a los ayuntamientos cobrar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a edificios catalogados como Patrimonio Histórico. La propuesta, que se incluye dentro del anteproyecto de ley de intensificación en la lucha contra el fraude fiscal, será aprobado hoy en Consejo de Ministros en un intento de ayudar a las corporaciones locales a aliviar sus maltrechas finanzas. Con su puesta en marcha, aquellos municipios que decidan hacerlo -la opción no es obligatoria- podrán imponer este impuesto a los edificios singulares ubicados en sus territorios que realicen actividades económicas con fines de lucro. Es el caso de los hoteles, por ejemplo, a los que establecerse en estos inmuebles proporciona una ventaja fiscal, y por tanto competitiva, en su sector. La exigencia de que la actividad realizada tenga fines de lucro excluye del ámbito de aplicación de la norma a todas las entidades que la actual Ley de Mecenazgo declara exentas del IBI por desarrollar actividades no lucrativas y de interés general. Entre ellas se incluyen los centros educativos concertados, las distintas confesiones religiosas, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, las federaciones deportivas y todas aquellas asociaciones que persigan fines culturales, educativos, científicos, sanitarios, laborales, de fomento del voluntariado, de defensa del medio ambiente o de cuidado de personas con discapacidad, entre otras.

Más allá de esa restricción, es evidente que la medida que hoy aprobará el Gobierno supondrá un destacado balón de oxígeno para las arcas municipales, aunque su montante concreto dependerá del patrimonio histórico que posea cada una de ellas. En el caso de Madrid, el ayuntamiento calcula que la cantidad que podría ingresar la corporación supera los 30 millones de euros anuales, una cifra que en este momento supone una ayuda financiera considerable. A estas alturas parece evidente que cualquier ingreso extraordinario en las Administraciones públicas no solo resulta necesario, sino imprescindible. Sin embargo, y de la misma forma, también debe insistirse en la necesidad de que toda concesión fiscal a las corporaciones locales sea gestionada con una responsabilidad, seriedad y control que en los últimos años ha brillado por su ausencia. No en vano, el gran reto de estas Administraciones no es tanto sumar ingresos como aprender a no malgastarlos.